(San Juan, 10:00 a.m.) La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sometió por ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción (Pepca), órgano de la Procuraduría General de la República, un nuevo caso de presuntas irregularidades en una licitación por RD$1,300 millones (22,886,756 de dólares) entre el estatal Instituto Nacional de Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam SRL para la adquisición de semáforos inteligentes. El contrato del referido concurso fue remitido al Ministerio Público debido a que en la investigación realizada se hallaron “indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimiento sospechoso de accionistas, entre otras irregularidades”. “Los hallazgos del informe de cumplimiento tras agotar un proceso de debida diligencia fueron remitidos a la Procuraduría General de la República, a fin de que investigue las acciones ejecutadas”, explicó Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas. Luego de estallar ese escándalo, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo para facilitar el proceso de averiguación y dijo confiar en que se aclare esa situación. Beras fue reemplazado el pasado domingo por el jefe de Estado y en su lugar designó al coronel del Ejército Randolfo Oniel Rijo como director interino. En una rueda de prensa, Pimentel indicó que se decidió remitir el caso a la Procuraduría General de la República luego de haber suspendido temporalmente el contrato y analizado dos denuncias contra ese proceso. Explicó que, tras haber analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, se constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio. Dijo que con la pesquisa, la cual fue realizada junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría, estará agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam, SRL, para determinar las consecuencias jurídicas, acordes con la naturaleza de las anomalías y hechos que se mencionan en estas resoluciones. La licitación para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo fue ganada por la empresa Transcore Latam, SRL y, según Carlos Pimentel, durante el proceso de averiguación se encontró un acta de gerencia de este año en la que se incluyó como “fiador solidario invisible” a la empresa DeKolor SRL. Igualmente, la referida compañía también aparece en facilidad crediticia tomada por Transcore Latam, con una entidad financiera de RD$120 millones (US$ 2,112,359) como la gestionada para el proceso de contratación. Aseguró el funcionario que DeKolor SRL está relacionada con José Ángel Gómez Canaan, conocido como “Jochy Gómez”, y su empresa OML Inversiones con quien ha compartido acciones a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña. El equipo ejecutivo de esa institución cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software para aplicaciones de identidad en el ámbito civil y gubernamental”, así lee un fragmento de una publicación colgada en la página web de la referida empresa. En ese mismo sitio web aseguran ofrecer servicios en sistemas de identificación, administración de documentos, tecnología biométrica, integración de sistemas de identidad, gestión de sistemas de tráfico y soluciones móviles. ¿QUIÉN ES JOCHY GÓMEZ? Se recuerda que Jochy Gómez, hijo del periodista Guillermo Gómez, productor del programa de televisión “Aeromundo”, fue acusado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como cómplice en el supuesto fraude cometido en los equipos de voto automatizado utilizados en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la que Gonzalo Castillo fue declarado candidato presidencial ganador por encima de Leonel Fernández. Además, en el año 2012, fue interpelado por presuntamente hackear a 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del Gobierno de ese entonces. Fue señalado como el responsable de espiar correos de varios ministros y personalidades del ámbito empresarial de la época, así como de haber tenido acceso a correos de la exprimera dama y dos veces expresidenta de la República, Margarita Cedeño. Por esos señalamientos, en febrero de 2012, fueron allanadas varias propiedades y oficinas de su padre, de donde agentes incautaron equipos electrónicos en busca de evidencias que lo vincularan con el supuesto ilícito. Luego, en julio del mismo año, Jochy Gómez fue apresado por el alegado vínculo de robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correos electrónicos en perjuicio de distintas personalidades. En esa ocasión le fueron dictados tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a ser cumplidos en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, región Sur dominicana. Fue dejado en libertad bajo fianza un mes después. Luego de un año, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción de Distrito Nacional decidió extinguir la acción penal contra el imputado, debido al retiro de 23 supuestas víctimas así como la falta de calidad de uno de los querellantes.
