“No hubo sobornos en Panamá”. En un artículo aparecido en el suplemento Mosaico del diario La Prensa, Julio Linares Franco, apoyándose en un discurso del Dr. Carlos Arosemena Arias, sostiene que no hay evidencias de sobornos a los próceres, por lo cual estamos ante una difamación.
Tanto el Sr. Linares como el Sr. Arosemena, y quien tenga dudas al respecto, deben leer las Memorias de Don Tomás Arias (1977, pág. 27) donde dice: “Conservo en mi poder, inéditas y originales, las cuentas presentadas a la Junta de Gobierno para su aprobación y finiquito por valor de doscientos ochenta y cinco mil ochocientos un balboas treinta y tres centavos ($ 285.801.33) por el señor Eduardo Icaza, quien desempeñó el cargo de Intendente General del Ejército durante el período de transición, en las cuales consta, por medio de recibos auténticos, las varias erogaciones que hubo necesidad de hacer para pagar servicios prestados por algunas personas que tomaron parte en el movimiento separatista”.
Como dicen los juristas: a confesión de parte, relevo de pruebas. Obsérvese que se habla de “algunas personas”, sin restringirla a los miembros del ejército de Huertas. A los soldados y oficiales se les pagó una suma inferior a ésta (ver obra de Ismael Ortega La jornada del 3 de noviembre y sus antecedentes), lo que indica que hubo civiles que también cobraron. A lo cual podemos agregar el análisis de las incongruencias presupuestarias de los primeros meses de la nueva república, realizado por Ovidio Díaz en las páginas 228-229 de su libro.
Oscar Terán cita una declaración jurada del propio Eduardo Icaza en la que admite haber pagado, el 4 de noviembre, “50 pesos plata de 0.835” a cada soldado; 35,000 pesos a Rubén Varón. “Según el rango de cada oficial así les fui pagando: a unos, 10,000; a otros 1,000; a algunos 6,000; y hasta hubo pagos de 1,500. El dinero para estos desembolsos lo saqué de la casa de Isaac Brandon and Brothers, por medio de cheques que estos señores honraban. Recibí de ellos, en esta forma, más de 200,000 pesos plata de 0.835; y además, en una ocasión, la suma redonda de 70,000 dólares oro. También se encontró en la tesorería Nacional Colombiana algún dinero del cual se me entregó la cantidad de 38,000 pesos más o menos. Los pagos los hice bajo la dirección del Dr. Amador quien me instruyó sobre lo que debía pagarle a cada uno, según lista o nómina que había confeccionado de todos ellos...” (P. 250).
Si esto no basta, léase las Memorias de Esteban Huertas donde acusa a Manuel Amador Guerrero de intentar sobornarlo repetidamente. Por supuesto, Huertas dice haber rechazado el soborno y quw actuó guiado por motivos personales (temía ser fusilado por Tovar, dice). Mediante Ley 60 de 1904 a Huertas se le concedieron 50,000 dólares pero, señala Terán, al no ser incluidos éstos en el presupuesto, ni en la liquidación del mismo la suma respectiva, constituye evidencia, según Terán, que el dinero salió del millón de dólares que dispuso J.P. Morgan para sobornos (“fondo de los reptiles”).
Este millón de dólares salió de los 10 millones que correspondían a Panamá, de acuerdo al Tratado Hay-Bunau Varilla, y fue manejado así: 643,000 fueron retenidos por el banco J.P. Morgan con la excusa de cubrir gastos en que incurrieron, los 50 mil de Huertas, 200,000 enviados a Panamá (la mitad puestos por Bunau Varilla y la otra por Cromwell, durante los primeros días de noviembre) y 160,000 cuyo destino se desconoce.
“No hay evidencias de un negociado con las acciones del Canal francés”. Tanto Julio Linares, como el historiador Fernando Aparicio (En defensa del 3 de Noviembre) se empeñan en negar que hubo un negociado dirigido por Cromwell y un grupo de norteamericanos que compraron en secreto gran parte de las acciones de la Compañía Nueva del Canal, invirtiendo 3.5 millones de dólares, y obteniendo 40 millones de su gobierno gracias al Tratado Hay-Bunau Varilla. Según ellos, carecen de crédito las evidencias presentadas en 1912-13 ante el Congreso norteamericano (compiladas en The Story of Panama) por estar basadas en los intentos difamatorios del periodista Henry Hall, y en el alegato del propio Cromwell ante una corte francesa para cobrar sus honorarios por los servicios prestados a la Cía. Nueva del Canal.
El problema que tienen Linares y Aparicio es que, como se puede ver en el libro de Ovidio Díaz (copias fotostáticas), es que no estamos sólo ante la palabra de Hall, sino que existe evidencia documental de puño y letra de Cromwell, tanto del Memorándum de Entendimiento entre los especuladores de Wall Street (firmado el 25 de mayo de 1900), como un Estado de Cuentas presentado por Isaac Seligman.
Además constituye una evidencia circunstancial la propia secuencia de los hechos: el papel protagónico de Cromwell, la Compañía del Ferrocarril y sus empleados; así como el apuro ilógico de Teodoro Roosevelt de pagar 40 millones a la empresa “francesa” que se hubiera ahorrado de esperar uno meses a que vencieran sus derechos, como sugirió el Congreso colombiano; así como la obstinación de la “Compañía Nueva del Canal” en no pagar a Colombia ni un centavo de compensación como establecía el Acuerdo Salgar-Wyse.
El apuro de Roosevelt es “ilógico” porque la última propuesta del gobierno colombiano era mutuamente ventajosa: esperar a que venciera el contrato de la Compañía Nueva del Canal (francesa) en 1904, para que no tuvieran que pagarle los 40 millones que pedía; a cambio de que Colombia recibiera 25 millones de dólares, en vez de los 10 millones establecidos en el Tratado Herrán-Hay. Estados Unidos se ahorraba 25 millones de dólares. ¿Por qué Roosevelt actuó como lo hizo? Según Ovidio Díaz, porque un cuñado suyo, el hermano de su ministro de guerra (Taft) y otros personajes de su gobierno participaban del negociado de las acciones de la Compañía Nueva del Canal
“Cromwell no intervino porque dejó plantado a Amador”. Este es otro mito sobre el que se han gastado muchas páginas. Los hechos: junto a Amador viajó José G. Duque quien, a través de La Estrella de Panamá fue el mayor defensor del Tratado Herrán-Hay. Duque fue atendido primero por Cromwell, el cual le consiguió una cita inmediata con el Secretario de Estado, John Hay; pero, tan pronto Duque salió de la reunión fue a visitar a su amigo Tomás Herrán, embajador colombiano, y le contó la trama separatista y la presencia de Amador en Nueva York. ¿Por qué lo hizo? Tal vez como un doble juego, por si algo fallaba.
La visita de Duque a Herrán motivó que este último dirigiera una fuerte carta a Cromwell advirtiéndole que los intereses que representaba en Panamá estaban en peligro si se involucraba en promover la separación. Ello motivó al abogado a distanciarse de Amador, e hizo llamar a su socio Bunau Varilla para tratar con el panameño. Aparentemente no se molestó en explicárselo, de ahí el cablegrama enviado por Amador a Panamá con la expresión “disappointed” (decepcionado).
Pero en realidad, Cromwell cablegrafió de inmediato a su socio Bunau Varilla para que tratara con Amador, labor que no podía asumir directamente sino a riesgo de poner en peligro sus intereses. Bunau Varilla inmediatamente se trasladó a Nueva York desde París, donde se encontraba, llegando el día 22 de septiembre. Aunque la excusa esgrimida por Bunau Varilla para este viaje es la supuesta enfermedad de su hijo, que estaba vacacionando en Estados Unidos, él mismo cuenta que lo primero que hizo, tan pronto bajó del barco, fue visitar a Amador a su hotel, y no ir a ver a su hijo “enfermo”. Que Cromwell siguió moviendo los hilos de las marionetas detrás del escenario queda probado por la participación activa de los directivos de la Cía. del Ferrocarril en los hechos (Beers, Shaler, Prescott).