(San Juan, 10:00 a.m.) El director de Educación Técnica del Departamento de Educación de Puerto Rico, Kelvin Pagán-La Luz, que dimitió el pasado 31 de enero, se declaró hoy culpable de robo de fondos federales por más de 213,000 dólares en contubernio con el contratista Javier Santiago-Rodríguez y Star Enterprises, informó la fiscalía federal de Estados Unidos en San Juan.
Según los acuerdos de culpabilidad, desde junio de 2019 y hasta agosto de 2021, los acusados se ayudaron e instigaron entre sí, robaron, malversaron y obtuvieron mediante fraude $213,201.07 propiedad y bajo el cuidado, custodia y control del Departamento de Educación de Puerto Rico.
Pagán-La Luz se desempeñó como director del Programa de Educación Técnica, un componente responsable de la administración de las instituciones públicas postsecundarias operadas bajo los auspicios del Departamento de Educación.
Mientras convivía como pareja con el demandado Javier Santiago-Rodríguez, propietario y presidente de la demandada Star Enterprises, corporación con idéntica dirección física registrada a la residencial que compartía con Pagán-La Luz.
En noviembre de 2017, Star Enterprises no renovó su certificado de elegibilidad para contratar con el Departamento de Educación de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales locales, y en diciembre de 2019 el Departamento de Estado canceló el certificado de constitución de Star Enterprises por incumplimiento de la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico.
A diciembre de 2019, Star Enterprises no podía celebrar legalmente ningún contrato con el gobierno ni hacer negocios en Puerto Rico, pero a pesar de no tener un certificado de elegibilidad válido ni un certificado de incorporación válido, Pagán-La Luz autorizó pagos a Star Enterprises por un total de $213,210.07 por el trabajo que Star Enterprises supuestamente realizó para el Departamento de Educación.
En septiembre de 2020, Pagán-La Luz utilizó una empresa intermediaria que era un contratista autorizado para canalizar $59,999 a Star Enterprises y Santiago-Rodríguez por servicios que nunca se prestaron.
El jefe de la fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, dijo que espera que estas condenas envíen un mensaje claro de que la Oficina del Fiscal Federal “y nuestros socios federales y estatales trabajarán agresivamente para llevar ante la justicia a quienes defraudan al gobierno, especialmente las instituciones dedicadas a servir a nuestros niños”.
“La corrupción pública socava la confianza en nuestras instituciones gubernamentales y el Estado de derecho. Continuaremos responsabilizando a quienes violan la confianza del público para su beneficio personal”, recalcó Muldrow.
“Estos individuos abusaron de sus posiciones de confianza para beneficio personal, y con la acción de hoy, ahora serán responsables de engañar a aquellos a quienes prometieron servir: los estudiantes de Puerto Rico”, dijo
El agente especial interino Robert Wolfe, a cargo de la Oficina del Inspector General Región Sureste del Departamento de Educación de Estados Unidos, advirtió que continuarán trabajando “con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir agresivamente a quienes se apropian indebidamente de fondos educativos para sus propios fines egoístas”.
“Los estudiantes y contribuyentes de Puerto Rico no merecen menos”, ratificó Wolfe.
En tanto, Joseph González, agente especial a cargo del FBI en San Juan, dijo que el funcionario “llamado a actuar en beneficio de los niños” lo hizo en cambio en beneficio suyo y de su pareja.
“No puedo enfatizar esto lo suficiente: ningún plan es invisible y el pueblo de Puerto Rico está cansado de soportar este comportamiento de quienes se supone deben servirles”, dijo González.
Insistió en que el equipo de anticorrupción pública del FBI está capacitado para detectar y desbaratar complots para defraudar al gobierno y a sus electores, por lo que “no nos detendremos y continuaremos instando al público a denunciar estos esquemas, (pues) juntos podemos continuar nuestro trabajo para hacer de Puerto Rico un lugar donde nuestros niños obtengan los servicios educativos que necesitan y merecen”.
Está previsto que los acusados sean sentenciados el 22 de mayo a las 10:00 de la mañana y enfrentan una pena máxima de diez años de prisión, una multa de 250.000 dólares y una pena de libertad supervisada de tres años.
Un juez de un tribunal de distrito federal de Estados Unidos en Puerto Rico determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas y otros factores legales.