Los empleados unionados de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico se fueron a un paro en la mañana de hoy, miércoles, para protestar por los efectos de la propuesta Ley de Sustentabilidad Gubernamental, popularmente conocida como la Ley de Emergencia Fiscal, la cual el Gobierno intenta aprobar. Bajo la misma, los derechos adquiridos por los empleados, unionados o no, serían puestos en suspenso o eliminados.
Dicha ley propuesta es muy similar en contenido, salvo en materia de despidos, a la controvertida Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal del Gobierno de Luis Fortuño, conocida como la Ley 7. Ambas leyes son similares en que desean dejar maltrechos en su tratamiento a la parte más vulnerable de la educación: el pueblo trabajador.
La pregunta es ¿por qué el Gobierno, en las pasadas dos administraciones, tiene planes en contra de los convenios colectivos o derechos adquiridos por los trabajadores? ¿Cuál es la cultura jurídica en Puerto Rico que ve como natural, que ante las crisis, los más vulnerables en la conversación, los asalariados, sean responsabilizados?
Lo anterior pasa en Puerto Rico, mientras se da un debate muy interesante de impunidad y falta de responsabilidad contra uno de los cuatro bancos aún de base corporativa puertorriqueña. Se trata de Doral Bank, donde la antigua familia propietaria, la familia Levis, actuó de forma ilegal entre 2000 y 2004, inflando los valores de los activos de la corporación matriz, Doral Bank Corp., para propósitos de capitalizar mejor y vender dicha institución. Luego, la agencia federal que regula, la Security Exchange Commission (SEC), los regañó y dicho banco dejó de hacer la práctica. No obstante, Doral tuvo la osadía de solicitarle al Gobierno de Luis Fortuño, en el 2012, firmado mediante acuerdo, que los impuestos pagados en exceso dada las “ganancias ficticias reportadas” durante los años en cuestión fueran devueltos al banco. Hablamos de $232 millones de dólares o un tercio de los activos de capital que hoy reclama Doral, a pesar de que no los puede nombrar oficialmente.
En dicha situación de Doral, están involucrados los antiguos dueños del banco, por el manejo indecoroso. Por otro lado, Jesús Méndez era el secretario del Departamento de Hacienda bajo la administración de Luis Fortuño, cuando se hizo dicho compromiso entre la agencia y el banco. Hoy es el presidente de Doral Bank y a su vez una de las personas que reclaman que se reembolse el dinero pagado en exceso.
Es curioso, pero la Ley de Emergencia Fiscal propuesta por el Gobierno de Alejandro García Padilla le reclama incorrectamente al pueblo trabajador mayor grado de sacrificios. Por otro lado, la impunidad en cuanto a Doral Bank se refiere, tanto por el pasado como por el presente, sigue ahí. Salvo en el caso de la actual secretaria de hacienda, Melba Acosta, quien se opuso a reembolsar el dinero, el coro de los sectores poderosos del País, como de muchos sectores de la llamada prensa corporativa, ha sido endosar el reclamo de Doral como “justo”.
Ayer, precisamente, Doral aparentemente contrató los servicios del pasado subsecretario de comercio de los EE.UU., Robert Shapiro, para unirse en el coro de los sectores que reclaman lo injusto de la postura del Gobierno de Puerto Rico. Shapiro indicó que “la postura del Gobierno alejará a los inversionistas de Puerto Rico”. Y ¿qué hacemos con la impunidad?
Si algo podríamos comentar, es que la propuesta Ley de Sustentabilidad Gubernamental sea justa para todo el pueblo trabajador como para los sectores corporativos y privados del País. Si hay que sacrificarse, que se sacrifique todo el País.
Crédito foto: Wikimedia Commons, bajo licencia de dominio público.