(San Juan, 10:00 a.m.) Una investigación de la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo culminó por parte de la fiscalía con la presentación de un cargo por los delitos de violencia doméstica —maltrato y maltrato mediante amenaza— en la tarde de este miércoles contra Yarielle G. Fernández León, de 20 años, residente del pueblo de Toa Alta.

Para la fecha del 13 de febrero del año en curso en el pueblo de Hatillo, el imputado alegadamente, agredió a su pareja consensual, en el área de la cara y le dijo palabras soeces.

Además, la amenazó con ocasionarle daños a su vehículo.

Este caso se consultó con la fiscal Natali Martínez, quien instruyó radicar los cargos antes mencionado.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), que representa al personal no docente del Departamento de Educación (DE), se solidariza con las denuncias de los estudiantes ante las condiciones deplorables en las escuelas públicas debido a las políticas de austeridad y desmantelamiento de OMEP.

Al expresar su respaldo a los estudiantes de las escuelas públicas que han denunciado de manera espontánea en las redes sociales las condiciones deplorables de la infraestructura y planta física de numerosos planteles en diversos pueblos de la Isla, el gremio refirió que “muchos de los problemas los venimos señalando desde hace años”.

Israel Marrero Calderín, presidente del SPT, expuso que “cuando comenzaron a cerrar escuelas y almacenes del Departamento de Educación, así como a desmantelar la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas (OMEP) y hoy vemos en parte los resultados de esas políticas de austeridad impulsadas por los pasados gobiernos”.

El SPT, que representa a las y los empleados no docentes, hizo un llamado a la secretaria de Educación, Yanira Raíces, a que atienda los reclamos del estudiantado y asigne los recursos técnicos y materiales que ayuden a resolver los problemas señalados.

“No solo los estudiantes sufren el deterioro de las escuelas. También el personal no docente, como secretarias, auxiliares administrativos, asistentes de educación especial y otros que trabajan en las escuelas, se ven afectados por la falta de materiales y la decadencia de la planta física de los planteles”, añadió el experimentado dirigente sindical.

Según el SPT, el deterioro de las escuelas es un asunto que le concierne a toda la comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes, padres, madres y trabajadores.

“Por tal motivo, todos los sectores deben ser convocados e involucrarse en la búsqueda e implementación de medidas que resuelvan de manera sostenible los problemas denunciados hoy por el estudiantado”, expuso Marrero Calderín.

(San Juan, 11:00 a.m.) Personal del Departamento de la Vivienda (DV) reconoció en vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado, que preside Ramón Ruiz Nieves, que en la actualidad hay 724 casos registrados en municipios del sur para proceso de elegibilidad sin aún desembolsar los fondos a las personas afectadas para la reparación de hogares que sufrieron daños por los huracanes y terremotos.

“Me preocupa el asunto de los terremotos; el sur del país sigue temblando. Estuve en las orientaciones en los municipios, hay gente que no conoce la burocracia y descansa en lo que alguien le presenta. Les dicen que estamos al otro lado y la realidad no es esa”, destacó Ruiz Nieves durante la audiencia.

El senador expuso que “muchos piensan que se les va a dar el dinero y no es así, (por lo que) me preocupa a la fecha de hoy donde en municipios se habla de remodelación de plazas, ahora se les pide geólogos y arqueólogos. Esto se sigue atrasando por las regulaciones federales”.

Ruiz Nieves preguntó cuánto tiempo más va a tomar el proceso para el desembolso de fondos a los afectados en la zona sur, a lo que la licenciada Frances Rivera Torres respondió en representación del DV que “no tenemos el tiempo estimado, pero prontamente se estará haciendo la determinación de los casos y la inspección de las propiedades”.

Indicó que tiene cuantificados los datos de las personas que presentaron solicitud y son alrededor de 724 como casos activos, que se desglosan en Guayanilla con 106 casos, Guánica 201, Lajas 63, Peñuelas con 72, Ponce 194 y Yauco 156.

Por su parte, Joeni Camacho, también del Departamento de la Vivienda, indicó que el periodo de admisión aún está abierto para el programa de reparación de vivienda.

Confesó que todavía no se ha desembolsado el dinero y aún están en el proceso de elegibilidad.

Rivera Torres añadió que las solicitudes comenzaron en el mes de octubre de 2023, cuando se abrieron las solicitudes de R3 para terremotos a través del Consorcio del Sur (ConSur).

A la vez, Camacho sostuvo que todo caso que esté en una zona de riesgo, la determinación va a hacer para una reubicación. Se le provee un vale para una máximo de $200 mil dólares dependiendo de la composición familiar.

Rivera Torres explicó a la Comisión que la segunda subvención para el desastre de terremotos, la asignación fue para febrero del 2021. Esa asignación comprendía la cantidad de alrededor de $184 millones que tenían una reserva de $28 millones para actividades de mitigación.

Añadió que estos $184 millones eran para los municipios que estaban registrados en enero de 2021. Este segundo aviso incluye Lajas y Peñuelas y el desastre causado por la tormenta Isaías en Mayagüez.

A preguntas del senador Ruiz Nieves, la deponente indicó que la agencia federal de vivienda (HUD, por sus siglas en inglés) permitió consolidar la subvención de febrero de 2021 con la anterior de $39 millones para un total de $221 millones para atender las necesidades no cubiertas por los terremotos del área Sur.

Al inquirir cuánto va para gastos administrativos, Rivera Torres indicó que HUD utiliza hasta el dos por ciento. Todos los gastos administrativos con relación a los empleados, la ejecución.

Añadió que para terremotos son $210 millones sin sacar el cinco por ciento para gastos administrativos. Sobre la tormenta Isaías serían $10.4 millones para Mayagüez.

El senador preguntó qué queda para atender el reclamo de los seis municipios. La deponente desglosó en $15.6 millones la primera subvención para Guánica para atender el terremoto. En la segunda subvención son $40.7 millones. Guayanilla tiene 4.1 millones la primera subvención. En la segunda tiene $17 millones.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico se negó a desestimar las alegaciones, incluyendo la de incumplimiento de contrato, que presentó el empresario Fahad Ghaffar en contra del magnate estadounidense John Paulson.

En una opinión de 32 páginas, emitida el lunes, la jueza federal Camille Vélez Rivé expresó que el demandado Paulson intenta que la Corte se crea que un hombre de negocios experimentado (Ghaffar) invirtió $17,000,000 sin expectativa de cuándo recibiría la nota convertible en participación y los beneficios a adquirirse mediante esta inversión.

“Esta interpretación de los hechos de este caso es simplemente insostenible”, establece el documento judicial.

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(San Juan, 10:00 a.m.) El director de Educación Técnica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Kelvin Pagán-La Luz, que dimitió el pasado 31 de enero, se declaró hoy culpable de robo de fondos federales por más de 213,000 dólares en contubernio con el contratista Javier Santiago-Rodríguez y Star Enterprises, informó la fiscalía federal de Estados Unidos en San Juan.

Según los acuerdos de culpabilidad, desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021, los acusados ​​se ayudaron e instigaron entre sí, robaron, malversaron y obtuvieron mediante fraude $213,201.07 propiedad y bajo el cuidado, custodia y control del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Pagán-La Luz se desempeñó como director del Programa de Educación Técnica, un componente responsable de la administración de las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo los auspicios del Departamento de Educación.

Mientras convivía como pareja con el demandado Javier Santiago-Rodríguez, propietario y presidente de la demandada Star Enterprises, corporación con idéntica dirección física registrada a la residencial que compartía con Pagán-La Luz.

En noviembre de 2017, Star Enterprises no renovó su certificado de elegibilidad para contratar con el Departamento de Educación de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales locales, y en diciembre de 2019 el Departamento de Estado canceló el certificado de constitución de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.

A diciembre de 2019, Star Enterprises no podía celebrar legalmente ningún contrato con el gobierno ni hacer negocios en Puerto Rico, pero a pesar de no tener un certificado de elegibilidad válido ni un certificado de incorporación válido, Pagán-La Luz autorizó pagos a Star Enterprises por un total de $213,210.07 por el trabajo que Star Enterprises supuestamente realizó para el Departamento de Educación.

En septiembre de 2020, Pagán-La Luz utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar $59,999 a Star Enterprises y Santiago-Rodríguez por servicios que nunca se prestaron.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez-Otero fue condenado hoy a cinco años y tres meses de prisión por la jueza Aida Delgado, además de 63 meses en probatoria, luego de que el 23 de marzo de 2023 un jurado federal lo declarara culpable de conspiración, soborno y extorsión.
Según trascendió en el juicio contra Pérez-Otero, de 53 años, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que, desde finales de 2019 hasta mayo de 2021, aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo de forma regular de Oscar Santamaría, propietario de una compañía constructora.
El empresario, quien colaboró con la fiscalía federal para destapar el esquema de corrupción, al igual que el alcalde de Cataño, Félix Delgado, se declararon culpables para evitar ir a juicio, aguardan por su sentencia.
Pérez-otero se negó en cinco oportunidades a aceptar ofertas de colaboración con la fiscalía federal, mediante la delación de otros políticos involucrados, según trascendió en su momento.
A cambio de los pagos, el otrora expresidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que aglutina a los ejecutivos municipales afiliados al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), acordó obtener y conservar contratos gubernamentales para la empresa y se aseguró de que las facturas se pagaran puntualmente.
Al exejecutivo del poderoso Guaynabo, bastión del PNP, la jueza Delgado también le impuso 160 meses de trabajo comunitario.
La defensa de Pérez-Otero consideró excesiva la condena, pero la jueza federal estableció que tomó en cuenta su formación universitaria, su edad y la confianza que depositó el pueblo, al elegirlo diputado y alcalde. 
Dictada la sentencia, que incluye 160 meses de trabajo comunitario y otros 63 meses de libertad supervisada, la defensa pidió que se le permitiera a Pérez Otero entregarse de manera voluntaria, a lo que la jueza accedió, explicando que no se le acusó de crímenes violentos ni era una amenaza para la sociedad, y había cumplido con las exigencias mientras estaba libre bajo fianza.
Delgado también acogió la petición de la defensa de que se le permitiera cumplir su sentencia en Pensacola (Florida), aunque la determinación estaría sujeta a la disponibilidad que tuviera el Negociado Federal de Prisiones de Estados Unidos.
La jueza federal, en un proceder poco usual en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Puerto Rico, realizó una extensa reflexión destacó los 19 casos de corrupción que han llevado a prisión en los últimos años a alcaldes y legisladores.
“Los sobornos se siguen ofreciendo y se siguen aceptando”, por lo que “hay que acabar con esa corrupción” pues la gente de Puerto Rico “necesita creer otra vez”.
La fiscal general adjunta interina Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el agente especial Joseph González, a cargo de la Oficina de Campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan se expresaron sobre la investigación del esquema de corrupción.
El abogado litigante Nicholas Cannon, de la Sección de Integridad Pública de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Myriam Fernández-González para el Distrito de Puerto Rico procesaron el caso, en el que ayudaron en la pesquisa el abogado litigante Ryan R. Crosswell y el fiscal federal adjunto Scott H. Anderson.

(San Juan, 9:00 a.m.) El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández informó que la fiscalía de Aibonito presentó cargos de asesinato y maltrato contra Yaniré Roque Lupiañez tras corroborar que esta participó activamente, junto a su pareja, Jeovanie Aponte Ríos, en los actos que le provocaron la muerte a su bebé de 13 meses de nacida en el municipio de Aibonito.

Los fiscales Ernesto Quesada Ojeda, Nailymar Arroyo Colón e Ileana Santos Colom, esta última adscrita a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, habían presentado cargos contra la pareja el 19 de diciembre del año pasado. En dicha ocasión, formularon cargos de asesinato y agresión sexual contra Aponte Ríos, mientras a la mujer le sometieron cuatro cargos de maltrato por negligencia.

“Como anticipamos, la investigación continuó y los fiscales pudieron confirmar con evidencia que la madre de la bebé también cometió el delito de asesinato estatutario, tipificado en el artículo 93 (b) del Código Penal de Puerto Rico, así como otras conductas que constituyen maltrato conforme al artículo 53 (a) de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, informó Quesada Ojeda, quien se desempeña como fiscal de distrito de Aibonito.

La juez Jenny Malavé, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto por los cargos imputados por la Fiscalía y le fijó una fianza global de $1,000,000.

“Ningún niño en Puerto Rico merece ser víctima de unos actos tan perversos como estos. Todos los niños merecen ser amados y protegidos por sus padres y sus seres queridos, es su derecho. Los hechos de este caso han sacudido a la Isla de forma estremecedora. Desafortunadamente, la bebé no tuvo quien la protegiera, pues los llamados a hacerlo provocaron su muerte mediante actos repulsivos. Ahora enfrentan las consecuencias de sus actos”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Agradeció la confianza y colaboración de los testigos que decidieron hablar en el foro correcto para hacerle justicia a una niña inocente. Igualmente, reconoció la labor de los fiscales y agentes que están laborando en el caso.

Conforme a la investigación de los agentes Gerardo Berríos y Glicelia Alicea, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Aponte Ríos reportó que la bebé se había caído de una cama. La menor fue transportada al Hospital Menonita de Aibonito, donde fue declarada muerta.

Posteriormente, siendo entrevistado por la Policía, el imputado admitió las circunstancias a través de las cuales dio muerte a la bebé, ocasionándole múltiples traumas que provocaron su deceso. De la investigación surge que también incurrió en hechos constitutivos de agresión sexual.

La vista preliminar fue señalada para este próximo miércoles, 7 de febrero.

(San Juan, 10:00 a.m.)  El candidato a alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, levantó bandera sobre el acuerdo de privatización de los muelles de San Juan por parte de la Autoridad de Puertos a favor de la empresa Global Ports Holding y, particularmente, de su impacto negativo sobre la actividad económica en el Viejo San Juan y los proveedores de servicios turísticos.

Durante las pasadas semanas ha trascendido públicamente que la pieza final para viabilizar el acuerdo es la asignación de una partida multimillonaria de fondos públicos para pagar la deuda de la Autoridad de Puertos.

La Resolución Conjunta de la Cámara 594, presentada por los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo, designaría una partida de 353 millones de dólares provenientes del Fondo General para financiar el acuerdo de transacción y dar paso a la privatización de los principales muelles del país.

La pieza legislativa fue aprobada por la Cámara de Representantes el 30 de enero de 2024, con el voto afirmativo de los representantes del PNP y del PPD, junto a la oposición de los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Posteriormente, la medida fue derrotada en el Senado de Puerto Rico, al no alcanzar el número mínimo de 14 votos afirmativos. Durante la noche de este lunes, la Junta de Control Fiscal anunció que estaría autorizando la asignación presupuestaria, lo que tornaría académico el proceso legislativo con tales fines.

“Los muelles de San Juan representan una de las principales fuentes de ingresos de la Autoridad de Puertos y cuya actividad comercial dependen miles de pequeñas y medianas empresas en el municipio de San Juan. Desde los restaurantes y comercios del Viejo San Juan, hasta los proveedores de servicios turísticos, como taxistas, guías y demás”, señaló Natal Albelo.

Durante su tiempo como representante por Acumulación, el dirigente del MVC fiscalizó el proceso de otorgamiento del contrato a la empresa Global Ports Holding por el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira.

Destacó que el contrato de privatización y la entrega de los muelles por 30 años a la Global Ports Holding representará pérdidas multimillonarias, tanto para el municipio de San Juan, como para los comercios que dependen del turismo que llega a través de los muelles.

“Con el control absoluto de los muelles, Global Ports Holding, al igual que han hecho en otras jurisdicciones, tendrá el acceso exclusivo de las facilidades que ahora controla la Autoridad de Puertos y por consiguiente, de los turistas que pasan por ellas, limitando así la llegada de turistas a otras zonas del municipio de San Juan, incluyendo los comercios ya establecidos en el Viejo San Juan”, subrayó el también Coordinador General del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Señaló que, mientras los sectores comerciales afectados por esta transacción se han unido en oposición a la misma, representados por la “Alianza Turística por Puerto Rico”, el liderato del PNP y el PPD ha hecho causa común para darle la espalda a sus reclamos y favorecer a los grandes intereses que se benefician de este contrato multimillonario.

“La privatización de los muelles tendrá un impacto nefasto sobre el municipio de San Juan. Todos los legisladores del PNP votaron a favor de la resolución para desviar $350 millones de fondos públicos para pagar la deuda de la Autoridad de Puertos y darle paso al acuerdo”, apuntó.

Natal Albelo observó que esto incluye a figuras como Eddie Charbonier, Victor Parés, Georgie Navarro, Juan Oscar Morales y Nitza Morán.

“Igualmente ocurre con (el alcalde) Miguel Romero, quien ha apoyado la privatización de los muelles, a pesar del efecto nefasto que este acuerdo tendrá sobre el desarrollo económico del municipio. Pero el liderato del PPD no se queda atrás, pues también han apoyado con sus votos y sus acciones la entrega del principal activo de la Autoridad de Puertos a manos de la empresa Global Ports Holding y su filial San Juan Cruise Port, cuyo gerente general es Federico González Denton”, expresó.

Natal Albelo emplazó “a todas las personas que presentan su candidatura a la alcaldía de San Juan a expresarse clara e inequívocamente sobre este asunto que afecta directamente nuestro municipio: ¿Están con el pueblo o con los grandes intereses?”

El candidato a la alcaldía capitalina subrayó que la pérdida inmediata de ingresos para el municipio de San Juan se vería reflejada en partidas de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y patentes municipales, en la medida en que los negocios que operen en el puerto serían libres de impuestos.

El contrato de privatización otorgaría un monopolio de los muelles de San Juan sin tan siquiera conocerse los términos y condiciones del acuerdo, más allá de que tendrá una duración de 30 años.

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