La organización política Marea Socialista, ofreció una rueda de prensa el jueves 16 de junio desde su local central recientemente allanado por el (CICPC) en circunstancias confusas y todavía no aclaradas suficientemente por las autoridades. Marea Socialista declaró sobre los brotes de protestas que se vienen produciendo en reclamo de alimentos en distintas ciudades del país y presentó propuestas para el manejo de la crisis alimentaria y de medicinas.
En la rueda de prensa les acompañaban los ex ministros de Chávez, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez y Oly Millán, el antropólogo e indigenista profesor Esteban Emilio Mosonyi y otras personas distinguidas por sus aportes a las luchas sociales y ecológicas como Santiago Arconada y Edgardo Lander, quienes concurren junto con Marea Socialista en las campañas por la Auditoría Pública y Ciudadana (contra la Deuda ilícita y el Desfalco a la Nación) y por la Anulación del Decreto de Explotación del ARCO Minero del Orinoco (el AMO). Tras la intervención de Gómez hablaron Freddy Gutiérrez, Ana Elisa Osorio y Esteban Emilio Mosonyi, cuyas declaraciones son recogidas aparte por Aporrea.org con los respectivos videos.
Gonzalo Gómez, vocero del Equipo Operativo nacional de Marea Socialista, lamentó que por la falta de soluciones oportunas se haya llegado a una situación en que se vienen produciendo saqueos y la intervención represiva de los cuerpos de seguridad. Creen que la protesta debe canalizarse cívica y políticamente en lugar de caer en saqueos que por unos pocos productos hoy dejan establecimientos vacíos y destrozados para mañana, permitiendo la pesca en río revuelto por sectores delictivos o aprovechadores, y ahondando los padecimientos de la población. Pero rechazan contundentemente que se reprima al pueblo como en la IV República. Marea identifica como principales saqueadores a: los responsables del desfalco y fuga de capitales, a los corruptos, a los grandes especuladores y a quienes optan por liquidar los recursos naturales del país para cubrir el hueco dejado por el Desfalco a la renta, como en el caso del Decreto del Arco Minero, antes que asistir al pueblo en esta emergencia.
Para obtener recursos que permitan solventar la emergencia alimentaria y de salud, trayendo alimentos y medicinas para el pueblo venezolano y recuperando su producción, este movimiento político plantea la suspensión y renegociación del pago de la Deuda pública externa, (llamada soberana), mientras se realiza una Auditoría Ciudadana, y que se destinen las divisas correspondientes a satisfacer las necesidades de comida y medicamentos, así como de otros productos de consumo básico de nuestro pueblo. Exigen esto, porque denuncian que el gobierno nacional ha decidido un recorte de las importaciones en aproximadamente un 70 % para garantizar primero la entrega de recursos para el pago de deuda, poniendo en segundo término al pueblo venezolano y la sobrevivencia de las familias, frente a los acreedores y los especuladores de los mercados financieros.
Por otra parte, plantean que en vista de la inmensa fuga de capitales y desfalco a la nación; fuga que el propio presidente Maduro ha reconocido en la dimensión de unos 300 mil millones de dólares, se decida un impuesto de por lo menos el 10 % a dichos capitales, mientras se procura su recuperación a través del sistema bancario internacional y las regulaciones legales que suscriben los países. Igualmente señalan la conveniencia de activar el Artículo 116 de la Constitución que prevé la confiscación de bienes de los responsables de delitos contra el patrimonio público, incluidos los casos de corrupción contra fondos, empresas y proyectos del Estado.
En lo inmediato, para la traída rápida de alimentos y medicinas exhortan al gobierno a recurrir al marco solidario de la integración latinoamericana, con la que Venezuela ha contribuido, así como con la ayuda internacional, pero rechazan toda maniobra intervencionista contra la patria como la intentada por la OEA.
Le piden al gobierno que ponga a producir al máximo de su capacidad a las empresas del Estado del área de la alimentación, lácteos y productos agropecuarios, garantizando su distribución al pueblo y aplicando el control social.
Frente a la ola especulativa y el ascenso hiperinflacionario de los precios, exigen que se cumpla a cabalidad con el Art. 91 de la CRBV, el cual establece que el salario mínimo debe calcularse tomando como una de sus referencias el valor de la Canasta Básica y no sólo de la Canasta Alimentaria, pues dicen que el salario mínimo no satisface ninguna de las dos y el gobierno no informa sobre los valores reales de las mismas. Aseguran que la constitución garantiza en este sentido que si los precios suben los salarios también lo hagan al nivel de la Canasta Básica, (alimentos, transporte, servicios, salud, educación, vivienda…).
Llaman a que se ponga freno a la corrupción y a los mecanismos mafiosos que corrompen y anarquizan las cadenas distributivas de alimentos creando un Estado y una economía paralela fuera de toda gobernabilidad. Para esto plantean que se recurra a la participación social amplia y transparente sin condicionamientos clientelares, sin discriminación y sin secuestro de los organismos para la entrega de bolsas de comida por parcialidades políticas y por roscas de la corrupción, donde se mezclan las complicidades de empresas, comercios, funcionarios y policías.
Finalmente, convocan al pueblo a apoyar la construcción de una nueva referencia política para recuperar la revolución y la democracia, frente al desastre creado por capitalistas y burócratas, por los factores polarizados del Gobierno/ PSUV y de la AN/PSUV, rechazados por un número cada vez mayor de venezolanos que los ven enfrascados en una lucha de poder a espaldas del sufrimiento de la población y sin abrir camino a soluciones efectivas.