Crisis de deficit de democracia en Panamá

Burlándose descaradamente de la opinión pública expresada en las calles y en las consultas ciudadanas, el gobierno del PRD-Cortizo y la Asamblea Nacional, con todos sus partidos (PRD, Molirena, Panameñista, Cambio Democrático, Martinellistas, Populares, etc.) aprobaron el contrato con la empresa First Quantum Mineral (FQM), o Minera Panamá. Mofándose del pueblo panameño, cambiaron algunas frases del contrato para decir que lo habían modificado. Tan pronto la embajadora norteamericana dijo que ella avalaba el contrato, corrieron todos esos títeres gringueros a aprobar el contrato. Cuando se percataron que las organizaciones populares no se dejarían engañar recurrieron a la represión para impedir el acceso al recinto legislativo. 

La actuación de las autoridades de todos los órganos del estado panameño, ejecutivo, legislativo y la Corte Suprema de Justicia, que tardó 20 años en señalar la inconstitucionalidad del primer contrato, muestra que las instituciones están corrompidas por oscuros intereses privados. La forma como se ha despreciado a la opinión pública prueba que estamos ante un estado antidemocrático y antipopular. La sospecha de que el apuro en aprobar el contrato es indicio de corrupción y de fraude electoral anticipado, si los dineros del sector minero, por vías directas o indirectas acaban financiando las campañas presidenciales. 

En la política panameña, todos los lazos conducen a los intereses de First Quantum:  

1. El presidente Laurentino Cortizo votó a favor del contrato original hace 20 años, el que luego fue declarado inconstitucional, en una época caracterizada por los “sobres amarillos” debajo de las mesas, como confesó un diputado.  
2. El ministro negociador del nuevo contrato, Alfaro, está emparentado con miembros del bufete de abogados que defiende los intereses de esa empresa, Morgan y Morgan.  
3. El vicepresidente y candidato presidencial, Gaby Carrizo, fue abogado de Petaquilla, la empresa que vendió “derechos” a FQM.  
4. El candidato “opositor”, Rómulo Roux, es socio de Morgan y Morgan. 
5. El otro “opositor” Ricardo Martinelli ha defendido el contrato y también tiene intereses mineros. 
6. El tercero en disputa de la falsa oposición, Martín Torrijos, era conspicuo dirigente del PRD cuando se aprobó el primer contacto. 

Está claro que la única salida frente a los intereses mineros y los corruptos políticos salpicados por la mina es política. Hay que sacar del gobierno a los partidos, políticos y candidatos que representan intereses antinacionales mineros. Si queremos un país sin minería o, al menos, sin minería a cielo abierto, no podemos elegir a los mismos de siempre. Si queremos un país verdaderamente democrático en el que se escuche la voz del pueblo, no podemos elegir en 2024 a candidatos que trabajan para Minera Panamá. El Polo Ciudadano de Panamá señala que, en 2024, hay una sola opción política para sacar a los corruptos de las instituciones, la candidatura presidencial Maribel Gordón y Richard Morales. 

Panamá, 20 de octubre de 2023.