(San Juan, 1:00 p.m.) Hace unos días el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por vía de su candidato a gobernador, Juan Dalmau, ofreció una conferencia de prensa para indicar que de llegar poder en noviembre del 2024, habrán de eliminar la ley de beneficios contributivos a los inversionistas mil millonarios, bajo la Ley 22-2012, hoy integrada en la Ley 60-2019. Esta propuesta del PIP, es por decir lo mínimo, revolucionaria.
Para un país en convulsión, donde luego de la pandemia de 2020, la mayoría de la población se ha empobrecido, no es menos cierto, que los ricos se han hecho más ricos; también, la riqueza de unos, ha representado el desplazamiento de muchos que han perdido sus hogares o lugares históricos de residencia.
La propuesta del PIP permite reorganizar el país, de ellos llegar al poder, de una forma más justa, y eliminar la desigualdad social que ha credo la Ley 22-2012, como la Ley 60-2019. Lo interesante de la propuesta de ellos, fue la respuesta que creo de parte de todos los concernidos en la política local, en particular el Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes contradijeron la posición del PIP.
En estas elecciones está juego el bienestar generar del pueblo trabajador boricua. En esta medida, hay que recoger las propuestas radicales que surjan, en este caso la del PIP, lo cual representa una ruptura de parte del gobierno del futuro, de beneficiar al pueblo y no a los grandes intereses. Pensemos.