La economía de Puerto Rico, una vez la de mayor crecimiento en América Latina, está descendiendo en picada desde 2006. Los puertorriqueños somos “víctimas de una situación de crisis se está empeorando exponencialmente”. El índice de desempleo llega a más del doble que en Estados Unidos, alcanzando más del 12%. Actualmente, como medida paliativa, se debate una rebaja de un 20% de la jornada laboral de los empleados de gobierno, siendo éste el mayor patrono de la Isla. Algunos economistas han hablado de un posible cierre de gobierno.
La razón de esta enorme crisis económica, es una faraónica deuda contraída con los bonistas de Wall Street por las últimas administraciones gubernamentales. A partir de la recesión económica de 2006 y la salida de las compañías 936, del Código de Rentas Internas de Estados Unidos (IRC), la recesión puertorriqueña comenzó inmediatamente después. Al Estados Unidos levantar las exenciones fiscales, las inversiones de las compañías estadounidenses comenzaron a reducirse o a retirarse. Los distintos gobiernos de Puerto Rico, recurrieron al crédito para poder funcionar. Estas medidas añadidas a la gran corrupción que existe en la Isla, crearon una deuda pública de $70,000.00 millones de dólares en ésta colonia clásica de Estados Unidos.
Otro hecho que agudizó la crisis fiscal de Puerto Rico, fue la crisis bancaria e hipotecaria y obligó al cierre de al menos tres bancos en la Isla. Frente a esta dantesca situación, el Congreso de Estados Unidos y su presidente Barack Obama, manifestaron que no irían al rescate económico de Puerto Rico. Más bien, aprobaron una sobre estructura gubernamental llamada PROMESA, profundizando más el colonialismo con poderes
Omnímodos, sobre Puerto Rico en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial. Este organismo en la práctica, abolió la “Constitución Democrática” de 1952 que regía en la Isla.
La razón principal de la ley PRMESA es servir de agencia de cobro obligatorio a los puertorriqueños. Estados Unidos, como siempre con sus mentiras, ha dicho que con esta ley viene al rescate de la Isla. Éstas son las presiones que el sistema capitalista somete a esta colonia, sin tener en cuenta las difíciles condiciones en que se vive en Puerto Rico.
El presupuesto creado por el gobernador para el año entrante y sancionado por la Asamblea Legislativa, tuvo que ser sometido para su aprobación a la Junta de Control Fiscal nombrada por el Congreso. Este organismo, eliminó partidas y redujo grandemente otras en este instrumento fiscal, reduciendo en una tercera parte la asignación económica a la Universidad de Puerto Rico. Este hecho causó la huelga estudiantil más prolongada de su historia.
Otra medida radical tomada por esta Junta imperialista fue la declaración de la Isla en bancarrota. Ocurriendo así, el mayor proceso de bancarrota en un territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Aunque a Puerto Rico, el Congreso le había eliminado el poder de declararse en quiebra como a los estados, el Título III de PROMESA permite declararse en bancarrota.