Los sindicados de varias de las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, declararon un paro general parcial, en el día de hoy. En cuanto a sus gremios respecta, en sus agencias particulares, hoy no habrá trabajo. Se trata de corporaciones públicas o ciertas agencias, como la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Autoridad de los Puertos (AP), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Acuerdos y Alcantarillados (AAA), entre otras agencias. Algunas declararon un paro parcial indefinido, otras por un día, y otras simplemente un piquete al amanecer.
La razón por la cual se han ido a la calle los empleados unionados y otros de dichas agencias y corporaciones públicas, se debe a la anunciada ley del gobierno, la cual aún no ha sido aprobada, llamada popularmente como la Ley de Emergencia Fiscal. La referida propuesta de ley, cuyo nombre real es Ley de Sustentabilidad Fiscal para el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es una que intenta cuadrar el déficit del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, mediante recortes o congelamiento de beneficios adquiridos por parte de los sindicatos que controlan dichas agencias y corporaciones públicas. También intenta utilizar los fondos financieros y de reservas de algunas de dichas corporaciones, o entidades administradas por el gobierno como lo son las cooperativas, para paliar la crisis fiscal del gobierno. Pero lo más dramático, reminiscente de la nefasta Ley 7 de la pasada administración de Luis Fortuño (2009 a 2012), es que la ley propuesta hoy, tiene efectos similares, salvo que la misma no despide a ningún empleado o empleada.
Mientras se desarrollan los diversos paros y protestas, los líderes de los sindicatos concernidos, nos informan, que seguirán negociando con el gobierno, para intentar llegar a acuerdos que no pongan en juego los beneficios y derechos adquiridos en los convenios colectivos. Dicho lo anterior, los sindicatos intentan negociar en un momento en el cual el gobierno de Puerto Rico, ha reclamado su incapacidad para cumplir con sus obligaciones fiscales, y donde ante la pérdida de población y otros factores, sociales, el país viene achicándose progresivamente.
El movimiento obrero, para que sea exitoso en su jornada de protesta, debe involucrar el pueblo trabajador privado y de otras agencias del gobierno que hoy no participan. El descontento ante la situación social en general debe ser capitalizado en aras de promover un nuevo país. De otra parte, el gobierno, debe permitir explorar otras soluciones y alternativas de desarrollo que le permitan cumplir con sus obligaciones, sin limitar o eliminar derechos adquiridos. Urge que ambas partes promuevan, a través de la mesa de negociación informal que tienen, algún tipo de solución creativa ante la crisis.
Dicho lo anterior, el gobierno ha demostrado, en los pasados 18 meses, de haber tenido la capacidad de modificar derechos adquiridos de los trabajadores unionados del sector público. El gobierno ha creado foros de diálogo con algunos sectores, por ejemplo los maestros, pero luego ha logrado ir modificando los convenios colectivos. En fin, el gobierno ha salido exitoso en su accionar para reducir beneficios adquiridos. Pero también, en imponer impuestos a toda la población, y en recortar su gasto.
Ante el éxito del gobierno en imponer su agenda en los pasados 18 meses, ¿no será el momento de concretar un frente común de lucha de los sectores unionados, el pueblo trabajador, y sectores liberales de centro izquierda, que promuevan un cambio en la dirección fiscal del gobierno actual? La mesa está servida…
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