El próximo paso de importancia en la saga de la fortuna del ídolo puertorriqueño de boxeo, Félix “Tito” Trinidad, será ante una entidad privada que dilucida conflictos entre inversionistas y casas y corredores de valores. Noticias de una tensa comparecencia judicial y un acuerdo con el Banco Popular de Puerto Rico y Popular Securities, Inc. que permite al ex campeón de boxeo seguir recibiendo pagos mensuales de unos $200,000.00 por conceptos de intereses y dividendos, dominaron los titulares del miércoles. Aunque Trinidad sufrió importantes pérdidas con la caída aparatosa en 2013 de los bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico, al igual que centenares de otros inversionistas, el exboxeador ha recibido unos $24 millones en intereses y dividendos a través de tres sucesivas casas de corretaje desde el año 2000, de acuerdo a fuentes allegadas al litigio.
El Banco Popular de Puerto Rico tiene demandado al deportista para cobrar un deficiencia colateral de $2.9 millones en los préstamos del banco a Trinidad. Después de las negociaciones de esta semana, tampoco ejecutará por el momento una línea de crédito de $15 millones con el banco. Esta línea está garantizada por unos $20 millones procedentes de la cuenta de valores del deportista con Popular Securities, Inc. una casa de corretaje que opera independientemente del banco. Desde que el conflicto con el banco y la casa de corretaje llegó a los periódicos, el exboxeador ha culpado a un asesor financiero, que alegadamente lo asesoró negligentemente en sus inversiones en diversas carteras de inversión dominadas por bonos de Puerto Rico. El asesor, José “Pepe” Ramos, ha negado públicamente que actuó erróneamente. Alegadamente manejó las carteras de inversión del boxeador en tres distintas casas de corretaje, incluyendo a Popular Securities, de la cual sigue siendo parte.
Trinidad invirtió mayormente en lo que se conoce como “closed-end funds”, carteras de inversión creadas durante la época del gobernador Pedro Rosselló, que por ley contenían en un 67 por ciento bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico. El atractivo de los bonos de Puerto Rico es que sus intereses gozaban de una triple exención contributiva; no tributaban impuestos federales, estatales ni municipales. Estos bonos sufrieron enormemente el año pasado con la caída estrepitosa en su valor debido a la crítica situación económica de la Isla. Sin embargo, de acuerdo a información de fuentes de El Post Antillano, Trinidad tiene querellas ante la entidad privada conocida por la Autoridad Reglamentadora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés), que se originan en el 2000 cuando la casa de corretaje de valores del boxeador era UBS. Se ha querellado contra la casa de corretaje Wells Fargo, antes operada bajo el nombre de Wachovia Securities, y a Popular Securities. A FINRA le tocará decidir si Trinidad fue asesorado erróneamente.
Mientras tanto, el acuerdo del miércoles, suscrito ante el Juez del Tribunal Superior de San Juan, Ángel Pagán Ocasio, dice que las partes se reunirán de forma extrajudicial el 28 de abril y que se celebrará una vista de seguimiento de 8 de mayo. Mientras tanto, los abogados del banco han dicho que seguirán en su momento con la demanda de cobro de dinero por la vía ordinaria. Trinidad había radicado un interdicto ante el Tribunal Superior para detener la acción de cobro, alegando que si no se decretaba un interdicto sufriría daños irreparables.
Fuentes de El Post Antillano también dijeron que parte de los problemas de Trinidad vienen de una deuda con el Servicios de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés) que sumaba unos $14 millones.