Una medida de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que busca establecer incentivos para la creación y funcionamiento de los medianos y pequeños comercios tiene buenas intenciones pero adolece de varias fallas, algunas de estas constitucionales, que impedirán que se convierta en ley.
El proyecto de ley titulado Ley de Apoyo al Pequeño y Mediano Comerciante pasó ya el crisol de la Cámara y está, en estos momentos, en la comisión de conferencia para ser considerada por el Senado. La medida fue presentada por el Presidente de la Cámara, Jaime Perelló, y contó con el auspicio de prácticamente toda la plantilla de representantes del oficialista Partido Popular Democrático. La medida, que ha causado bastante controversia entre las asociaciones que representan a comercios grandes, establece un programa de incentivos para los comercios pequeños y medianos (pymes) que incluye rebajas en las tarifas de electricidad y vías más cómodas para la obtención de permisos. También, establece subsidios para estas firmas más pequeñas.
El primer problema que tiene la medida es que intenta enmendar tres leyes existentes, lo cual la Constitución de Puerto Rico no permite. Nuestro documento legal básico dicta que una pieza legislativa solo puede enmendar una ley existente. Otro problema es que existe en la Constitución de los Estados Unidos una cláusula conocida como de comercio interestatal que busca el libre flujo del comercio a través de la nación. Esta cláusula, que aplica al territorio de Puerto Rico, visualiza un solo mercado que incluye a los 50 estados de la unión norteamericana y Puerto Rico, y se ha utilizado para impugnar legislación tanto en los estados y nuestra jurisdicción que tiene como propósito establecer barreras proteccionistas a productos de otras partes del territorio o estado.
Esta cláusula constituye una barrera formidable en los intentos legislativos que buscan privilegiar a industrias o comercios nativos. Del lenguaje utilizado en esta pieza legislativo, la P. de la C. 545, es evidente que la ley está hecha para discriminar en contra de las firmas de los comercios grandes norteamericanos que operan en el mercado interestatal. Estamos hablando de comercios como Walgreens, CVS, Walmart, Sears, J.C. Penney’s y Macy’s, para nombrar algunos de estos. El proyecto establece el requisito de que se realicen estudios de impacto regional previo a la otorgación de permisos para operar un negocio en una región de la Isla. Esto se hace con el propósito de establecer un “balance empresarial” de acuerdo a la exposición de motivos de la pieza legislativa. En duda está si un tribunal aceptaría que hay más de una región en una isla pequeña como la nuestra.
La medida busca afectar a los establecimientos de ventas al detal, a gran escala, de más de 100,000 pies cuadrados y que destinan hasta 20,000 pies cuadrados a venta de mercancía no tributable, “entiéndase que no pague el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)”. Los primeros productos que vienen a la mente que están exentos del IVU son los medicamentos. La pregunta que se cae de la mata es si esta ley busca, entre otras cosas, proteger a las llamadas farmacias de la comunidad, cuyos dueños son mayormente puertorriqueños. Sujetos a estudio de balance empresarial son los comercios que contraten 50 empleados o más. La misma Ley de Cierre existente en Puerto Rico afecta a comercios que tengan más de 25 empleados. Cincuenta es una cantidad grande. En Puerto Rico ha habido muchos casos en que se han declarado inconstitucionales leyes por afectar indebidamente el comercio interestatal. Hay estudiosos en el mundo legal que sostienen que la misma Ley de Cierre es inconstitucional.
Lo único que puedo decir es que es una pena que no podemos proteger nuestros productos y comercios o que solo podamos hacerlo mediante piezas legislativas muy cuidadosamente redactadas para que un tribunal no las tilde de proteccionistas. Esta medida no está cuidadosamente redactada.