(San Juan, 9:00 a.m.) El exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez-Otero fue condenado hoy a cinco años y tres meses de prisión por la jueza Aida Delgado, además de 63 meses en probatoria, luego de que el 23 de marzo de 2023 un jurado federal lo declarara culpable de conspiración, soborno y extorsión. Según trascendió en el juicio contra Pérez-Otero, de 53 años, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que, desde finales de 2019 hasta mayo de 2021, aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo de forma regular de Oscar Santamaría, propietario de una compañía constructora. El empresario, quien colaboró con la fiscalía federal para destapar el esquema de corrupción, al igual que el alcalde de Cataño, Félix Delgado, se declararon culpables para evitar ir a juicio, aguardan por su sentencia. Pérez-otero se negó en cinco oportunidades a aceptar ofertas de colaboración con la fiscalía federal, mediante la delación de otros políticos involucrados, según trascendió en su momento. A cambio de los pagos, el otrora expresidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que aglutina a los ejecutivos municipales afiliados al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), acordó obtener y conservar contratos gubernamentales para la empresa y se aseguró de que las facturas se pagaran puntualmente. Al exejecutivo del poderoso Guaynabo, bastión del PNP, la jueza Delgado también le impuso 160 meses de trabajo comunitario. La defensa de Pérez-Otero consideró excesiva la condena, pero la jueza federal estableció que tomó en cuenta su formación universitaria, su edad y la confianza que depositó el pueblo, al elegirlo diputado y alcalde. Dictada la sentencia, que incluye 160 meses de trabajo comunitario y otros 63 meses de libertad supervisada, la defensa pidió que se le permitiera a Pérez Otero entregarse de manera voluntaria, a lo que la jueza accedió, explicando que no se le acusó de crímenes violentos ni era una amenaza para la sociedad, y había cumplido con las exigencias mientras estaba libre bajo fianza. Delgado también acogió la petición de la defensa de que se le permitiera cumplir su sentencia en Pensacola (Florida), aunque la determinación estaría sujeta a la disponibilidad que tuviera el Negociado Federal de Prisiones de Estados Unidos. La jueza federal, en un proceder poco usual en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Puerto Rico, realizó una extensa reflexión destacó los 19 casos de corrupción que han llevado a prisión en los últimos años a alcaldes y legisladores. “Los sobornos se siguen ofreciendo y se siguen aceptando”, por lo que “hay que acabar con esa corrupción” pues la gente de Puerto Rico “necesita creer otra vez”. La fiscal general adjunta interina Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el agente especial Joseph González, a cargo de la Oficina de Campo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan se expresaron sobre la investigación del esquema de corrupción. El abogado litigante Nicholas Cannon, de la Sección de Integridad Pública de la División Penal, y la fiscal federal adjunta Myriam Fernández-González para el Distrito de Puerto Rico procesaron el caso, en el que ayudaron en la pesquisa el abogado litigante Ryan R. Crosswell y el fiscal federal adjunto Scott H. Anderson.
