El gobierno federal, por vía de su secretario de justicia, Eric Holder, modificó ayer de un plumazo la implementación de la pena de muerte en Puerto Rico para delitos que estén cobijados por el Omnibus Crime Control Act de 1994. Bajo dicha legislación cierto tipo de delitos son federalizables, lo cual permite que se aplique la pena de muerte como sanción.
No obstante, en el día de ayer, el gobierno federal estableció que para el territorio no incorporado de Puerto Rico, se habrá de suspender la aplicación generalizada de la aplicación de dicha legislación. Esto en la práctica modifica la ley para Puerto Rico, y distingue el alcance de su aplicación en este territorio. Para los 50 estados de la federación, y para los otros territorios, la ley se aplica de forma plena. Pero en Puerto Rico, el poder ejecutivo de los EE.UU, ha establecido una interesante modificación de la aplicación de la ley, y ha restringido su ejecución para Puerto Rico.
En otras palabras, el gobierno federal acaba de implementar una interesante modificación práctica a la Ley 600 de 1950, y a la interpretación histórica que desde los Casos Insulares de 1901 se ha hecho sobre la relación colonial de Puerto Rico. Es el Congreso el que determina qué leyes aplican a Puerto Rico y cuales no aplican, según disponga cada legislación. Esto se establece a partir de la famosa cláusula territorial de la Constitución de los EE.UU (artículo IV, sección 3).
Dicho lo anterior, el secretario de justicia federal, Eric Holder, establece que en el caso de Puerto Rico sólo habrán de procesar por violación a la ley de 1994, a ciertas personas que realicen crímenes macabros. Presumimos que por esto quiere decir masacres o asesinatos de funcionarios de seguridad del gobierno federal.
Lo cierto es que esta modificación constituye una gran victoria para la Coalición contra la Pena de Muerte de Puerto Rico, organización que lleva años pidiendo que en el caso de Puerto Rico no se aplique la disposición federal de la pena de muerte. El reconocimiento que hace el propio Holder es que culturalmente hablando, los puertorriqueños se oponen a la pena de muerte y los casos son muy costosos y no vale la pena solicitarla pues al final los jurados nunca la implementan.
Entonces, poco a poco nos seguimos diferenciando del gobierno metropolitano de Washington. Esto es una interesante oportunidad. Enfaticemos en la diferencia, y reclamemos mayor soberanía siempre para Puerto Rico.