(San Juan, 12:00 p.m.) El Senado aprobó la creación de la “Ley del Fondo de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal”, adscrito al Fideicomiso para el Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que será utilizado para costear los gastos de matrícula y demás costos relacionados a estudiantes subgraduados o graduados con necesidades económicas y aprovechamiento académico favorable.

Uno de los autores de la medida, el senador Juan Zaragoza Gómez, señaló que “este proyecto es la continuidad de lo que comenzamos en el presupuesto… aquí estamos cerrando el círculo de conseguir la asignación de $115 millones y la continuidad de los $47 millones del año anterior… preferimos establecer un mecanismo continuo que pueda seguir creciendo con el pasar de los años”.

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(San Juan, 12:00 p.m.) La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por Orlando Aponte Rosario, condujo una vista pública del Proyecto de la Cámara 975 (PC975), con el propósito de viabilizar, mediante referéndum, que el pueblo se exprese si se debe sancionar la posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana dirigidas al consumo personal con faltas administrativas no criminales.

Durante la vista pública, se discutió también el Proyecto de la Cámara 1037 (PC1037), que busca enmendar la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 1971, según enmendada, a los fines de despenalizar la posesión simple de 14 gramos o menos de marihuana, sin referéndum.

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(San Juan, 11:00 a.m.) Para evitar una reforma fiscal promovida por el gobierno dominicano, un grupo de 29 senadores someterá este martes un proyecto de ley que pretende reducir el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar el tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas las exenciones, deducciones o pagos diferidos que contienen 39 leyes, incluyendo las exoneraciones de vehículos de cualquier naturaleza que benefician a los legisladores.

La información fue dada a conocer por el senador Alexis Victoria Yeb, quien leyó un documento en nombre de los congresistas.

El legislador dijo que con esas medidas se reduciría a la mínima expresión los recursos dejados de percibir, que ascienden a 217 mil 487 millones de pesos (3,838,645,550 dólares) anuales, cifra que representa el 4.44 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

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(San Juan, 11:00 a.m.) La dilación, falta de respuestas atadas a acciones ágiles y de personal cualificado para atender las emergencias por parte de LUMA son cada día más graves y evidentes, afirmó hoy el alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, quien exigió que la empresa actúe con urgencia ante la falta de servicio en el aeropuerto Mercedita y en varias comunidades del pueblo.

Aseveró que “hay comunidades que llevan más de 27 horas sin servicio, al igual que el aeropuerto internacional, lo que afecta directamente a la población tanto en su calidad de vida como en su economía”.

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(San Juan, 12:00 p.m.) El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) divulgó dos informes que dan cuenta de los hallazgos identificados como producto de las investigaciones realizadas en torno al precio y la calidad del combustible en el país.

Como respuesta al poder de investigación de la agencia, surgen multas a cuatro mayoristas, enmiendas concretas a la reglamentación vigente, y la reactivación del Comité Interagencial sobre la industria de la gasolina son algunas de las acciones.

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(San Juan, 1:00 p.m.) La Junta de Supervisión Fiscal (la Junta), determinó hoy aceptar el Plan de Ajuste Fiscal (Ley 53-2021, conocido popularmente como el proyecto P. de la C. 1003), fue aprobado hace uno días.  El gobernador de turno Pedro Pierluisi, complacido. Pero también lo están, los presidentes de los cuerpos legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández.  Ahora bien, resulta que hoy el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skeel, informó que ellos, la Junta, se sentían también complacidos. Es decir, no hay necesidad de hacer nada más, que no sea implementarlo.

La Junta, con el aval del gobierno de turno, ha logrado que el Plan de Ajuste de la Deuda, que es la política pública del gobierno de Puerto Rico, se aprobara. Ahora, viene la certificación por la juez Swain, ante el Tribunal de Quiebras federal en Puerto Rico. Una vez certificada por la juez el próximo 8 de noviembre, dicho plan, vendrán los días “inolvidables” para Puerto Rico.

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(San Juan, 9:00 a.m.) El domingo 24 de octubre de 2021 se celebró el Cayey Pet Fest #5. El mismo se celebró en las instalaciones del Estadio Pedro Montañez. El evento comenzó a las diez de la mañana. Inició con una bendición, igual que realizaba San Francisco en el siglo XII, el patrón de los animales.

Cayey Pest Fest fue un evento familiar gratis donde los protagonistas eran los perros y gatos. Los visitantes podían llevar donaciones de comida de perro y gato. En total se recolectaron 533 libras de comida de perro y 75 de comida de gato. La comida recolectada será donada a los rescatadores y los grupos que tienen rutas en donde alimenta a los animales que no tienen dueño y deambulan por las calles. 

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(San Juan, 10:00 a.m.) La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó hoy que otorgó plazo hasta mañana al Senado para que apruebe el plan de ajuste de la deuda o pedirá al Tribunal que postergue su confirmación.
El Senado aún no tendría los votos para aprobar el proyecto de la Cámara 1003 sobre el plan de ajuste de la deuda para terminar con la quiebra de la Isla, ante lo cual la JSF indicó que “lo que está en juego para Puerto Rico es increíblemente alto. No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico permanece atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria”.
Además, advirtió que “las pensiones no estarán protegidas y el plan no se modificará para brindar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”.
Agrega que si el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1003, aprobado el 19 de octubre de 2021, no se convierte en ley antes de las 2:00 de la tarde del viernes, la Junta de Supervisión se verá obligada a solicitar el aplazamiento de la audiencia de confirmación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. 
“Como resultado, Puerto Rico permanecería en la bancarrota y el peso de la deuda insostenible seguirá sobre los hombros de todos los puertorriqueños, amenazando el progreso económico de la isla”, indicó el organismo que maneja las finanzas del gobierno de la Isla.
El ente alertó de las consecuencias de no aprobar la medida: Puerto Rico permanecerá en quiebra, los acreedores pueden solicitar que se levante la moratoria sobre el pago de la deuda vigente en este momento, “lo que lleva a una demanda caótica de pago basado en el efectivo disponible y socava la la capacidad del gobierno para funcionar” y el litigio continuaría y aumentaría enormemente los costos y el tiempo para salir de la quiebra.
A su vez, consignó que “la duración de la Junta de Supervisión se extenderá por el tiempo perdido en este proceso, los acreedores serían elegibles para recibir cien millones como tarifa de terminación si ejercen su derecho a rescindir su acuerdo para respaldar el plan, y podrían potencialmente hacer nuevas y mayores demandas de reembolso, basadas en la opinión pública”.
Asimismo, advirtió que “los maestros y jueces no serían elegibles para los beneficios del Seguro Social del gobierno de EEUU y seguirían dependiendo de los pagos del presupuesto de un gobierno que impulsará sus plan de pensiones en quiebra.
La JSF declaró que “un grupo diverso de partes interesadas que van desde sindicatos, jubilados, tenedores de bonos y otros acreedores y aseguradores de bonos acordaron un Plan que es el mejor resultado posible dada las circunstancias difíciles que Puerto Rico ha tenido que manejar durante los últimos años”.
La Junta aseguró que el plan reduce la deuda pendiente del Commonwealth en 80%, de 33 mil millones a siete mil millones y garantiza que el gobierno no pagaría más de 1,150 millones al año.
“El plan ahorra casi 50 mil millones en el servicio de la deuda que de otro modo se adeudaría y permite al gobierno pagar un poco más de siete centavos de cada dólar de impuestos por el servicio de la deuda, en comparación con hasta 25 centavos antes de cualquier reestructuración. El plan brinda una seguridad considerable a los futuros beneficiarios de pensiones al establecer un fideicomiso de pensiones financiado con al menos 175 millones por año durante los próximos años y asignando la mayor parte del excedente al fideicomiso de pensiones”, manifestó el ente.
Agrega que “el plan transfiere más de 1.2 mil millones y restaura las contribuciones de los empleados al Sistema que fueron utilizados por gobiernos anteriores, proporciona a miles de empleados de la administración pública hasta cien millones en lugar de intereses
en sus cuentas de contribución definida y resolvería cientos de litigios que le costarían al gobierno decenas de millones de dólares solo en honorarios legales. El plan pondría fin a la bancarrota y pondría a Puerto Rico en el camino hacia una economía sostenible. crecimiento y prosperidad”.

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