Panamá, 4 abr (PL) Un informe de la Contraloría General de la República refiere hoy que la población de edad avanzada comenzará a incrementarse en Panamá a partir de 2020, hasta alcanzar el 24 por ciento en 2050.
Para entonces se prevé que las personas mayores de 60 años sean poco más de un millón, con predominio entre las mujeres debido a sus altos niveles de sobrevivencia con respecto a los hombres.
El documento también precisa que para el 2050, el número de adultos mayores que sobrepasen los 60 años se incrementará a 129,3 por cada 100 jóvenes menores de 15 años.
Según el exdirector de Estadística y Censo de la Contraloría Dimas Quiel, el envejecimiento traerá cambios que impactarán en la seguridad social, la economía y el sistema de salud.
Ante esta situación, el estudio sugiere la creación de instituciones dedicadas al cuidado de los ancianos, además de la implementación y el desarrollo de actividades que fomenten su protección.
"El Estado deberá aplicar políticas públicas, planes y programas orientados a este sector de la población que inminentemente va en un progresivo crecimiento", apunta el texto.
De acuerdo con el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, anualmente la institución recibe un presupuesto de dos mil millones de dólares, cifra con la que esperan dotar a los hospitales del equipo adecuado para atender a los ancianos.
Mientras, el titular de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez, dijo que el envejecimiento es un tema que debe inquietar a todos, pues se trata de garantizar el futuro de los más viejos.
Recordó que cuando ingresó a la entidad existían unos 89 mil adultos mayores inscritos en el programa 120 a los 65 (subsidio), lo que representaba una asignación presupuestaria de 120 millones de dólares al año.
Sin embargo, actualmente el número ronda los 130 mil beneficiarios, con un gasto anual de 169 millones de dólares.
De igual forma, trascendió que la Asamblea Nacional tiene en su poder la aprobación de un proyecto de ley que establece la protección integral de los derechos de las personas de la tercera edad en Panamá.
La ordenanza instituye, además, multas de hasta cinco mil dólares para aquellas personas o instituciones que maltraten o pongan en peligro la seguridad de los ancianos.
La normativa prevé también la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, el cual será la autoridad competente para regular y fiscalizar la atención de ese segmento poblacional en las instituciones públicas y privadas de asistencia y protección familiar.
Al respecto, el diputado Iván Picota resaltó la importancia de contar con una institución como esa, porque si bien el Ministerio de Desarrollo Social brinda alguna ayuda a esa población, no hay una entidad que se encargue de la planificación de los adultos mayores.
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