El 19 de febrero de 2017 se efectuó en una segunda vuelta las elecciones a la presidencia y vicepresidencia de la república de Ecuador. Estas elecciones se llevaron a cabo debido a que ninguno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en una primera vuelta obtuvo más del porciento de votos requeridos por la Constitución para ser certificados ganadores en una primera consulta electoral. De acuerdo con la Constitución ecuatoriana, para que un candidato a la presidencia y vicepresidencia resulte electo en una primera vuelta electoral, se requiere que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos, es decir, el cincuenta porciento más uno de los votos; o que el candidato o candidata obtenga el 40% de los votos válidos emitidos, pero con una ventaja de al menos un 10% en votos sobre la candidatura que llegue en la segunda posición. De no obtenerse tal resultado, se deberá llevar cabo una segunda elección entre las dos candidaturas a la presidencia y vicepresidencia que obtuvieran el mayor número de votos.
En las elecciones presidenciales en Ecuador, además de los electores escoger quién ocupará la presidencia y vicepresidencia; se escogen 137 diputados a la Asamblea Nacional, organismo legislativo unicameral de Ecuador; y la representación parlamentaria ante el Parlamento Andino.
En las elecciones de 2017 se enfrentaron en una segunda vuelta las dos agrupaciones políticas que más votos habían obtenido en la primera vuelta: “Alianza País”, por el entonces candidato oficialista Lenin Moreno, quien había fungido como vicepresidente bajo el gobierno de Rafael Correa; y el neoliberal Guillermo Lasso, de la “Alianza por el Cambio”, quien concurría como candidato por segunda vez. En esta segunda vuelta electoral Moreno alcanzó el 51.6% de los votos mientras Lasso, obtuvo el 48.84%. A pesar de estos números finales, lo cierto es que Lasso obtuvo un avance en el número de votos, desde la primera vuelta de un 28.09% al 48.84% en la segunda, con un incremento de más de un 20% de los votos. Moreno por su parte, obtuvo un incremento de poco menos de 11% entre la primera y la segunda vuelta. Fue natural que así fuera dado el hecho que toda la derecha, la cual se encontraba más dividida en la primera vuelta que la izquierda, consolidó su voto en Lasso en la segunda vuelta.
A Moreno le acompañó como candidato a la vicepresidencia Jorge Glass, quien también había ocupado la posición de vicepresidente durante otro de los mandatos de Rafael Correa.
El resultado de la segunda vuelta dejó un país profundamente dividido. A pesar de ello, al evaluar el resultado de la contienda electoral, señalamos entonces que a pesar de tal desgaste en “Alianza País”, el peor de los escenarios hubiera sido perderlas, lo que hubiera significado el retroceso en las conquistas sociales alcanzadas producto de la Revolución Ciudadana impulsada por el presidente Rafael Correa. Entendíamos entonces que el triunfo de Lasso hubiera significado el regreso a las recetas neoliberales globales vigentes al momento del triunfo de Rafael Correa. Sin embargo, nos equivocamos en el pronóstico. No pudimos prever en aquel momento que, con el triunfo de Lenin Moreno, el neoliberalismo también se iba a imponer durante el nuevo gobierno.
En efecto, Moreno demostró durante su presidencia que había sido un topo neoliberal dentro del gobierno de Rafael Correa, dejando ver durante su mandato su verdadera naturaleza. Descubriendo su verdadero rostro, apenas juramentado en su cargo, dirigió su ataque contra su propio compañero de papeleta, Jorge Glass. Primero lo despojó de sus atribuciones constitucionales en su cargo mediante el Decreto Presidencial Núm. 100; y luego, procesándolo como un criminal corrupto. Con Correa procedió en términos similares. Promovió contra acusaciones por actos de corrupción y provocó su salida del país.
Apenas pocos meses desde haber jurado como presidente, el 1 de octubre, Moreno hizo público la imposición a los ecuatorianos de un paquete de medidas de choque neoliberales requeridas por el Fondo Monetario Internacional.
La propuesta neoliberal constituyó la antítesis de las posiciones que en el pasado Moreno había sostenido cuando fue funcionario del gobierno de Rafael Correa y del programa de gobierno con el cual en 2017 concurrió a las urnas.
De acuerdo con Rafael Correa, a dos años de ocupar la presidencia, Moreno “desfinanció al Estado adrede y sumió a 500 mil personas en la pobreza.” Señaló que durante los 10 años que duró su gobierno, en Ecuador se dio una inversión de $100 mil millones, limitándose el crecimiento de la deuda pública en $14 mil millones. Moreno, sin embargo, en los primeros dos años de su gobierno, incrementó la deuda pública ecuatoriana en $15 mil millones. A lo anterior debe sumarse, entre otras, la adopción por parte del gobierno de Moreno de un conjunto de medidas neoliberales que en el año 2019 incluyeron la eliminación de subsidios a los alimentos, incrementos en los precios de la gasolina y el diésel; la reducción en un 50% de los días de vacaciones de los empleados públicos; modificaciones de los derechos de los nuevos trabajadores en contratos de empleo ocasionales, reduciendo el 20% del valor de los salarios; y el despido de empleados públicos.
En las elecciones efectuadas el 7 de febrero de 2021, donde participaron alrededor de 16 partidos políticos, una vez más, ninguno de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia alcanzaron el porciento requerido por la Constitución para ser electo en una primera vuelta. En la segunda vuelta se enfrentaron Guillermo Lasso candidato de la alianza entre la organización CREO y el Partido Social Cristiano obteniendo el 52.36% de los votos, frente a Andrés Arauz candidato de la alianza UNES que obtuvo el 47.64%.
La propuesta neoliberal implantada por Lasso continúa siendo la de su predecesor Lenin Moreno. Bajo el gobierno de Moreno, en 2019, se desarrollaron por parte de los sectores populares importantes jornadas de lucha contra las medidas neoliberales de su gobierno. Indica Magdalena León Trujillo en su ensayo Ecuador: un país herido que vuelve a estallar, publicado el 24 de junio de 2022 por alai.info, que a pesar de que el gobierno de Lasso comenzó el pasado año, el plan neoliberal que implantó es aquel que Moreno adoptó bajo su presidencia luego de abandonar el que le llevó al poder sustituyéndolo por el de su contrario. Al hacerlo, Moreno abrió “paso a la retoma del poder por la derecha con el consiguiente giro neoliberal y anti-estado.”
Indica la autora del ensayo lo siguiente:
“La saga neoliberal reincide en acciones que en el pasado llevaron a una crisis extrema (en el cambio de siglo), marcada por la quiebra del sistema bancario, la dolarización y la migración masiva de la población. Retornan actores y agendas de entonces, como una suerte de muertos vivientes. Si el propio Lasso es un banquero ‘venido a más’ en ese contexto de fraudes especulativos, en su equipo de gobierno ha rescatado figuras de la época desfasadas en muchos sentidos de las realidades y urgencias actuales del país. La distancia entre las necesidades del país y las orientaciones del gobierno es palpable y percibida por la gente, pues los hechos no pueden ser más elocuentes.”
Desde el pasado 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), convocó, organizó y estuvo desarrollando múltiples protestas en todo el país contra la aplicación por parte del gobierno de su presidente Guillermo Lasso de un nuevo paquete de medidas neoliberales. Entre las demandas formulada por CONAIE se encuentran: congelar los precios del diésel y la gasolina; moratoria de las deudas de la banca pública, privada y las cooperativas; precios justos en los productos del campo; empleo, derechos laborales, libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora; no ampliación de la frontera existente en cuanto a la producción minera y extracción de petróleo; detener la privatización de los servicios públicos; garantías en el acceso a los servicios de salud, a la educación superior y mejoramiento en la infraestructura escolar; y la adopción de políticas que aseguren la seguridad y la protección frente a la ola de violencia, delincuencia y narcotráfico.
Las movilizaciones generaron violentos encuentros entre las fuerzas de seguridad de la policía y los militares, frente a los manifestantes, creando un escenario de gran inestabilidad que puso en jaque a la presidencia del país.
La Constitución de Ecuador contempla en su artículo 130, Inciso 2, que mediante el recogido de 46 firmas entre los integrantes de la asamblea legislativa, se puede dar inicio a un proceso dirigido a la destitución del presidente de la República. Recientemente se activó este procedimiento tras recogerse 47 firmas con tal propósito. Se indica que el proceso ha sido la iniciativa de integrantes de la asamblea favorables al partido que dirigió el anterior presidente, Rafael Correa. Activado el procedimiento dispuesto por el Artículo 130, se dispone que en un plazo de 72 horas, se lleve a cabo una votación donde con la concurrencia de dos terceras partes de la asamblea legislativa (92 votos) se proceda a decidir si se destituye o no al presidente.
Las causales para el proceso de destitución suponen que exista una grave crisis política y conmoción interna en el país. De acuerdo con el Tribunal Constitucional de Ecuador, lo anterior “implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de derechos constitucionales la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía.”
En la eventualidad de que se dé inicio el proceso de destitución, la asamblea legislativa convocará a una sesión ordinaria o extraordinaria donde el presidente puede comparecer a defenderse de los cargos en su contra. Si no comparece, el proceso continuará en rebeldía, donde se debatirán los cargos en su contra y se tomará, luego del debate, una decisión.
Ante los señalamientos hechos por la CONAIE, el gobierno del presidente Lasso inició conversaciones y respondió con algunas propuestas. En ellas se atendieron algunas de las demandas, a saber: la reducción en 10 centavos en la gasolina; medidas compensatorias en créditos agrícolas y productivos y la condonación de créditos vencidos; reducción en las tasas de interés, aumento de $5.00 mensuales en un bono de desarrollo humano; el compromiso de no privatizar activos del Estado en sectores estratégicos ni servicios públicos; mandatar a los gobernadores e intendentes el control de precios; y la asignación de algunos recursos adicionales para atender el problema de la seguridad ciudadana. Otras demandas de la CONAIE, sin embargo, no fueron atendidas de inmediato. Posteriores sucesos relacionados a los enfrentamientos con manifestantes, donde en uno de ellos falleció un militar, llevaron al gobierno de Lasso a abandonar la mesa de negociaciones.
Previo a la activación del Artículo 130 de la Constitución, el país había sido objeto del Decreto Número 455. En virtud del mismo se estableció un “estado de excepción” en la capital, seguido por otro decreto, el Número 459, donde tal estado de excepción se extendió a seis provincias.
De haberse conseguido el número de votos señalado para la destitución del presidente Lasso, lo que no ocurrió, el vicepresidente de la República asumiría el mandato temporal y en siete (7) días, el Consejo Nacional Electoral convocaría a nuevas elecciones, tanto legislativas como para la presidencia. Electos los nuevos funcionarios, éstos completarían el término para el cual fue elegido el gobierno, en este caso, hasta mayo de 2025. El proceso, sin embargo, favoreció la continuación de Lasso en la presidencia del país al no obtener la oposición el número de votos necesarios.
La Constitución también contempla en otra de sus disposiciones la disolución del poder legislativo. Esta puede ocurrir cuando a juicio del presidente de la República dicho poder legislativo se hubiere arrogado funciones que no le corresponden constitucionalmente, previo dictamen del Tribunal Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna. En tal eventualidad, el Consejo Nacional Electoral ha de convocar a las elecciones, los legisladores abandonarán sus cargos y el gobierno se conducirá a base de decretos hasta que, luego de las elecciones, se forme un nuevo gobierno.
Otro mecanismo electoral para la sustitución del presidente es llevar a cabo un referéndum revocatorio.
En lo inmediato, las organizaciones alrededor de la CONAIE decidieron continuar sus protestas sociales y reiteraron sus demandas, ampliándose las manifestaciones a distintas regiones de Ecuador. El presidente Lasso, superada la prueba inicial de su destitución inicialmente canceló la participación de su gobierno en la mesa de negociación con los representantes de la CONAIE encabezados por su presidente Leónidas Iza, aunque posteriormente, tras la intervención y mediación de la Conferencia Episcopal de Ecuador, las partes regresaron a la mesa de diálogo. Finalmente fue el 30 de junio fue alcanzando un acuerdo.
El documento recogiendo los acuerdos fue firmado, en representación de Lasso, por el Primer Ministro de Ecuador, Francisco Jiménez; por la CONAIE, fue suscrito por su presidente, Leónidas Iza. También lleva las firmas de los presidentes del Consejo de los Pueblos y Organizaciones Evangélicas (FEINE), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y un representante de la Conferencia Episcopal.
En virtud del acuerdo cesaron las protestas y movilizaciones populares, a la par que el gobierno se comprometió a dejar sin efecto el estado de excepción. Mientras tanto, si bien el gobierno se comprometió, además, a llevar a cabo otras medidas de reducción del paquete económico impuesto, incluyendo incrementar la reducción en el costo del diésel en cinco centavos adicionales, Ecuador sigue viviendo un espiral inflacionario que bien puede llevar a otro escenario futuro de lucha popular.
No sería la primera vez que la lucha del pueblo encabezada por la CONAIE y otras agrupaciones representativas de los movimientos sociales, eche abajo un presidente y un gobierno en el Ecuador. Todavía, a pesar de la terminación de las movilizaciones populares de los pasados 18 días, la situación pendular de la política en este hermano país permanece.