El director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y hombre fuerte de esa ciudad declaró como imputado por delitos de lesa humanidad el pasado 18 de marzo. Se lo acusa de participar, desde la cúpula directiva del matutino, en el plan criminal de la dictadura aportando operaciones psicológicas hacia la población. También está imputado por el asesinato de dos delegados gremiales en la empresa.
A menos de una semana de cumplirse el trigésimo octavo aniversario del último golpe cívico militar que en la Argentina aceitó los mecanismos del terrorismo de Estado, la ciudad de Bahía Blanca fue testigo de un hecho histórico: el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, compareció el martes 18 de marzo pasado ante la Justicia Federal bahiense, en carácter de imputado por delitos de lesa humanidad.
Dueño de un multimedios que incluye además dos radios y supo contar con un canal de televisión, Massot es el hombre fuerte de esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, a setecientos kilómetros de la Capital Federal argentina. Cuando el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas, en conjunto con grandes grupos económicos y la complicidad de la jerarquía eclesiástica, desalojaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez para profundizar el terrorismo estatal que venía siendo ejercido por la organización parapolicial de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina (AAA), La Nueva Provincia lo celebró como una victoria política propia. Razones no le faltaban: desde las semanas finales de la anterior dictadura argentina (1966- 73), el diario venía reclamando una nueva asonada militar, que acompañó durante los siete años en que se desarrolló y a la que defiende hasta nuestros días. Individualmente, en libros, conferencias y entrevistas, Massot sigue defendiendo la tesitura histórica plasmada en las páginas de su diario: sostiene que la represión clandestina implementada por la dictadura fue una “guerra” y defiende métodos que no son admisibles ni siquiera en un conflicto bélico. Por caso, su apología de la tortura hecha pública en 1993 lo obligó a renunciar como funcionario del presidente neoliberal Carlos Menem, que lo había designado viceministro de Defensa.
Nacido en 1898, el diario La Nueva Provincia adquirió a partir de 1955, bajo la dirección de la madre de Massot Diana Julio una línea editorial de ultraderecha, que identificaba al derrocado peronismo con el marxismo y señalaba a ambos como sectores políticos a eliminar. Con esa línea editorial, el diario se convirtió en el cuarto polo de poder en una sociedad que desde 1930 veía lo que serían media docena de golpes militares. Los otros tres polos eran la Base Naval de Puerto Belgrano, la de mayor envergadura de Latinoamérica; el Comando del V Cuerpo de Ejército, con control operacional sobre la mitad sur del país; y el Arzobispado de Bahía Blanca, cabeza de la provincia eclesiástica del mismo nombre, con jurisdicción similar a la del Ejército.
Tras un fallo del Tribunal Oral Federal de la ciudad, que en 2012 marcó la participación de la cúpula directiva del diario en el plan criminal del terrorismo estatal de la dictadura, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia profundizaron la investigación y pidieron la detención e indagatoria de Massot, único superviviente del grupo directivo del medio en la época, ante el Juzgado Federal bahiense. La acusación contra el empresario, miembro de la SIP, se hizo basada en dos ejes centrales: las desapariciones y homicidios de dos delegados gremiales de su empresa y las operaciones psicológicas y de propaganda negra que se realizaban que se realizaban a favor del genocidio desde las páginas del medio de prensa. Este último derivó en el estudio y la elaboración de una forma de imputación poco menos que inédita a nivel mundial: la responsabilidad de los medios de prensa que actúan como usinas de construcción de sentido para propiciar y justificar un genocidio. De hecho, en el orden internacional hay sólo dos casos que se han juzgado: la condena a los dueños del diario Der Sturmer y la revista Kangura por su participación en el genocidio nazi y el ruandés, respectivamente. Sólo que, en ambos casos, la decisión fue adoptada por Tribunales internacionales. En cambio, en éste es la propia Justicia argentina la que pide cuentas al dueño de La Nueva Provincia.
El caso de los obreros gráficos
La primera de las acusaciones que recaen sobre Massot se vinculan al secuestro y asesinato de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Para 1975 ambos eran delegados gremiales en la empresa y, en reclamo de la aplicación efectiva un convenio colectivo ya firmado por las partes, fueron las caras visibles de un paro que durante tres semanas hizo que el diario no apareciera. Cuando el matutino volvió a los kioscos, el primer día de septiembre de ese año, su entonces directora Diana Julio acusó a los gremialistas de liderar una “labor disociadora” y les advirtió que sus “fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”. Miembro de la cúpula directiva ya por entonces, Vicente Massot había sido comisionado por su madre para hacerse cargo de “todo trato con el personal” en huelga.
Dos meses después, la Prefectura de Zona del Atlántico, cuya participación en la represión clandestina se estructuraría bajo la órbita de la Armada a cuyos altos mandos Julio daba indicaciones, elaboró el borrador de su “Estudio sobre el diario La Nueva Provincia (guerrilla sindical)”, que incluía una nómina del “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (sic). Heinrich y Loyola figuraban a la cabeza de la lista.
El 24 de marzo se produjo el golpe, que colocó en el poder al dictador Jorge Videla. Esa madrugada, Vicente Massot y su madre bajaron a los talleres gráficos del diario y desafiaron a los obreros a “hacernos una huelga ahora”. Un trimestre después, el 30 de junio, ambos delegados gremiales fueron secuestrados de sus hogares. Por espacio de cuatro días completos permanecieron desaparecidos. El 4 de julio los cadáveres de ambos trabajadores fueron hallados a la vera de una ruta cercana a Bahía Blanca. Estaban maniatados, con signos de torturas y sobre ellos se habían disparado más de cincuenta balazos. La Nueva Provincia reseñó en un minúsculo artículo el hecho, informando que los homicidios estaban siendo investigados, aunque en las siguientes tres décadas y media no volvió a mencionar el caso ni a reseñar o reclamar la investigación que había anticipado. Tampoco propició, ni en dictadura ni en democracia, una investigación periodística sobre el caso, pese a que como modo de defensa Massot deslizó en su declaración del martes 18 que los asesinatos podrían ser responsabilidad de la organización Montoneros, a la que el diario señalaba como el enemigo a erradicar.
Martillar la psiquis social cada mañana
Para comprobar el segundo de los planos que configuran la acusación de los fiscales Palazzani y Nebbia contra Massot, referido a las operaciones psicológicas y la propaganda negra a favor de la represión dictatorial, basta repasar las páginas del diario durante la época.
Por un lado, se encuentra la actuación que el medio desarrolló en acciones de propaganda ante la opinión pública, en un contexto específico en que no existían ni la internet ni la Tv por cable y el diario y el multimedios del que formaba parte eran la principal y casi única fuente de acceso a la información en la región, un derecho de sus vecinos que el matutino también obstruyó.
Estas acciones de manipulación de la opinión pública se plasmaron en consonancia con reglamentaciones castrenses como el Reglamento de Operaciones Sicológicas que firmó el dictador Alejandro Lanusse en 1968 y el represor Adel Vilas entregó a la Cámara Federal bahiense ante la que declaró casi veinte años más tarde. El título de la normativa, que detallaba el rol que cabía a cada sector de la comunicación en la acción militar, habla por sí mismo.
El mecanismo de acción propagandística y psicológica incluía la promoción de controles y delaciones hacia el común de la población y la construcción de las víctimas como “delincuentes subversivos”. En eso, justamente, se basa el delito de genocidio: la atribución a un “otro”, determinado por cuestiones de edad, género o pertenencia política, de conductas o características que lo convierten en un elemento a exterminar.
La acción psicológica descripta, se complementaba y verificaba con la narración de cada hecho de la represión clandestina, lo que daba cierre al circuito. De este modo, el diario se ocupó de presentar relatos ficticios de los acontecimientos. La práctica incluía no sólo la reproducción de comunicados o la omisión de datos, sino también la presentación seriada de notas cuyos titulares remitían siempre a la figura de los “enfrentamientos” fraguados que ya habían sido refutados por Rodolfo Walsh para marzo de 1977. Los tiroteos entre uniformados y “subversivos” que el diario narraba servían para blanquear las muertes de quienes en realidad eran masacrados después de permanecer meses secuestrados y torturados.
Los ejemplos de este tipo de narraciones son decenas y todos dan cuenta del esmero del diario por encubrir los crímenes, objetivo para el que contaban además con documentación que sólo podían obtener a través del contacto con fuentes de primera mano.
Una imagen histórica
Pasadas las 13, 20 del martes 18 de marzo, Massot salió del Juzgado Federal ante el cual expuso un monólogo de más de dos horas. No quedó detenido ni fue posible, por el momento, que la Justicia accediese a uno de los pedidos de los fiscales: la toma de declaración indagatoria. Sobre ambas solicitudes deberá resolver, en pocos días, el juez interviniente.
Sin embargo, la imagen del hombre fuerte de la ciudad, ex viceministro de Defensa y dueño del diario más importante del sur argentino quedará en los registros fotográficos y retinas como una postal histórica: se retiró en patrullero, mientras los obreros gráficos asesinados miraban su paso desde los carteles con sus fotografías. Las miradas en blanco y negro se actualizaban con la de María de los Ángeles Loyola, hija de uno de ellos. A pocos metros de allí, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas le recordaban que, pese a las operaciones psicológicas y la propaganda negra que estigmatizaba la participación política, “este pueblo no cambia de ideas, levanta banderas de Evita y Perón”.
(*) Periodista de la Agencia Paco Urondo.