Caribe Hoy

Desde sus inicios el proyecto principal del Partido Nuevo Progresista y de los estadistas ha sido el anexionar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Como parte de este proyecto han asumido posturas que han llevado a Puerto Rico al estado catastrófico en que se encuentra hoy día.  El Partido Popular Democrático, también ha contribuido en la decadencia de la isla.

Los gobiernos de ambos partidos han fallado crasamente en dar mantenimiento continuo a la infraestructura del país.  Sabemos que la situación en la isla empeoró significativamente a partir del huracán María. O, mejor dicho, el huracán María le desgarra al pueblo las gríngolas que el gobierno usaba para mantenernos bajo la falsa ilusión de un progreso por venir.  Pero como todo el país sufrió carencias por muchos meses la situación se torna tan evidente e intolerable que no había forma de ocultar la verdad. Sabemos, que el gobierno se botó solicitando miles de dólares en fondos federales para reconstruir el país.

Se supone que el gobierno trabajara con mejorar el sistema de energía eléctrico.  Todos sabemos el desastre que ha sido la privatización y el contrato de LUMA. Los servicios de energía eléctrica son inestables por demás. Sin embargo, se nos factura como si fueran de primera clase. El dinero es para pagar la deuda que el propio gobierno le impuso al país, al emitir bonos sabiendo que no había capacidad para pagarlos.  Es el pueblo trabajador quien le ha tocado cargar con el pago de toda esta ineficiencia.  Por otra parte, recientemente el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras expresó que tomará por lo menos 45 años para arreglar las carreteras del país. Ello a pesar de los miles de dólares recibidos para esos efectos.

Debemos cuestionarnos que es lo que ha pasado con muchos de los fondos federales que recibe la isla.  Desafortunadamente se ha creado un esquema de corrupción entre el gobierno neoliberal y las empresas que lo favorecen para embolsicarse la mayor parte de los fondos y adelantar sus agendas políticas personales; y, a su vez usar la menor cantidad de fondos posibles para hacer los arreglos necesarios y críticos que se requieren. Un ejemplo constatable es el proceso actual de embrear las carreteras.  Se gastan miles de dólares y en un par de semanas el mismo hueco o situación crítica vuelve a surgir. ¿Entonces la pregunta es donde está la supervisión del gobierno? ¿Es que sus intereses personales los hace de la vista larga siempre que reciban auspicios a sus campañas y aspiraciones políticas?

El Tribunal Supremo de Estados Unidos a partir del 2017, dejó bien claro que Puerto Rico es una colonia de ellos.  También ha negado a los puertorriqueños residentes de la isla el poder recibir igual beneficio de seguro social que los que viven en el continente. Los estadistas han tronado contra esto y pregonan que nos tratan como ciudadanos de segunda categoría.  Habría que preguntarse, sin embargo, si es tan solo Estados Unidos quien trata a los puertorriqueños como colonos de segunda categoría.  La realidad es que el gobierno estadista es también responsable de las agresiones y el maltrato que se nos da como ciudadanos de esta isla. Su dejadez en poner el país a funcionar como debe, en garantizar una vida digna para los puertorriqueños, un retiro adecuado, una educación de calidad, unos servicios básicos de excelencia; son evidencia de que el propio gobierno local nos trata como ciudadanos de segunda clase.

Las posturas neoliberales de los estadistas han tenido que ver en el desmantelamiento del país y su puesta en venta al mejor postor.  No obstante, su fórmula parece les está reventado en la cara. Ya el colono está harto de que se vaya al congreso con cara de lechuga a pedir la estadidad para un país roto.  Hace pocos días el congresista republicano Jody Hice, les dijo claramente a los estadistas que Estados Unidos no está ni siquiera cerca de tener una conversación para considerar a Puerto Rico como estado.  Les increpó que es necesario que el gobierno asuma responsabilidad y corrija todos los problemas mayores que impactan negativamente residir en Puerto Rico. Les dijo que hay demasiados problemas en Puerto Rico, y que el gobierno lo único que hace cada vez que va ante el congreso es pedir más dinero y pedir la estadidad. Le llamó la atención al gobierno por jugar juegos, y les indicó que deben trabajar para lograr progreso en Puerto Rico antes de ni siquiera pedir la estadidad.

Lo expresado por ese congresista no debe tomar a ningún puertorriqueño por sorpresa ya que todos somos víctimas diarias de los atropellos del gobierno y sus políticas neoliberales.  Lo importante es que, desde la boquita de comer del colono y en puritito inglés, le han dicho a Pierluisi, a Jennifer y a los estadistas “no se vistan que no van”.

Poco a poco, piedra a piedra los gobiernos estadistas, particularmente, a partir de Fortuño, los Roselló, Wanda Vázquez Garced y ahora Pedro Pierluisi han ido deconstruyendo las políticas públicas establecidas en Puerto Rico para dirigir la isla más y más hacia un estado completamente neoliberal. Para aquellos que aún no conozcan el término, se trata de un modelo donde se promueve la libre empresa y el Estado es un ente más imparcial, donde su intervención o fiscalización sobre el libre comercio es mínimo.  

En Puerto Rico, a pesar de los movimientos en oposición, los gobiernos estadistas han propulsado leyes para promover y flexibilizar que los grandes capitales o inversionistas puedan hacer lo que gusten en la isla sin mayores restricciones.  Ello con el pensamiento de que es un mejor modelo económico para la isla.  El problema es que estas desregulaciones van inequívocamente desprotegiendo áreas importantes que incluyen, entre otras, la forma de hacer política, los recursos naturales y las condiciones de vida.  El resultado final va a ser la destrucción de recursos naturales, el desplazamiento de los boricuas, y el empobrecimiento en general del país.

Entre las legislaciones más recientes que han restado derechos a los habitantes de esta isla se encuentra, la Ley para Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley #161 de 2009), el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley #58 de 2020), el Reglamento Conjunto 2020, Reglamento #9233 de la Junta de Planificación, y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley #107 del 2020).  Ya el pueblo experimentó en las pasadas elecciones todas las faltas y fallas del Código Electoral de Puerto Rico de 2020.  Así mismo, la llamada Ley 161-2009, que faculta el famoso “permiso único” de la OGPe, por su llamada celeridad salta protecciones ambientales como el requisito de tener un estudio de impacto ambiental antes de conseguir el permiso.  A esto se le suma que el Reglamento #9233 de la JP, flexibilizó todas las zonificaciones de modo que ahora, fenómenos como los Air B&B invadiendo áreas residenciales y los problemas que esto trae, se verán con más y más frecuencia. Ello sin contar que ahora, en zonas de reserva natural o en nuestras playas se podrán hacer construcciones o proyectos privados.  Irónicamente, tanto la OGPe como la JP están dando de codo a los Planificadores, para evitar críticas a sus políticas neoliberales.

Debo señalar que es importante que Puerto Rico tenga un modelo de desarrollo económico fuerte y robusto para poder competir interna y externamente. No obstante, la desregulación, que es la intención subyacente en todas estas legislaciones, les da ventajas económicas a empresas de grandes capitales y no así a los pequeños comerciantes, ni al ciudadano común, que cada día se ahoga más con los costos de vida exorbitantes que cada día aumentan y hacen la vida en la isla, casi imposible para los boricuas.

Recientemente estuve dándole un vistazo al nuevo Código Municipal y la quijada se me cayó a los pies.  Básicamente, este Código le da a cada municipio poderes amplísimos, para hacer y deshacer lo que quieran, con todo lo que esté dentro de su jurisdicción geográfica. La legislatura municipal, que debe estar electa según el consabido Código Electoral 200 (Ley 58-2020) puede legislar sobre cualquier asunto de naturaleza municipal.  Los municipios podrán aceptar y recibir donaciones en bienes y servicios de cualquier persona privada, natural o jurídica; se les da un mayor poder de expropiación, pueden invertir sus fondos en obligaciones con cualquier institución financiera autorizada a hacer negocios en la isla; pueden establecer consorcios con entidades privadas o hacer alianzas público-privadas; pueden realizar toda actividad comercial relacionada a la operación de empresas y franquicias comerciales tanto al sector público como al privado; pueden establecer corporaciones municipales con fines de lucro; pueden imponer impuestos; y hasta pueden imponer multas de $1,000, penas de restricción domiciliaria, servicios comunitarios y/o penas de reclusión hasta de 6 meses por violaciones a las ordenanzas municipales.  También pueden crear alianzas intermunicipales o Consorcios con otros municipios, con sistemas autónomos para su administración y funcionamiento.  Es decir, pueden crear sub-gobiernos municipales. El Código Municipal establece que los poderes enumerados no son los únicos, que son amplios y su interpretación también.

El asunto es que la flexibilidad dada en el Código es tan amplia, que una empresa privada podría donar fondos al Municipio, hacer alianzas o consorcios privados y en efecto, podría terminar la empresa privada siendo quien efectivamente gobierne el municipio en cuestión. La justificación de la legislación para dar una autonomía municipal tan amplia es alegadamente promover el desarrollo social y económico de sus jurisdicciones, ya que son los municipios están más cercanos al pueblo y son los mejores intérpretes de las necesidades de sus residentes. De modo que, si la base de esta legislación es en pro del bienestar del pueblo, entonces les corresponde a los residentes de los municipios ser los fiscalizadores activos de sus alcaldes y denunciar cualquier acto, que como pueblo entiendan va en contra de su bienestar. O sea, que ahora más que nunca, los grupos de base comunitaria tienen que activarse para evitar ser desplazados de sus pueblos por la economía neoliberal que acecha al país. Ojo al pillo, que están desmontando y deconstruyendo nuestra isla.  Estemos atentos y en son de lucha, porque en guerra avisada no debería morir tanta gente.

En los últimos fines de semana he retomado los paseos a distintos pueblos de la isla para hacer turismo interno.  El turismo interno es cuando los residentes de un país visitan sus pueblos, ciudades, monumentos y otros lugares de interés. El folclore es la expresión de la cultura de un país. Esto incluye tradiciones, costumbres, canciones, artesanías y otras tradiciones populares.

Los derechos civiles son el conjunto de libertades básicas de la persona, que protegen los intereses individuales con un rango constitucional que se puede imponer frente al estado. Son derechos que pertenecen a todas las personas por el hecho de ser humano, y no pueden ser condicionados ni privados. Entre estos se encuentra el derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad, el trato respetuoso y digno; sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Desde que se popularizaron las redes sociales con ello aumentó vertiginosamente la comunicación a través de éstas, y con ello las ciber-relaciones.  Ciber-relaciones que pueden ser tanto a nivel social, emocional como a nivel profesional o laboral. Esta modalidad de ciber-relaciones, en un inicio era usada entre mayormente por personas más contemporáneas a esa tecnología, mientras que los grupos más adultos mantenían suspicacia de las comunicaciones a través de medios electrónicos.

Sin embargo, la brecha se fue cerrando, y hoy todo el mundo (me refiero a todos los que estamos arropados por la corriente neoliberal) nos hemos ido adaptando al uso de la tecnología como parte de nuestro modo de comunicación. Sin embargo, no hay sustituto a las relaciones, la interacción y la comunicación personal, de cara a cara.  Cuando estamos frente a otra persona podemos percibir muchas señales y gestos que a través de la comunicación por las redes sociales se puede esconder o no es del todo evidente.

Hay un termino legal que se conoce como el “demeanor”, en español se puede decir que es el comportamiento, el lenguaje no verbal.  Este “demeanor” se refiere a lo que el observador percibe cuando una persona esta de frente.  Ese “demeanor” incluye gestos, acciones, tono de voz, miradas, reacciones verbales y no verbales, y otro sinnúmero de sutilezas que solo se pueden experimentar teniendo de frente a una persona. Ese compartir “tete a tete” (cara a cara) nos permite hacer observaciones sobre el comportamiento de la persona, que a su vez nos permiten formular una opinión sobre su carácter, sobre si es veraz o mendaz, sobre su honestidad.

Experimentar ese lenguaje no verbal, cara cara, es fundamental para establecer relaciones sólidas o evitar relaciones inconvenientes.  Con el advenimiento del Covid-19 y la pandemia, quien no hubiese saltado a la ciber-comunicación, sin remedio tuvo que hacerlo u optar volverse un hombre o mujer de las cavernas y estar en total aislamiento social.  El salto obligado a la ciber-comunicación, entiendo, trae consigo una forma diluida de comunicación. Ello porque, en la ciber-comunicación, las percepciones que nos permiten formular ese “tete a tete” pueden ser escondidas o manipuladas por la otra parte.

Entonces, en el ciber-espacio, es más necesario que nunca desarrollar destrezas de comunicación efectiva, como por ejemplo lo es la comunicación asertiva.  Esta es una forma de comunicación positiva donde el interlocutor defiende sus derechos, expresa sus opiniones y da sugerencias de forma honesta, sin agresividad o pasividad, y ante todo dentro de un marco de respeto, en especial con uno mismo.  La asertividad es una herramienta poderosa para el auto desarrollo. La comunicación asertiva es un acto de honestidad y amor propio que refuerza la autoestima. Con ella no se persigue entrar en conflictos, pero sí ser efectivo en la comunicación y mejorar relaciones interpersonales a través de la honestidad y sinceridad.  Una comunicación asertiva nos permite resolver conflictos de forma respetuosa entre las partes envueltas; y ayuda a evitar que los problemas crezcan a raíz de no expresar adecuadamente las necesidades, expectativas o las emociones propias.

En una comunicación asertiva se establecen limites ya sea a nivel físico, en nuestro espacio vital o en el emocional.  Para ello es importante saber decir un “no” cuando no se desea algo, un “hasta aquí”, un “basta”, un “quiero”, un “puedes seguir adelante”; etc.  Es importante también entender que hay cosas que controlamos y cosas que están fuera de nuestro control. Por tanto, los límites a establecerse son de aquellas cosas que controlamos, como, por ejemplo, nuestro comportamiento, nuestro cuidado, nuestra selección de amistades.  También podemos controlar el denunciar situaciones o solicitar ayuda. Cosas que fuera del control, son, por ejemplo, el tiempo, lo que otros digan, hagan o piensen.  En la ciber-comunicación es importante tener presente que los factores que no controlamos pueden ser mucho mayores, porque es más fácil ocultar o manipular las sensaciones o sentimientos.

Cuando estamos cara a cara, nuestro sentido de percepción está más realzado y se pueden observar sutilezas que se ocultan fácilmente en las ciber-comunicaciones.  Cara a cara podemos observar virtudes y defectos, percibir la imagen real; podemos evaluar la sensibilidad o la comprensión que se proyecta en la ciber-comunicación.  La comunicación cara a cara nos provee un mejor punto de vista para decidir si acercarnos o alejarnos de la persona con quien nos relacionamos inicialmente a través de la ciber-comunicación.

En el ciber espacio el lenguaje no verbal está limitado, y se promueve con facilidad el uso de la imaginación. En la ciber-comunicación podemos crear escenarios de fantasía e irreales, se puede idealizar a la otra persona creando las imágenes que nos llenan nuestras propias necesidades. En la ciber-comunicación es difícil percibir sutilezas, sentir ese intercambio de energía, o evaluar la honestidad de la otra persona.

De modo que es recomendable no eternizar la ciber-comunicación. No es que haya nada malo en conocer a personas a través de ciber-espacios.  Sin embargo, es necesario conocerle personalmente lo más pronto posible.  Tienen que darse ambos pasos – ciber-comunicación e intercambio cara a cara - para uno estar en posición de decir “me gusta la persona y quiero continuar conociéndola”, o, “mucho gusto en conocerte, pero sigo mi camino”.

El propiciar ese encuentro cara a cara, es un acto de asertividad, de comunicación respetuosa y sobre todo de amor propio. Al comunicarse asertivamente límites o requerimientos, es importante saber que, si la persona receptora no los respeta o no los acepta; entonces, el comunicador o interlocutor está en pleno derecho de proteger su espacio, alejando a la otra persona de su entorno inmediato.  De esto no puede haber temor ni duda.

Entonces, a lo que voy es que siendo la ciber-comunicación un medio accesible para establecer relaciones, lo usemos como inicio para ello sin olvidar que la comunicación en persona, cara a cara, es fundamental para construir relaciones solidas o descartar las que no lo sean. Adelante, a comunicarnos asertivamente, con respeto y amor propio, a través del ciberespacio y de cara a cara, para poner los pies en la tierra o los pies en polvorosa.

Poco a poco, piedra a piedra los gobiernos estadistas, particularmente, a partir de Fortuño, los Roselló, Wanda Vázquez Garced y ahora Pedro Pierluisi han ido deconstruyendo las políticas públicas establecidas en Puerto Rico para dirigir la isla más y más hacia un estado completamente neoliberal. Para aquellos que aún no conozcan el término, se trata de un modelo donde se promueve la libre empresa y el Estado es un ente más imparcial, donde su intervención o fiscalización sobre el libre comercio es mínimo.  

En Puerto Rico, a pesar de los movimientos en oposición, los gobiernos estadistas han propulsado leyes para promover y flexibilizar que los grandes capitales o inversionistas puedan hacer lo que gusten en la isla sin mayores restricciones.  Ello con el pensamiento de que es un mejor modelo económico para la isla.  El problema es que estas desregulaciones van inequívocamente desprotegiendo áreas importantes que incluyen, entre otras, la forma de hacer política, los recursos naturales y las condiciones de vida.  El resultado final va a ser la destrucción de recursos naturales, el desplazamiento de los boricuas, y el empobrecimiento en general del país.

Entre las legislaciones más recientes que han restado derechos a los habitantes de esta isla se encuentra, la Ley para Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley #161 de 2009), el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 (Ley #58 de 2020), el Reglamento Conjunto 2020, Reglamento #9233 de la Junta de Planificación, y el Código Municipal de Puerto Rico (Ley #107 del 2020).  Ya el pueblo experimentó en las pasadas elecciones todas las faltas y fallas del Código Electoral de Puerto Rico de 2020.  Así mismo, la llamada Ley 161-2009, que faculta el famoso “permiso único” de la OGPe, por su llamada celeridad salta protecciones ambientales como el requisito de tener un estudio de impacto ambiental antes de conseguir el permiso.  A esto se le suma que el Reglamento #9233 de la JP, flexibilizó todas las zonificaciones de modo que ahora, fenómenos como los Air B&B invadiendo áreas residenciales y los problemas que esto trae, se verán con más y más frecuencia. Ello sin contar que ahora, en zonas de reserva natural o en nuestras playas se podrán hacer construcciones o proyectos privados.  Irónicamente, tanto la OGPe como la JP están dando de codo a los Planificadores, para evitar críticas a sus políticas neoliberales.

Debo señalar que es importante que Puerto Rico tenga un modelo de desarrollo económico fuerte y robusto para poder competir interna y externamente. No obstante, la desregulación, que es la intención subyacente en todas estas legislaciones, les da ventajas económicas a empresas de grandes capitales y no así a los pequeños comerciantes, ni al ciudadano común, que cada día se ahoga más con los costos de vida exorbitantes que cada día aumentan y hacen la vida en la isla, casi imposible para los boricuas.

Recientemente estuve dándole un vistazo al nuevo Código Municipal y la quijada se me cayó a los pies.  Básicamente, este Código le da a cada municipio poderes amplísimos, para hacer y deshacer lo que quieran, con todo lo que esté dentro de su jurisdicción geográfica. La legislatura municipal, que debe estar electa según el consabido Código Electoral 200 (Ley 58-2020) puede legislar sobre cualquier asunto de naturaleza municipal.  Los municipios podrán aceptar y recibir donaciones en bienes y servicios de cualquier persona privada, natural o jurídica; se les da un mayor poder de expropiación, pueden invertir sus fondos en obligaciones con cualquier institución financiera autorizada a hacer negocios en la isla; pueden establecer consorcios con entidades privadas o hacer alianzas público-privadas; pueden realizar toda actividad comercial relacionada a la operación de empresas y franquicias comerciales tanto al sector público como al privado; pueden establecer corporaciones municipales con fines de lucro; pueden imponer impuestos; y hasta pueden imponer multas de $1,000, penas de restricción domiciliaria, servicios comunitarios y/o penas de reclusión hasta de 6 meses por violaciones a las ordenanzas municipales.  También pueden crear alianzas intermunicipales o Consorcios con otros municipios, con sistemas autónomos para su administración y funcionamiento.  Es decir, pueden crear sub-gobiernos municipales. El Código Municipal establece que los poderes enumerados no son los únicos, que son amplios y su interpretación también.

El asunto es que la flexibilidad dada en el Código es tan amplia, que una empresa privada podría donar fondos al Municipio, hacer alianzas o consorcios privados y en efecto, podría terminar la empresa privada siendo quien efectivamente gobierne el municipio en cuestión. La justificación de la legislación para dar una autonomía municipal tan amplia es alegadamente promover el desarrollo social y económico de sus jurisdicciones, ya que son los municipios están más cercanos al pueblo y son los mejores intérpretes de las necesidades de sus residentes. De modo que, si la base de esta legislación es en pro del bienestar del pueblo, entonces les corresponde a los residentes de los municipios ser los fiscalizadores activos de sus alcaldes y denunciar cualquier acto, que como pueblo entiendan va en contra de su bienestar. O sea, que ahora más que nunca, los grupos de base comunitaria tienen que activarse para evitar ser desplazados de sus pueblos por la economía neoliberal que acecha al país. Ojo al pillo, que están desmontando y deconstruyendo nuestra isla.  Estemos atentos y en son de lucha, porque en guerra avisada no debería morir tanta gente.

Los derechos civiles son el conjunto de libertades básicas de la persona, que protegen los intereses individuales con un rango constitucional que se puede imponer frente al estado. Son derechos que pertenecen a todas las personas por el hecho de ser humano, y no pueden ser condicionados ni privados. Entre estos se encuentra el derecho a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad, el trato respetuoso y digno; sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Cuando se tiene una o varias mascotas y de repente se unen a la ecuación la llegada de un bebé, surgen muchasdudas y preguntas.  Una de las primeras interrogantes es cómo vamos a presentar el bebé a la mascota para evitar accidentes y proteger al infante. Otras es ponderar si debemos continuar teniendo la mascota o debemos buscarle un nuevo hogar.  Por otra parte, si la mascota está acostumbrada a ser parte de la familia y compartir en la casa, nos podemos cuestionar si debemos ubicarlas en otro lugar fuera de la casa para proteger al bebé.