El alto al fuego vigente en el Sahara Occidental desde 1991 ha saltado por los aires el 13 de noviembre. Luego de que la monarquía marroquí lanzara un ataque militar en contra de manifestantes saharauis que bloqueaban la carretera de Guerguerat, que atraviesa cinco kilómetros de una zona de separación. Contemplada en los acuerdos de la tregua, y comunica al Sahara ocupado por Marruecos con Mauritania. Los manifestantes protestaban desde el 21 de octubre por el uso ilegal del cruce fronterizo, una violación marroquí del alto al fuego, por el que circulan además mercancías producto del saqueo de recursos del Sahara Occidental como fosfatos y productos de la pesca en la plataforma marítima. Saqueo en el que participan transnacionales españolas, estadounidenses, francesas y de otros países.

Al atacar a los manifestantes civiles, las fuerzas represivas del régimen monárquico marroquí abrieron tres nuevas brechas en el territorio militar de exclusión. El Frente Polisario, el movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui fundado en 1973, repelió el ataque marroquí, golpeando con artillería cuatro bases y dos puntos de vigilancia, y declaró la reanudación de la guerra. “Comenzó la guerra de liberación de todo el pueblo”, anunció el Frente Polisario, mientras se activaba la movilización general en los territorios liberados y los campamentos de refugiados en Argelia. También hubo manifestaciones en El Aaiún y otras ciudades saharauis ocupadas por Marruecos, duramente reprimidas por la monarquía.

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El 2017, con todo lo que ha pasado en estos últimos tres años, pandemia mundial incluida, parece quedar en la prehistoria. Recuerdo en ese entonces, más precisamente en el mes de enero, haber visitado el Congreso chileno, en Valparaíso, y escuchar al senador Alejandro Navarro. No puedo acordarme exactamente sobre qué tema estaba interviniendo en esa sesión del Senado –era la primera vez que lo veía en vivo– pero sí tengo muy presente que culminó su oratoria sentenciando: ¡Nueva Constitución, Patagonia sin represas, no más AFP!

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Resurge nuevamente a partir del 27 de septiembre en la región de Asia Central el conflicto armado entre la República de Armenia y la República de Azerbaiyán en torno al enclave localizado en la región de Nargono Karajab. Geográficamente, ambas repúblicas tienen entre sí fronteras comunes; aunque en el caso de Armenia, su frontera occidental es con Turquía y en el caso de Azerbaiyán, su frontera oriental es con el Mar Caspio. Unidos ambos países, sus fronteras al norte colindan con la República de Georgia y la Federación Rusa; mientras al sur, sus fronteras colindan con la República Islámica de Irán.

          Una gran parte de la población armenia profesa la religión cristiana en su denominación ortodoxa, lo que no excluye a armenios que profesan la fe musulmana; mientras en el caso de Azerbaiyán, la mayoría de su población profesa la religión musulmana en la corriente o tradición chiita, aunque también hay otras  denominaciones religiosas minoritarias.

          Armenia cuenta con una superficie territorial menor a la que cuenta Azerbaiyán. Con apenas con 29,743 Km.2, es poco más de tres veces el tamaño de Puerto Rico; a diferencia de Azerbaiyán, que cuenta con 86,600 km.2, lo que es el equivalente a nueve veces y media el tamaño de Puerto Rico. Lo mismo ocurre en cuanto a población dado que Armenia, a base de datos no actualizados, tiene poco más de 3 millones de habitantes, frente a los 10 millones,  también  en datos no actualizados, con los cuales cuenta Azerbaiyán.

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El exsenador José Ortiz Daliot afirmó hoy que “sobran las razones” para que los puertorriqueños voten No en el plebiscito de “Estatidad Sí o No” que, impulsado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se celebrará el próximo martes, 3 de noviembre, simultáneo con las elecciones generales del país.

Para el veterano político, quien se identifica con el ala soberanista del Partido Popular Democrático (PPD), coincidió con la postura del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que la consulta está “sesgada a favor de una sola opción en prejuicio a las otras opciones de estatus”.

Para Ortiz Daliot, más allá del rechazo manifiesto del gobierno federal, “el efecto de la anexión seria devastador para la economía de Puerto Rico y su identidad nacional”.

En este sentido subrayó que “no se recibirán los $9.5 mil millones que alega el PNP y si solo $5.2 mil millones, aparte de que los puertorriqueños tendrían que pagar unos $2.3 mil millones en contribuciones federales más”.

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Es indescartable todavía la posibilidad de que la casta militar de Bolivia efectúe un golpe de Estado para evitar que Luis Arce. del Movimiento al Socialismo (MAS), advenga al poder tras su triunfo en las elecciones de ayer domingo en el país sudamericano.

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El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra anuló el fallo que concedía al autoproclamado presidente de Venezuela y diputado opositor Juan Guaidó, el acceso a las 31 toneladas de oro que ese país tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y que son reclamadas por el Gobierno venezolano.

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