Los voceros del oficialismo en Cuba señalan, como una gran prueba de la democracia local, los procesos de discusión colectiva que se han realizado en determinadas ocasiones, alrededor de proyectos legislativos y otros documentos rectores de la política nacional. La influencia real de las opiniones populares en la conformación de estas políticas es harina de otro costal y, de eso, pocos privilegiados tienen alguna constancia.
No obstante, si la participación referida con todo y sus defectos es prueba de la calidad de la democracia cubana, qué se podría decir de los casos de leyes y procesos que se hacen sin siquiera este acto masivo de discusión. Así tenemos, por lo pronto, una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, aprobada en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Las altas autoridades nacionales, pareciera, no han apreciado en esta ocasión la necesidad por someter al criterio de Liborio la nueva política nacional en este campo.
El gobierno cubano, evidentemente, está tan urgido de esta medida que no pudo esperar a la próxima convocatoria regular de la Asamblea. Esto también da una idea de las prioridades de esta élite. Considérese que el proyecto de nuevo Código de Familia lleva engavetado no sé si cinco o diez años, con su contenido de justas reivindicaciones de algunos derechos humanos no suficientemente respetados hoy.
De regreso al tema de mi mal-escribencia de hoy, no se puede evitar relacionar la reticencia del gobierno a invocar los criterios de “la plebe”, con el contenido económico y político del nuevo documento. Sin haber tenido oportunidad de echarle ni un mínimo vistazo, tengo la seguridad de que mantendrá el mismo sesgo liberal que ha marcado nuestra política y nuestra economía en los últimos años. Esta ley aportará otra gran piedra al edificio de la restauración capitalista en Cuba, sospecho, al considerar los antecedentes y tendencias.
En estos antecedentes, por ejemplo, se presenta el usufructo de centrales azucareros a trasnacionales como Odebrecht; las concesiones por término de un siglo a compañías extranjeras para marinas, campos de golf, sembrados de soya, etcétera; la creación de la zona franca del Mariel, con suficiente espacio para maquiladoras de variado tipo y, necesariamente, los coqueteos de la Cancillería con la emigración solvente y ansiosa por invertir en Cuba unos muy apetecidos capitales.
Están los tratos del gobierno cubano con empresarios y gobiernos extranjeros, que compran la mano de obra cubana a alto precio pero sin que la mayor parte del dinero llegue a los trabajadores. Están también todas las declaraciones de los Murillo, Triana, Limia y compañía, con sus criterios sobre la inversión extranjera como el único camino que nos puede llevar al desarrollo y la prosperidad. Están todas las demostraciones del gobierno cubano, respecto a su disposición de revertir las protecciones sociales de la población trabajadora cubana que se interponen en su camino, y naturalizar la existencia de las más lacerantes desigualdades que se puedan presentar en el capitalismo. Y está lo que sabe hasta el más simple de los marxistas, que ningún capitalista serio va a invertir sin suficientes garantías, en sus propios términos, para el éxito de su emprendimiento.
También hay algunos adelantos en la prensa, cómo no. Ahí tenemos al orondo presidente de la Comisión Constitucional y Jurídica de la Asamblea, José Luis Toledo Santander, y él explica que la nueva Ley refuerza las garantías de los inversionistas y deja claro el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores. A buen entendedor…
Por estas razones, no se extraña que el nuevo proyecto de Ley de Inversión Extranjera no se haya presentado a la discusión ciudadana. En última instancia, es posible que hasta les provoque rubor exponerla íntegramente, al mismo tiempo que se empeñan en llamar, a este engendro que tienen montado, socialismo. Como quiera que sea, dentro de unos días, ya tendremos el texto en nuestras manos y podremos ejercer el derecho de pataleo (de los ahorcados) con conocimiento de causa.
Eso sí, toda la gente importante y que tenía que estar enterada, lo está. En el proceso de preparación, “además de los diputados participan especialistas, funcionarios de las estructuras de gobierno municipales y provinciales, representantes de las consultorías jurídicas internacionales y asesores de empresas importantes; en general personas que puedan aportar a la discusión” (sic, palabras de Toledo Santander según el periódico Granma, cursivas mías). Así que ya lo sabe, estimado lector, si usted y yo no participamos en el proceso, era porque nada teníamos que aportar. Los sindicatos del país: nada que declarar, a pesar de los esperados conflictos respecto a derechos y condiciones laborales. El vecindario que pudiera ser desplazados por X inversiones, la población que verá transformado potencialmente su espacio de vida, el patrimonio, el medio ambiente: nada que aportar.
En todo este asunto están en juego otros temas de ética, ideología, y de los principios sobre los cuales está basada –supuestamente– nuestra sociedad. Por ejemplo, las repercusiones de que el inversionista extranjero sea un cubano.