En el día de ayer, el Tribunal Supremo de los EE.UU., decidió un caso que de su faz es completamente controversial. En una decisión seis a cuatro, la corte determinó que la Universidad de Michigan puede evitar preguntar a los estudiantes en torno a su raza. El efecto práctico es desmontar viejas prácticas en el reclutamiento de estudiantes, que viven desde la década de 1960 en los EE.UU., las cuales garantizaban ingreso y participación a las minorías históricamente excluidas. En particular, a los grupos étnicos de afrodescendientes y al grupo de latinos, en aquel momento los más prominentes los boricuas y los mexicanos.
Para los 4.1 millones de puertorriqueños que viven ya en los EE.UU., esta decisión es nefasta. En particular, porque la misma obvia la condición de clase, pobreza y marginación que han sido expuestos las minorías y grupos étnicos en dicho país. En esta medida, lo que puede garantizar esta decisión, es profundizar en la desigualdad de las clases sociales, a partir de la exclusión de grupos raciales o étnicos históricamente desaventajados.
Ante esto, la decisión representa que para muchas instituciones públicas a lo largo de los EE.UU., eliminar el requisito de admisión por factor racial puede convertirse en un problema. El efecto, mientras perdure la decisión, habrá que medirlo longitudinalmente. Es decir, si los jóvenes de hogares con menos recursos, que racialmente pertenecen a los grupos étnicos históricamente discriminados, podrán aspirar al mismo desarrollo social que los grupos estudiantes blancos, a los cuales la decisión hoy aparenta apoyar.
Para el juez Anthony Kennedy, quien emitió la opinión, no se trata de una decisión que apoya a un grupo racial en contra de otro. Por el contrario, el basó su fundamento en que en el año 2006 el pueblo del estado de Michigan votó en un referéndum constitucional para desaprobar un requisito de admisión en las universidades e instituciones públicas del estado que pidiera conocer el grupo racial al cual pertenece el candidato. Para el juez Kennedy la decisión versa sobre la población de cada estado, puede decidir qué enmiendas constitucionales promueve. En este sentido su decisión es cónsona con el principio de que sea el pueblo el que decida. No obstante, como ya han apuntado muchos activistas de los derechos civiles, la decisión afectará el desarrollo igualitario de las minorías.
Hay que esperara ahora para ver si los pobres afroamericanos, boricuas, mexicanos y otras poblaciones étnicas nacionales, empobrecen en esta generación o no. La decisión del estado de Michigan, puede contribuir a este empobrecimiento.