Derechos humanos

Se acompaña Resolución #25 aprobada por la Junta de Gobierno del CAAPR. En torno a Mensaje del día Internacional de la Mujer.

(San Juan, 1:00 p.m.) Joel Rivera Alejandro es el líder de una ganga de delincuentes dedicados al narcotráfico. La ganga, según se alegó, era una empresa familiar. Dos hermanos, dos cuñadas, su madre y su sobrino, entre otros familiares, pertenecían a dicha ganga. Más aún, Rivera Alejandro tenía expediente criminal, y en el 2003 fue acusado en la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico, por asesinato, lo cual lo expuso a la pena de muerte. Salió absuelto. En el 2009, volvió a ser acusado, junto a sus familiares por llevar a cabo una empresa delictiva, en la cual controlaban el parque deportivo de su comunidad en Trujillo Alto.

Botín de guerra. Es la frase que utilizó el director del FBI, Carlos Cases, para describir el lucro derivado por Anaudi Hernández Pérez y compañía como parte de un alegado esquema de corrupción en el Gobierno. En tiempo de antes, el botín de guerra era una práctica aceptada y consistía de la división entre los vencedores de los hombres, las mujeres, los niños, y bienes movibles tomados del enemigo por el ejército conquistador y repartido entre sus líderes y combatientes. El botín de guerra, no obstante, no es del todo ilegal. Aun en la democracia, donde la lucha entre poderes ha sido domesticada por un proceso democrático por vía electoral, el botín de guerra en varios aspectos goza de legalidad. Quare, como se dice en el argot jurídico para establecer la duda, si el caso de Hernández es uno de esos casos.

(San Juan, 1:00 p.m.)- Continúa el golpe de Estado judicial. El primer asalto se dio con el caso de Pueblo v. Sánchez Valle. Ahora se aplica al caso de Pablo Casellas. El 20 de marzo de 2015, el Partido Nuevo Progresista dio un golpe de Estado en Puerto Rico mediante su brazo judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en donde ha logrado mayoría de 6-3. En Pueblo v. Sánchez Valle, una mayoría del Tribunal mediante voto 6-3 anuló la concesión de soberanía local que el Congreso endosó mediante la Ley 600 y la subsiguiente aprobación de la Constitución de Puerto Rico en el 1952. Sánchez Valle nulifica el Estado Libre Asociado y reduce a Puerto Rico a una propiedad federal.

En el día de ayer el Primer Circuito de Boston revocó la sentencia contra Pablo Casellas Toro y devolvió para que se lleven a cabo los procedimientos en acorde con la opinión incluyendo un nuevo juicio. Señala que la corte de distrito abusó su discreción al denegar la solicitud de Casellas Toro de mover el juicio fuera de Puerto Rico.

El golpe de estado que vemos en la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en  Pueblo v. Sánchez Valle tiene sus origines en la decisión que anula la colegiación compulsoria del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Rivera Schatz v. ELA (2014), privando a la Legislatura del poder de crear un colegio integrado.  Allí, a fuerza de mollero judicial, el Tribunal anuló el poder que desde el 1932 la Legislatura históricamente había ejercitado sobre la colegiación. En su lugar expandió su propio poder inherente para usurpar un dominio público que anteriormente pertenecía al pueblo a través del proceso político. Así lo hizo, al igual que en Sánchez Valle: contrario a todo precedente, contrario a la historia de PR, a la trágala.

Diez estudiantes del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, han cumplido tres meses detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional de derechos humanos llamaría de tortura: casi incomunicados, con restricciones a sus familiares para que los puedan ver, sufriendo tipo de presiones sicológicas, mezclados con delincuentes comunes.