¡Loco!, gritaron algunos. ¡Irresponsable!, gritaron otros. Estas palabras tan descriptivas representan reacciones típicas del sector empresarial ante un legislador que sometió una medida ayer que ordena un alza en el salario mínimo en Puerto Rico.
El senador Cirilo Tirado del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), de por sí una figura polémica, presentó el Proyecto del Senado 1195, que gradualmente subiría el salario mínimo en la Isla de $7.25 a $15.00 la hora en un período de 10 años.
El salario mínimo en Puerto Rico es el mismo de los Estados Unidos, pero, al igual que cualquier jurisdicción norteamericana, la Isla tiene la potestad de subirlo más allá del nivel federal. Hasta hace 30 años habían unas juntas en la Isla que fijaban los salarios mínimos por industria.
El proyecto de ley presentado ayer fue descrito como uno para las gradas. Los críticos concluyen que no es tiempo para medidas populistas que apelan al sentimiento de justicia social, dos palabras que ya han pasado de moda en los tiempos de vacas flacas que estamos viviendo. Lo importante de la medida, a pesar de las pocas probabilidades de que se convierta en ley, es que trae a la discusión pública que 40 horas a salario mínimo casi no dan para sostener a una familia.
No tenemos que estar de acuerdo con la meta de $15.00 la hora o que se suba el salario mínimo $1.55 adicional cada dos años como visualiza la medida, pero en un país donde la mayor parte de la gente gana poco, no debemos rehuir el debate sobre un salario más justo en ausencia de legislación federal que subiría este salario mínimo, lo cual es la intención del presidente Obama, pero no la del Congreso federal, controlado por los republicanos.
Hay economistas y figuras dentro del PPD que todavía toman la posición de que la aplicabilidad del salario mínimo federal es dañina para la economía de la Isla y su competitividad global. No fue hasta la incumbencia del gobernador Carlos Romero Barceló en las postrimerías de la década de los setenta que se implantó el mínimo federal en la Isla. En ese momento, el PPD puso el grito en el cielo de que el propósito de Romero era uno populista y politiquero, propuesto para acercar a Puerto Rico aún más a los estados, donde hay otras condiciones de vida.
A fin de cuentas, la economía de Puerto Rico ha absorbido los salarios mínimos federales. No culpo, sin embargo, que comerciantes se preocupen porque salarios más altos dictados por ley suban los gastos operacionales. El efecto neto, argumentan, es que tendrían que echar a la calle a varios de sus empleados ante esta alza de gastos.
Cierto, subir los salarios por ley requiere un estudio cuidadoso, pero no podemos tomar una posición inflexible de que los salarios mínimos nunca pueden subir porque automáticamente arruinarían los negocios. No los ha arruinado hasta ahora. Igual que tomamos en cuenta crear empleos, por Dios, que sean salarios que permitan a un obrero ganarse una cantidad justa para vivir. Hay economistas que arguyen que medidas de este tipo ponen más dinero en circulación, beneficiando la economía.
La vida en Puerto Rico es ridículamente cara. Si uno le descuenta las varias partidas de rigor (renta, luz, agua, transportación, etc.) de los cheques a una persona que gana solo $7.25 la hora, lo que queda es realmente muy poco.
Un legislador en la Cámara de Representantes anunció hace poco que iba a tratar por un mes de vivir con $7.25 la hora para poder experimentar lo que pasa una persona de bajos recursos. A lo mejor es un gesto para las gradas, pero el debate sobre un salario justo no puede desparecer de una sociedad viable. Quizás se rían de este representante (Manuel Natal Alvelo) y del senador Tirado, pero cada cierto tiempo tiene que haber este debate.
Crédito foto: Aaron Patterson, www.flickr.com, bajo licencia de Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)