Recientemente, se llevó a cabo el Simposio Políticas culturales y diálogo social en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan, celebrado por la Maestría en gestión y administración cultural de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras.
De acuerdo a información suministrada y en palabras de la directora de dicha Maestría, Mareia Quintero Rivera, este simposio “propone ampliar la conversación en torno al lugar de la cultura en la gestación de un proyecto de país. Es preciso trascender las limitaciones históricas del diálogo social; instaurar una nueva escucha; abrir paso a una pluralidad de saberes y experiencias dentro de nuevas relaciones de reciprocidad entre investigación y reflexión, creación, gestión y acción cultural”.
Así, como parte de esta actividad, se realizó la ponencia Derechos culturales y ciudadanía, compuesta por Efrén Rivera Ramos de Puerto Rico, Karina Bidaseca de Argentina y Eduardo Restrepo de Colombia. Como parte de esta mesa, el profesor de la Escuela de Derecho de la UPR, Rivera Ramos, enfatizó en el asunto transnacional de la ciudadanía y la inevitable e indudable interacción y relación de los derechos culturales, llamado de segunda generación, con los demás derechos civiles, políticos, económicos y sociales.
“Es por ello que no se pueden discutir los derechos culturales en forma aislada, sin relacionarlos con temas como el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la información, a la asociación, a la participación política, a la vivienda, al trabajo, a la salud, al desarrollo, y mucho menos sin relacionarlos con el derecho a la igualdad y con el derecho a no ser objeto de discriminación”. De esta manera, prosiguió: “de hecho, podríamos decir que un derecho como el derecho a la educación, que suele tenerse como uno de los derechos sociales fundamentales es también un derecho cultural en sí mismo por su estrecha relación con el desarrollo de capacidades necesarias para la creación cultural y el adelanto científico”, sostuvo el docente.
Anclando su ponencia tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en pactos tal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Dr. Rivera Ramos puntualizó en el derecho de todos (incluso aquellas personas que no “ostentan la condición jurídica de ciudadanos”) a participar libre y plenamente de la vida cultural de la comunidad y a la protección del material resultante de dicha actividad.
“Hoy los derechos culturales han adquirido una dimensión transnacional”, expresó Rivera Ramos para mencionar un artículo de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el que se promueve el desarrollo de medidas que permitan que las poblaciones puedan tener acceso de manera equitativa a las expresiones culturales no solo de sus territorios sino de los demás países.
Por su parte, el profesor explicó el concepto de ciudadanía entendido desde “el conjunto de condiciones materiales, institucionales y culturales que hacen posible la participación efectiva de los miembros de la comunidad política en sus procesos”. De esta manera, entabló una estrecha relación entre ciudadanía y derechos culturales, exponiendo que “no puede considerarse ciudadano pleno quien se ve excluido en esta dimensión de la vida colectiva”.
Asimismo, apuntó que las manifestaciones culturales son medios de participación política, ejemplificando en el caso de Puerto Rico, los reclamos a través de obras artísticas por la descolonización, la lucha por Vieques y en tiempo más reciente, la excarcelación del preso político Oscar López Rivera.
En la parte final de su ponencia y hecho que provocó el aplauso de los asistentes, Rivera Ramos expuso la situación de la Isla ante su relación con Estados Unidos. “La insistencia sostenida del Gobierno de los Estados Unidos de prohibirle al pueblo de Puerto Rico su participación activa en importantes organismos internacionales de promoción de la educación, la ciencia y la cultura, como la Unesco, en el contexto particular, esa prohibición constituye la violación de un derecho cultural colectivo fundamental con irradiaciones políticas de gran envergadura”.
Por su parte, la profesora de sociología y docente en la Universidad de Buenos Aires, Karina Bidaseca, habló sobre lo que denominó “los puntos ciegos del derecho”, refiriéndose “al lado oscuro de la cultura en su complicidad con la dominación racista, sexista y machista”. De este modo, la especialista en derechos humanos fundamentó su discurso en el espacio de la mujer en la política cultural, en el que señaló a su vez hechos como la cosificación de los cuerpos de las mujeres, la violencia y los feminicidios.
Bidaseca se detuvo en la obra de la artista cubana Ana Mendieta para manifestar que “Ana desarrolló su performance en torno a la violencia” y aludió a “la metáfora del cuerpo de la mujer como la primera de las colonias humanas”.
Para concluir su razonamiento, la profesora argentina reconoció que aún y con la presencia de los derechos humanos todavía acontece una sospecha por la capacidad del Estado de proteger a las personas más vulnerables. “En un mundo que es cada vez más desigual, más brutal, no han logrado socavar el imaginario sexista los derechos humanos ni los derechos culturales”, afirmó.
El tercer ponente, el docente colombiano Eduardo Restrepo concluyó que todos los derechos son culturales y que el derecho en sí mismo es un hecho cultural. Para explicarlo, comentó el concepto de ciudadanías diferenciales, que según él es muy discutido en Colombia y América Latina, y que tiene un cercano vínculo con el multiculturalismo.
“En Colombia en los años 90 se produce una nueva Constitución al igual que en otros países de América Latina y esa Constitución redefine la noción de nación y la noción de ciudadano”, declaró Restrepo. Así lo que antes era considerado como homogéneo toma un aspecto multicultural y pluriétnico. “Esa idea de una nación multiétnica y multicultural produce las ciudadanías diferenciales que tienen que ver con toda una historia de la construcción de la nación”.
Entre las implicaciones positivas de esta transformación, el especialista en antropología conversó sobre la visibilización de las poblaciones consideradas anteriormente como “los otros” y la configuración de un sujeto político. Como ejemplo, trajo a colación lo siguiente: “a las comunidades negras del Pacífico colombiano se les reconocen más de cinco millones de hectáreas como tierras de titulación colectiva, una zona que el Estado consideraba que era suya y que no había gente”, apuntó.
De esta forma, esta interesante mesa finalizó sus ponencias, precedida por otra que se llamó Políticas culturales y gestión pública en América Latina. Promovemos que se sigan realizando actividades como estas que enfaticen en la importancia de una gestión cultural sólida en el País.