La licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, hace un llamado urgente al Tribunal Supremo para que divulgue el informe del Comité para el Estudio y Análisis de la Reválida, presidido por el juez asociado Hon. Ángel Colón Pérez. Este comité tenía la encomienda de estudiar la nota de pase de la reválida de abogados y las causas del alto por ciento de desaprobación de ese examen. El contenido del informe no ha sido divulgado y compartido con la comunidad jurídica ni el país y la situación es cada vez más difícil para los egresados y egresadas de las tres Escuelas de Derecho, pues la acreditación de estas por la American Bar Association (ABA) depende del por ciento de aprobación de cada institución en un plazo de dos años. Todos conocemos los resultados de las últimas reválidas.
El reclamo de la presidenta del Colegio, que agrupa profesionalmente a parte de los togados y togadas del país, se dio tras conocerse que solo aprobó el 22% de los aspirantes que tomaron la pasada reválida, ofrecida en marzo de este año.A su juicio, el alto porcentaje de fracasos demuestra que hay urgencia en conocer las causas de esta situación. Por eso su demanda de que el Tribunal Supremo divulgue las conclusiones y recomendaciones del informe preparado por dicho el comité que preside el Hon. Ángel Colón Pérez.
La letrada destacó que el último estudio conocido y divulgado sobre la Educación Jurídica y la Reválida en Puerto Rico se presentó en diciembre de 1979 al entonces juez presidente, Hon. José Trías Monge, por la comisión especial designada con esa encomienda. No se ha vuelto a realizar un estudio de tal envergadura sobre un tema que afecta, no solo a la comunidad jurídica, sino al país, por la importancia de los servicios legales para la ciudadanía. Por eso la urgencia de retomar el estudio de este delicado asunto,para propiciar su discusión pública y aunar esfuerzos para su solución.
Mientras, el Colegio de Abogados y Abogadas le solicitó al ABA que conceda a las Escuelas de Derecho del país una moratoria, antes de aplicar los nuevos criterios de acreditación. La pérdida de la acreditación del ABA compromete el prestigio y la calidad de la educación jurídica delas Escuelas de Derecho de Puerto Rico. Por estoes necesario atender el urgente reclamo de los egresados y egresadas de los estudios jurídicospara que se estudien las causas del bajo por ciento de aprobación del examen que los acredita para ejercer su carrera.
El CAAPR constituyó recientemente la Comisión Especial de la Presidencia para atender el pase de la reválida y todos los asuntos relacionados con ello, de manera que pueda colaborar con todas las partes interesadas, la misma es presidida por el Lcdo. Leonardo Cabán.
La situación se ha tornado alarmante, expresa la licenciada Calcaño López, y requiere eldesarrollo de un plan de acción concertado entre las tres escuelas, los graduados en Derecho y el Tribunal Supremo, como autoridad reguladora de la profesión jurídica. El CAAPR está disponible para colaborar ante un asunto que esta revestido del más alto interés público. Se impone la transparencia y el compromiso de todos para encontrar una solución razonable y justa para los aspirantes y para el país que espera por sus servicios, expresó Calcaño López.