De las violencias de Honduras (y la hondura de sus violencias), a la acción transformadora

Las cifras extraídas de los sucesivos Boletines publicados por dicho Observatorio sitúan a Honduras como uno de los países más violentos del mundo: la Tasa Nacional de homicidios fue para el año 2014 de 68 por cada 100,000 habitantes, cometiéndose un total de 5.936 homicidios, lo que implicó una media de 495 homicidios al mes y ¡16 víctimas al día!.

 

La magnitud de estos datos permite advertir cómo el miedo ha ido, paulatinamente, apoderándose de la población en los últimos años, propiciando la emergencia de diferentes estrategias de seguridad y defensa personal, familiar y comunitaria contribuyentes a la ruptura de la cohesión social: la proliferación de empresas de seguridad privada, el incremento del porte de armas cortas, y la multiplicación de programas municipales como el famoso “Barrio Seguro” (mediante el cual se clausuran barrios enteros a la entrada de transeúntes y vehículos, utilizando para ello guardias armados y portones de seguridad) son buena muestra del recurso a satisfactores de tipo violentador, inhibidor y pseudo satisfactor (Max Neef, 1993) que puestos en práctica en primera persona por gran parte de la población, han terminado por favorecer la cristalización de modelos convivenciales profundamente conflictivos (Montañés y Ramos: 2012).

 

El abandono de los espacios de uso común, las calles desiertas a partir de cierta hora de la tarde, y las familias recluidas, literalmente, dentro de su edificio, casa o casita, son el día a día para el común de la clase media hondureña en cualquiera de las ciudades del país. El deterioro de la convivencia es manifiesto.

 

La debilidad de la investigación criminal, unida a la ineficacia y el desprestigio de la policía y del sistema jurídico, han hecho del recurso a la legalidad instituida como mecanismo de regulación de conflictos una práctica intrascendente, al tiempo que han servido al gobierno -en un alarde de cinismo extremo- como perfecta excusa para impulsar la re-militarización de las instituciones del Estado contando con el beneplácito de buena parte de la población.

 

El uso y abuso de la intervención militar de las instituciones y la militarización del territorio nacional, se ha convertido en política pública: para garantizar el orden y la defensa del “nosotros” frente a la amenaza que supone la violencia desmedida que atraviesa el país, es necesario que el ejército asuma las labores de seguridad (subordinando a la policía), y, además, el control de las principales instituciones del país. En los últimos meses, esta política ha conducido a que el ejército tome posiciones, incluso, en hospitales públicos y centros de salud, acrecentando las intervenciones que desde el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) se vienen produciendo.

 

La perversión de este proceder resulta evidente: para aplacar los impactos de las Violencias Directas, se aplican estrategias militaristas manifiestamente violentas y violentadoras, que deliberadamente ignoran la intrínseca relación existente entre Violencias Directas, Violencias Estructurales y Violencias Culturales -estas dos últimas, tanto o más letales que las Violencias Directas. Las consecuencias del mismo proceder, no hacen sino ahondar en la profundización de un sistema político, social y económico diseñado para servir a la minoría a costa de la mayoría.

 

2. La hondura de las Violencias Estructurales en Honduras: inequidad y sometimiento

Las Violencias Estructurales en el país alcanzan, también, magnitudes récord. Las inequidades económicas (acceso a empleo digno e ingresos suficientes), sociales (acceso a instrucción educativa de calidad, servicios de salud y protección), y políticas (acceso y atención de las demandas por parte del poder político) de Honduras, han sido ampliamente estudiadas en el Informe de Desarrollo Humano 2011 realizado por el PNUD. Algunos datos y conclusiones de dicho informe son suficientes para ilustrar la situación: “el 10% más rico de la población tiene un nivel de ingreso similar a lo que percibe el 80% de la población de menores ingresos” (PNUD, 2012: 49). Entre las causas de esta desigualdad el propio informe cita un conjunto de factores estructurales: a) la inequidad en la distribución del capital educativo y los ingresos del mercado de trabajo, b) la concentración de la tierra en pocas manos, c) la concentración del capital en pocas manos, d) la inequidad en el acceso al crédito, y e) la inequidad en la distribución de las cargas impositivas.

 

Las consecuencias de dichos factores no son otras más que la situación de pobreza relativa que sufre el 65% de la población, y la situación de extrema pobreza en la que a duras penas sobrevive cerca del 46% de la misma: el número de habitantes en nivel de extrema pobreza asciende a un total de 4,213,746 (INE, 2013) personas, de las cuales, la mitad, viven con menos de 21 Lempiras al día (1 US$).

 

La Violencia Estructural producto de un sistema económico inequitativo, se reproduce y consolida a partir de las políticas diseñadas por las élites en su propio beneficio. En este contexto, las inequidades referidas se convierten en el caldo de cultivo ideal para la proliferación de mecanismos corruptos y corruptores de acceso a cierta estabilidad económica. Pero hay más:

 

El sincretismo entre los partidos políticos tradicionales, el poder ejecutivo, judicial, y la administración pública en Honduras es evidente. No es de extrañar que la corrupción y la impunidad en el Estado hondureño sea, tal como sostiene Eugenio Sosa, no una anomalía de su funcionamiento, sino su esencia (Sosa, 2015: 20). Cabría añadir: una esencia que complementada y legitimada socialmente, facilita tanto su reproducción como la proliferación de perversas alianzas “público-privadas” legales, alegales, y manifiestamente ilegales.

 

3. La Cultura de la Corrupción como sostén del sistema y factor clave para su transformación: hay movimiento, hay esperanza.

Si bien es cierto que, tal como sostiene Marvin Barahona (2010) la evanescencia del Estado de Derecho en beneficio de un sistema político-social clientelar caciquil, estructura la institucionalidad formal del Estado; no es menos cierto que ésta, a su vez, es jalonada por un comportamiento social basado en el más clásico vasallaje. Téngase en cuenta que tal como sostiene Galtung, la existencia de una violencia de tipo cultural legitima socialmente tanto la reproducción y el uso de la Violencia Directa, como la presencia de injusticias e inequidades provocadas por las estructuras de poder instituidas -la Violencia Estructural. De igual modo, la existencia de una amplia Corrupción Cultural impregnada en las actitudes y conductas de un importante sector de la población sin distinción de sexo, etnia o clase, sirve para legitimar y reproducir un sistema político, económico y social caciquil, violentador de derechos y de la atención de las necesidades del conjunto la población.

 

Sin embargo, y aunque pudiera parecer paradójico, es el reconocimiento crítico de la existencia de una ampliamente extendida Cultura de la Corrupción en el país, lo que posibilita tomar medidas para ponerle fin. Dicho de otro modo, ser conscientes de que el sistema político, económico y social de Honduras se reproduce no sólo porque las élites imponen su voluntad, sino también porque gran parte de la población legitima -directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente- su reproducción, es clave para emprender el proceso de deslegitimación del sistema en su conjunto, de las inequidades que éste genera en beneficio de unos pocos, y de las políticas que profundizan las Violencias Directas, Estructurales y Culturales en Honduras.

No en vano, la esperanza del cambio radica en el trascendente proceso de concientización iniciado con las Marchas de las Antorchas que semanalmente recorren las principales ciudades del país exigiendo el fin de la impunidad y la destitución del Presidente de la República, y que se ha visto reforzado gracias a la cristalización de un amplio, acentrado y transversal Conjunto de Acción Ciudadanista (Villasante y Martín, 2006) cuya expresión más clarividente es el Movimiento Indignado hondureño. Un Movimiento Indignado que ha permitido abrir un escenario de transformación inédito, gracias al empoderamiento pacifista (Muñoz, 2004) que el quehacer cotidiano de su desarrollo implica.

 

En este sentido, es posible sostener que las acciones de intervención noviolenta puestas en práctica por los distintos sectores que confluyen en el movimiento –desde las Marchas de las Antorchas, hasta la Huelga de Hambre, y la reciente instalación de las “Mesas de la Indignación”- constituyen, en realidad, silenciosos procesos de Paz Transformadora y Participativa (Ramos, 2015) potencialmente capaces de construir y expandir nuevos modelos convivenciales de atención sinérgica y recursiva de las necesidades en diferentes ámbitos y escalas. Esto es, modelos de Buen Vivir frente a la violencia, la injusticia y la inequidad propias del sistema clientelar-caciquil impuesto por las élites y reproducido culturalmente por el conjunto de la población.

 

Bibliografía

 

Barahona, M. (2010). “Transición democrática, golpe de Estado y crisis política: ¿continuidad o cambio?”. En Revista Envío (número 25). Pp. 8-19. Eric SJ.

 

Galtung, J. (1985). Sobre la paz. Barcelona: Fontamara.

 

PNUD (2012). Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2011. Reducir la inequidad: un desafío impostergable. Tegucigalpa: INDH-PNUD.

 

Max-Neef, A., Elizalde, y, Hopenhayn. (1993). Desarrollo a Escala Humana: una opción para el Futuro. Barcelona: Icaria.

 

Montañés, M., y Ramos, E. A., (2012). “la paz transformadora: una propuesta para la construcción participada de paz y la gestión de conflictos desde la perspectiva sociopráxica”. OBETS. Revista de Ciencias Sociales (Vol. 7, N. 2). pp. 241-269. Universidad de Alicante.

 

Muñoz, F. (2004). Manual de Paz y Conflictos. Granada: Universidad de Granada.

 

Ramos, E. A. (2015). Paz Transformadora (y Participativa): Teoría y Método de la Paz y el Conflicto desde la Perspectiva Sociopráxica. Tegucigalpa: IUDPAS-UNAH.

 

Sosa, E. (2015) “Movimiento de los indignados, corrupción e impunidad. En Revista Envío (número 46). Pp 20 – 27. Eric-SJ.

 

Villasante, T. R., y Martín, P. (2006). “Redes y Conjuntos de Acción: para aplicaciones estratégicas en los tiempos de la complejidad social”. En REdES, Revista hispana para el análisis de redes sociales. (Número 11(2)). Disponible en: http://revistes.uab.cat/redes/article/view/87/88. Último acceso. Julio 2010.