Las relaciones oficiales de Puerto Rico con el Caribe

Podemos señalar que hasta nuestros días existen tres etapas en el desarrollo de una política exterior puertorriqueña hacia el Caribe: La primera fue des arrollada por el Ex Gobernador Luis Muñoz Marín (L.M .M.) (1952-1964 ); la segunda hace referencia al periodo de gobierno Rafael Hernández Colón (1972- 1976, 1984-1992); y la tercera, de la política exterior puertorriqueña se desarrolló bajo la incumbencia de la Ex Gobernadora Sila M. Calderón (S.M.C.), y durante el periodo de su Secretari o de Estado, Ferdinand Mercado Ramos (2001- 2003). P.R. tiene dos opciones al momento de pensar en el futuro de sus relaciones con el Caribe y el mundo: continuar con el aislamiento o comenzar a elaborar una política exterior puertorriqueña autónoma, que nos convierta en partícipes y socios activos de la región. La primera alternativa conlleva el peligro de quedar excluido o marginado de importantes iniciativas comerciales y políticas de gran impacto en las economías del Caribe, lo que nos restaría competitividad e influencia.

Introducción/Descripción:

Históricamente, Puerto Rico, debido a su localización geográfica, ha desempeñado un papel protagónico en el desarrollo político, social y económico del Caribe. Desde la dominación española, y luego la norteamericana, Puerto Rico ha sido centro estratégico de influencias políticas, económicas y militares, que han sido determinantes en la configuración y futuro de la región.

Nadie puede dudar que Puerto Rico es parte activa y protagonista del Caribe, ya que siempre ha mantenido relaciones no oficiales como las familiares, migratorias, económicas, comerciales, y académicas, entre otras. En este trabajo nos concentraremos en analizar las relaciones oficiales de Puerto Rico con el Caribe, entendiendo, aquellas relaciones encaminadas y dirigidas por el gobierno puertorriqueño del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fundado el 25 de julio de 1952.

Podemos señalar que hasta nuestros días existen tres etapas generales en el desarrollo de una política exterior puertorriqueña hacia el Caribe. Las tres han sido desarrolladas por gobernadores del Partido Popular Democrático (PPD) que defiende y promueve el actual status político de Estado Libre Asociado. Aunque el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha gobernado en varias ocasiones no se puede establecer una etapa en la política exterior puertorriqueña hacia la región bajo su administración ya que al defender la anexión a los Estados Unidos de América (EE.UU.) no creen en el establecimiento y desarrollo de una política exterior autónoma y mucho menos independiente. Se podría señalar que toda acción exterior de las administraciones de gobierno del PNP no han sido de iniciativa propia y si por encargo del gobierno norteamericano.

La primera etapa fue desarrollada por el ex Gobernador Luis Muñoz Marín (1952-1964). Durante esta etapa la política exterior puertorriqueña se personalizó en la figura del fundador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quien se proyectó como un líder de la democracia en las Americas. Igualmente, con el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín concentró sus esfuerzos internacionales en la búsqueda de legitimidad para el status político proyectando la nueva formula política como una tercera respuesta al coloniaje, y como un modelo de desarrollo económico para América Latina y el Caribe. Esta política exterior permitió a Luis Muñoz Marín proyectarse internacionalmente como un “Jefe de Estado” estableciendo importantes relaciones políticas y personales con líderes de la región e interviniendo políticamente en crisis políticas como en la guerra de abril de 1965 en la República Dominicana. Al Luis Muñoz Marín dejar la Gobernación, y comenzar su retiro político, su política exterior concentrada en su figura desapareció.

La segunda etapa hace referencia al segundo periodo de gobierno de Rafael Hernández Colón (1984-1992). Es importante señalar que durante su primer periodo de gobierno (1972-1976) no se realizó ninguna actividad internacional destacada. Se trató de una política exterior puertorriqueña vinculada estrechamente a la Guerra Fría y a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) del ex Presidente de los EE.UU. Ronald Reagan. La ICC fue en sus orígenes un programa económico pero con claros objetivos políticos y de defensa concebida para ayudar a los países caribeños a exportar productos a los EE.UU. y estimular el sector privado en la región. El programa permitía la entrada a los EE.UU. de la mayoría de los productos caribeños (74 por ciento) libres de arancel. Esa iniciativa norteamericana, que también incluía ayudas e inversiones, beneficiaba más a las islas pequeñas de la región[1].

La ICC no estaba realmente dirigida para satisfacer las necesidades de desarrollo de los países del Caribe. No incluyó el comercio libre de artículos de cueros, azúcar, derivados del petróleo y textiles. Además los inversionistas norteamericanos, por razones de inestabilidad política, no estuvieron muy entusiasmados con la propuesta de invertir en Guyana, Trinidad y Tobago y Jamaica. A comienzo de la década de los años 90 ya existía la certeza que la ICC había sido un fracaso, pues causó pocos efectos en las economías caribeñas[2].

Además de las críticas anteriormente señaladas a la ICC, debemos añadir:

la falta de instituciones en el programa;

exclusión de los países que no se encontraban bajo la órbita de los EE.UU. como Cuba; y

no prestaba atención especial a los problemas sociales y económicos de los países más pobres de la región[3].

Puerto Rico tuvo un papel protagónico en la ICC por “encargo” del gobierno norteamericano, bajo el establecimiento de “plantas industriales gemelas” en la que una cadena de producción industrial era dividida entre una fábrica en Puerto Rico y otra en algún país del Caribe. Se trató de una política exterior puertorriqueña subordinada la política exterior norteamericana hacia la región. Este protagonismo puertorriqueño en la política exterior norteamericana hacia el Caribe de Ronald Reagan trajo graves consecuencias al desarrollo de la política exterior puertorriqueña hacia el Caribe, que es vista hoy como vinculada a los intereses norteamericanos. A pesar de esto, mientras Puerto Rico sirvió a los intereses estadounidenses, hubo la oportunidad de iniciar espacios limitados a una política exterior propia que serán desarrollados en la tercera etapa.

De otra parte, el fin de la Guerra Fría sacó a relucir un limitado interés de los EE.UU. en la zona, lo cual se ha manifestado en una reducción en las ayudas que brin daba a las economías caribeñas. En 1985 las ayudas norteamericanas a la región sumaban unos 226 millones de dólares; diez años más tardes, dicha ayuda se había reducido a sólo 22 millones[4]. Como resultado de esta situación, la presencia e iniciativas de Puerto Rico en el Caribe prácticamente desaparecieron.

La tercera etapa de la política exterior puertorriqueña se desarrolló bajo la incumbencia de Sila M. Calderón Serra (2001-2004), y su Secretario de Estado, Ferdinand Mercado Ramos (2001- 2003). Se trató del primer intento de establecer una política exterior puertorriqueña genuina y autónoma a los intereses norteamericanos enmarcada en la Personalidad Jurídica Internacional Limitada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su característica principal fue la búsqueda de oportunidades económicas, comerciales, culturales, científicas, tecnológicas, deportivas y turísticas para el Puerto Rico. Los esfuerzos internacionales se concentraron en ofrecer una dimensión internacional a los esfuerzos de cumplir con el programa de gobierno de Sila M. Calderón Serra: Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21. Se trató de un reconocimiento importante sobre la necesidad apremiante de buscar oportunidades y defender intereses puertorriqueños ante la mundialización, y aportar nuestras experiencias de desarrollo a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, independientemente a la política exterior norteamericana[5].

La política exterior hacia el Caribe bajo la administración de Sila M. Calderón Serra encontró obstáculos endógenos y exógenos para su desarrollo. Los factores endógenos que explican la limitada presencia de Puerto Rico en el Caribe podrían ser los siguientes: en primer lugar, la visión de algunos líderes puertorriqueños, caracterizada por una ausencia casi total de cultura internacional y caribeña, que nos lleva juzgar los demás países del Caribe como competidores, en vez de como socios. En segundo lugar, las fuerzas políticas conservadoras y anexionistas, sumadas a la política norteamericana de asimilación promulgada durante gran parte del siglo pasado, no han favorecido nunca que Puerto Rico tenga una política autónoma hacia el Caribe. Estas fuerzas entienden que existe una incompatibilidad entre ser un país caribeño y aspirar a la anexión de los EE.UU.; entienden equívocamente que nuestro aislamiento del Caribe es muestra de nuestra lealtad a la nación estadounidense. Esto ha alimentado las preconcepciones antes mencionadas de la mentalidad puertorriqueña, y ha fortalecido la falsa creencia de que los intereses puertorriqueños deben ser siempre idénticos a los intereses norteamericanos. Inclusive se ha llegado al punto de sabotear iniciativas que meramente buscaban ampliar la influencia puertorriqueña en nuestra región, por el simple convencimiento de que son contrarias a su proyectos políticos particulares. Por último, está el factor de la falta de poderes políticos (Soberanía) para crear instituciones gubernamentales que dirijan la acción de Puerto Rico en el exterior. Esta carencia ha impedido que desarrollemos una política exterior hacia el Caribe más eficiente, dinámica y continua.

El primer factor exógeno hace referencia a la percepción a que cualquier intento de Puerto Rico de estrechar vínculos con el Caribe es promovido por los EE.UU., quien actualmente, y desde el fin de la Guerra Fría, carece de una política exterior clara y coherente hacia la región. La interpretación de cuando habla Puerto Rico se promueven intereses norteamericanos ha impedido que la nación caribeña alcance sus objetivos de política exterior de vincularse a la mayoría de organismos internacional es del Caribe y al estable cimiento de programas de cooperación bilaterales. Podemos encontrar el origen a esta percepción caribeña en el papel que desempeñó Puerto Rico en la ICC del ex Presidente Ronald Reagan, bajo la administración de Rafael Hernández Colón.

El segundo factor exógeno se refiere a la percepción caribeña de que cualquier iniciativa puertorriqueña no es permanente o a largo plazo, pues la existencia de una política exterior puertorriqueña, y su continuidad, depende de que el PPD se encuentre en el poder. Esta realidad que fue confirmada con el gobierno anexionista de Pedro Rosselló González (1993 - 2000), quien abandonó y canceló todas las responsabilidades y espacios que Puerto Rico había alcanzado con su limitada política exterior. Este factor comprueba que una de las limitaciones más importantes para el desarrollo de la política exterior puertorriqueña es la falta de consenso nacional de una política exterior puertorriqueña.

El último factor externo se refiere a la oposición del Departamento de Estado de los EE.UU. de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tenga algún papel internacional[6]. Esta realidad, junto a una ignorancia de los diplomáticos norteamericanos sobre la realidad puertorriqueña, ha impedido que Puerto Rico tenga mayores espacios en el Caribe.

La falta de una política exterior norteamericana hacia la región, el dominio de la derecha política y cristiana bajo la administración del Presidente George Bush, el inmovilismo norteamericano para resolver el status político de Puerto Rico y la reconocida baja calidad de sus diplomáticos, han creado grandes limitaciones al desarrollo de la política exterior puertorriqueña hacia el Caribe, cuando se desaprueban y sabotean iniciativas regionales puertorriqueñas, limitando así el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. No hay la menor duda que anteriormente era permitida una participación internacional puertorriqueña en la región a través de la ICC en la medida que servía a los intereses norteamericanos. Con esta actitud norteamericana, que contrasta grandemente con políticas de otros países como los Países Bajos en su relación con las Antillas Holandeses y Aruba, los Estados Unidos han proyectado una imagen caprichosa, incoherente, y absurda que le ha restado prestigio y efectividad en la región.

El primer paso de la administración de Sila M. Calderón Serra, para lograr la inserción de Puerto Rico en el Caribe, fue el solicitar vinculación y participación en todas las organizaciones regionales del Caribe, para ofrecer la voz, experiencia puertorriqueña, y prestar oídos a la experiencia de los demás países caribeños[7]. Puerto Rico buscó convertirse en un verdadero partícipe de los procesos regionales que tienen un efecto en el País.

Con este fin, la administración Calderón Serra logró la reactivación de Puerto Rico como miembro observador en el CARICOM, solicitando su ingreso como observador a los Consejos de Desarrollo Humano y Social, y de Desarrollo Económico y Comercio. Lamentablemente, los factores exógenos mencionados anteriormente impidieron que estas iniciativas se concretaran.

Igualmente, se reactivó la membresía de Puerto Rico en la Organización de Turismo del Caribe, que había sido abandonada dejando deudas por concepto de cuotas de membresía por la administración anexionista de Pedro Rosselló González.

Asimismo, el 19 de noviembre de 2005 se concretó un memorando de entendimiento entre Puerto Rico y la Organización de Estados del Caribe Oriental que incluye una agenda de trabajo en las áreas de agricultura, comercio, cultura, educación, entre otras.

Durante los últimos cuatro años y medio Puerto Rico ha tenido un papel destacado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los esfuerzos puertorriqueños lograron que el País fuera sede en el 2004 del Trigésimo Periodo de Sesiones de la CEPAL. Igualmente, los puertorriqueños han logrado una participación activa en la Oficina Subregional del Caribe de la CEPAL y en el Consejo de Cooperación y Desarrollo del Caribe con sede en Puerto de España, Trinidad y Tobago. Del 10 al 11 de abril de 2003 se celebró en San Juan de Puerto Ri co, con la participación de 20 paí ses del Caribe, la Undécima Reunión del Comité de Cooperación y Desarrollo del Caribe de la CEPAL, lo que fue un hecho histórico por ser la primera reunión de un órgano de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza en el País.

Es necesario hacer una mención especial a los intentos de la administración Calderón Serra de lograr el ingreso a la Asociación de Estados del Caribe (AEC) como Miembro Asociado[8]. La carta constitutiva de la AEC en su Anejo II[9] invita a Puerto Rico a formar parte de la organización como Miembro Asociado. Por tal razón, y reconociendo la importancia de la organización para el desarrollo económico, social y comercial de la región, el gobierno puertorriqueño solicitó el ingreso a la organización. Para el asombro de Puerto Rico, los países miembros, asociado, observadores, y la Secretaría General de la AEC, los EE.UU. se opuso a la vinculación de Puerto Rico señalando que el interés de Puerto Rico “no se relaciona con la tradición histórica de la participación de Puerto Rico en el Caribe”. Luego de señalar que el principal argumento contra de la vinculación de Puerto Rico es el carácter antiamericano de la AEC, se ofrecieron otras razones poco serias como su oposición al pago de una cuota por parte de Pue rto Rico ya que representaba una “vinculación jurídica internacional”que debía ser aprobada por el Congreso norteamericano, ignorando que Puerto Rico históricamente ha pagado cuotas a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos, Organización Mundial de Turismo, entre otras[10]. Las negociaciones fueron suspendidas luego que los países miembros de la AEC autorizaran al Secretario General, Norman Girvan, comenzar las conversaciones para la firma del acta de adhesión de Puerto Rico. La administración Calderón Serra realizó esfuerzos para convencer al Departamento de Estado norteamericano del carácter no “político” de la AEC sin éxito. Como estrategia para vincular a Puerto Rico a la organización, se retiró la solicitud de ingreso como Miembro Asociado y se presentó una nueva solicitud como observador dejando claro que Puerto Rico no renunciaba a su derecho a solicitar nuevamente en un futuro su ingreso como Miembro Asociado[11]. Ante la nueva solicitud, nuevos obstáculos aparecieron por parte de países miembros de la organización que se oponen a la vinculación sin la aprobación norteamericana. La solicitud puertorriqueña ha causado debates importantes entre los países miembros, ya que la carta constitutiva de la organización explícitamente hace la invitación a Puerto Rico sin aclarar que se debe contar antes con el permiso norteamericano. Hasta el final de la administración Calderón Serra se continuó defendiendo en todos los foros regionales e internacionales nuestro derecho de vincularse a la AEC para estrechar relaciones con el Gran Caribe. Si los puertorriqueños continúan defendiendo su vinculación, y reciben el apoyo de países hermanos del Caribe, estamos con vencidos que tarde o temprano Puerto Rico alcanzará su objetivo.

Paralelamente, a los intentos de vincularse a organizaciones regionales del Caribe, se realizaron iniciativas de carácter bilateral con países de la región. La política exterior de la administración Calderón Serra incluyó igualmente intensificar las relaciones culturales con el resto de las naciones vecinas. No se puede pretender crear un clima de confianza entre los distintos Estados de la región, ni propiciar el fortalecimiento de contactos comerciales si antes no se llegan a conocer mutuamente como pueblos. En este sentido, se tuvo como objetivo el fomentar iniciativas culturales con los países del Gran Caribe e intensificar los contactos académicos mediante programas de intercambio de profesores y estudiantes, especialmente con la República Dominicana.

Otro interés prioritario para Puerto Rico fue la colaboración en el desarrollo de programas de manejo de desastres naturales en la región. En este renglón , los puertorriqueños pueden aportar mucho en el adiestramiento de recursos humanos y el establecimiento de políticas mitigadoras para la región.

El mejor ejemplo del éxito alcanzado por Puerto Rico en sus relaciones bilaterales es la República Dominicana. El 7 de diciembre de 2003 se suscribió en Santo Domingo una Declaración de Cooperación Multisectorial que se convirtió en un marco institucional para canalizar programas e iniciativas de cooperación entre ambos países en las áreas de la academia, comercio, cultura, energía, lucha contra el narcotráfico, entre otros. La Declaración contempló la creación de una Comisión Binacional Dominicana-Puertorriqueña, cuya misión es la de elaborar anualmente un Programa de Cooperación Binacional que se convertirá en la agenda de trabajo para ambos países.

Inicialmente, los EE.UU. no aceptó el que Puerto Rico suscribiera una Declaración con un país soberano como la Re pública Dominicana. Funcionarios del Departamento de Estado norteamericano trataron de sabotear e impedir la iniciativa puertorriqueña y dominicana[12].

Afortunadamente, luego de difíciles y largas negociaciones con funcionarios norteamericanos, y gracias a la perseverancia puertorriqueña y dominicana se alcanzó un texto al que los norteamericanos no podían oponerse al realizar los cambios solicitados al documento e incluir el siguiente párrafo:

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la República Dominicana se proponen llevar a cabo actividades dirigidas a promover la cooperación mutua dentro del marco de sus respectivas competencias constitucionales y sin prejuicio de los Instrumentos Internacionales vigentes entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América, de acuerdo a la coordinación con otras autoridades relevantes, (...)

Los logros principales de la Declaración fueron[13]:

La creación de un Programa de Becas para que el claustro dominicano realice estudios en la Universidad de Puerto Rico.

Ambos gobiernos realizaron un esfuerzo histórico por acercar a dominicanos y puertorriqueños a través de la cultura eliminando viejos estereotipos, a través del cine, el teatro, las artesanías, la música, los libros, la fotografía, entre otras actividades culturales.

Por primera vez en la historia, Puerto Rico y la República Dominicana alcanzaron una radiografía clara de sus relaciones comerciales, lo que permitió delinear las siguientes estrategias que lograron un aumento del intercambio comercial:

Creación de una comisión facilitadora de comercio que evalúe marcos legales, tendencias, comportamientos y conflictos comerciales entre el sector privado.

Identificar sectores comerciales con potencial de crecimiento para propiciar el encuentro entre suplidores y compradores.

Estimular inversiones del sector privado entre ambos mercados.

Mercadear productos y servicios entre ambos países.

Esta declaración es un ejemplo excelente sobre el potencial internacional de Puerto Rico y lo beneficioso que pueden ser de las gestiones internacionales para Puerto Rico, cuando existe voluntad política y los EE.UU. no lo impide. No hay duda que para los puertorriqueños la experiencia dominicana es un anticipo de lo que será en un futuro una política exterior plena y soberana.

Estas iniciativas para desarrollar una política exterior de Puerto Rico hacia el Caribe deben promulgarse con una voz y una actitud genuinamente caribeñista. Los puertorriqueños tienen el potencial y el deseo de así hacerlo. Para lograr esta meta de fortalecer su posición a nivel internacional se debe comenzar por hacer todos los esfuerzos para desarrollar o culminar el actual status político que impide la integración de Puerto Rico al Caribe y al mundo.

Es hora de que Puerto Rico se enfrente a los problemas del Caribe como propios. Existen las condiciones idóneas para convertirse en un portavoz que defienda y promueva los intereses del Caribe en los EE.UU. y el mundo. A mediano y largo plazo, las acciones de Puerto Rico en el Caribe estarán siempre dirigidas a buscar la estabilidad política y económica de la región y a crear un ambiente propicio para el fortalecimiento del comercio, tanto al nivel regional como mundial.

En este nuevo orden económico global, una parte significativa de la capacidad competitiva de Puerto Rico depende de su integración con el resto de los países del Caribe. Si Puerto Rico quiere abrirse al mundo debe comenzar por abrirse al Caribe. Puerto Rico tiene dos opciones al momento de pensar en el futuro de sus relaciones con el Caribe y el mundo: continuar con el aislamiento o comenzar a elaborar una política exterior puertorriqueña autónoma, que permita ser partícipes y socios activos de la región.

La primera alternativa conlleva el peligro de quedar excluido o marginado de importantes iniciativas comerciales y política s de gran impacto en las economías del Caribe, lo que restaría competitividad e influencia. La mayor parte de los países caribeños tendrán en un futuro cercano acuerdos simultáneos de libre comercio no sólo con los EE.UU., sino también con la Unión Europea, Centro América y el resto de América Latina. En este escenario, Puerto Rico estará en desventaja evidente.

El interés de Puerto Rico debe ser fortalecer sus lazos comerciales, económicos, culturales y políticos en la región, entendiendo que Puerto Rico no ha sabido aprovechar en el pasado el potencial mercado de servicios de la región, en el que Puerto Rico puede capitalizar y convertirse en un verdadero centro de servicios para muchos países del Caribe. De igual manera Puerto Rico es un importante centro de transportación aérea y próximamente se espera concluir iniciativas de gobierno para ser centro de la transportación marítima, también podría ser un centro de servicios médicos, financieros, de comunicaciones y tecnología, entre otros.

Nadie puede dudar que el Caribe enfrenta grandes retos para su desarrollo económico y social ante el fenómeno de la globalización. Actualmente, se encuentra inmerso en tres procesos diferentes de negociación de libre comercio diferentes y simultáneos: el Área de Libre Comercio de las Americas, la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo de Cotonou con Europa. El mayor problema que enfrenta la región ante estas iniciativas es la falta de recursos humanos y financieros para desarrollar unas negociaciones efectivas, que defiendan sus intereses económicos y comerciales. El principal interés del Caribe es lograr el reconocimiento de un trato diferenciado en las políticas comerciales, que tome en consideración la fragilidad de sus sectores productivos y la dependencia a preferencias comerciales en mercados de la Unión Europea, los EE.UU. y Canadá. Existe el ánimo y la impresión de que el Caribe no obtendrá todo lo necesario para mantener su ritmo de crecimiento económico, y que sus sectores productivos se verán afectados por la liberalización mundial del comercio.

La encrucijada que vive nuestra región debe ser reconocida como de importancia vital para Pu erto Rico, considerando que los intereses caribeños son muy semejantes a los puertorriqueños. Por una parte, es imperativo defenderse de la globalización perpetuando un trato diferenciado ante las preferencias comerciales y económicas en el mercado norteamericano, y al mismo tiempo es necesario defender también los sectores productivos puertorriqu eños menos competitivos, como la agricultura. Todos los países del mundo defienden sus puntos de vista e intereses, incluso los EE.UU., que defiende su poco competitivo y subvencionado sector agrícola. Los puertorriqueños, sin embargo, no pueden formar parte del esfuerzo caribeño para defender sus intereses, y parecen estar destinados a seguir la corriente de un derrotero inevitable de consecuencias aún imprevistas.

Ante la coyuntura internacional en la que se vive, resulta trágico que Puerto Rico no pueda velar por sus intereses y que no pueda formar parte de los conglomerados de países que luchan por defenderlos. Peor aún resulta la idea absurda e ingenua que los EE.UU. defiende los intereses puertorriqueños ante foros internacionales, y por lo que no se deben preocupar siquiera por esto, entregando así el futuro a la completa incertidumbre. Algunos funcionarios puertorriqueños calman sus preocupaciones presentándolas ante agencias y funcionarios estadounidenses con la esperanza de ser escuchados, y se conforman con el consuelo de haber descargado su responsabilidad histórica. Los puertorriqueños deben reconocer que la globalización tiene y tendrá consecuencias y efectos sobre su desarrollo socioeconómico, y que sólo ellos podrán defender sus intereses, precisamente porque son los propios.

Puerto Rico debe aprender y seguir el ejemplo de sus hermanos caribeños, que no confían en que otros defiendan sus puntos de vista e intereses. No existe mayor ingenuidad que pensar que otro podrá defender mejor los intereses ajenos y en muchos casos contrarios a los propios.

Los EE.UU. está totalmente desvinculado del Caribe. Desde el final de la Guerra Fría, ese país no ha concretado una política coherente e innovadora hacia la región. Esta realidad es muy conocida por el resto de las naciones de la región, que resienten la falta de interés estadounidense, luego de contar por décadas con una importante presencia militar y económica en la región. Como ejemplo está el caso de la isla soberana de Granada que hace 20 años, en 1983 fue invadida militar y económicamente por los EE.UU. con grandes promesas de progreso y desarrollo, y hoy no existe ningún programa, beca, o ayuda para esta empobrecida isla de las especies.

Los puertorriqueños deben enfrentar estos retos y hacer valer sus intereses, para lo cual es necesario desarrollar una infraestructura que promueva una cultura internacional en el País. En el pasado no era necesario asumir la defensa de intereses, dado que la economía puertorriqueña estaba fundamentada en preferencias comerciales hacia el mercado estadounidense que ningún otro país del mundo compartía. Estas preferencias, se han venido desmantelando, lo cual ha igualado su condición a la de otros países del Caribe, sin ofrecerse otras opciones para Puerto Rico. Cada vez que los EE.UU. suscribe un acuerdo de libre comercio con un país o un grupo de países, Puerto Rico pierde competitividad y su economía se resiente. Dada la gran ignorancia que existe sobre Puerto Rico en los EE.UU., y dado el hecho de que los intereses puertorriqueños, en la mayoría de los casos, se asemejan más a los de un país en vías de desarrollo que a los de un país desarrollado, resulta del todo comprensible que la nación norteamericana no tome demasiado en consideración los intereses puertorriqueños.

Ante el aparente panorama de falta de opciones para Puerto Rico, y ante el peligro de quedar a merced de negociadores internacionales desconectados de la realidad puertorriqueña, es urgente que los EE.UU. conceda los poderes soberanos necesarios para crear y desarrollar un esquema institucional que les permita elaborar una política internacional y comercial propia. No se puede continuar jugando el papel de observadores, cuando la economía puertorriqueña es una de las más importantes de la región. América Latina y el Caribe no podrán desarrollar y ampliar sus procesos de integración y libre comercio sin contar con Puerto Rico. La voz sin voto no cuenta. Es imposible conformarse con ser escuchados en las esferas de poder estadounidense, cuyas políticas están previamente determinadas y asumidas. Los EE.UU. jamás antepondrá los intereses puertorriqueños a los suyos.

Los puertorriqueños tenemos mucho que aprender de los países del Caribe, que a pesar de su debilidad y frágil situación, conocen a lo que enfrentan, así como las consecuencias y oportunidades para sus economías. Esto les permitirá tomar de cis iones que amortiguen el impacto negativo de la globalización, que es lo mínimo a lo que debe aspirar Puerto Rico.

NOTAS:

1 Parry J.H., Sherlock Phillip y Maingot Anthony (19 94), A Sh ort History of the West Indies, 4 (ed.) China, Mac Millan Press, p. 304; Richardson Bonham (1992), The Caribbean in the Wider World: 1492-1992, Cambridge, Gran Bretaña, Cambridge University Press, p. 102; Thomas Clive Y. (1998), The Poor and the Powerless: Economic Policy and Change in the Caribbean, Londres, Latin America Bureau, p. 335; Maingot Anthony P. (1994), The United States and the Caribbean, Boulder, Colorado, Westview Press, p. 188; Ramsaran Ramesh (1989), The Commonwealth Caribbean in the World Economy, Londres, MacMillian Press, p. 140-2.

2 Richardson, 103.

3 Thomas, 226.

4 Gedda George (1998), “Resentido el Caribe con los EE.UU.”, en El Nuevo Día, San Juan, (17 de enero de 1998) p. 63.

5 La acción exterior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se realiza a través de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado de Puerto Rico. Su misión fue:

 “ La Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores se creó con la Misión internacionalizar eficazmente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la búsqueda de oportunidades económicas, comerciales, culturales, científicas, tecnológicas, deportivas y turísticas. Resulta imperativo que esta Misión se realice ya que nos encontramos en un contexto internacional globalizado, competitivo, de transformación acelerada y de nuevas oportunidades. Además, la Secretaría Auxiliar implanta la Política Exterior y sirve de apoyo a la Gobernadora, Departamentos e instrumentalidades del Gobierno en su gestión al exterior.

Trabajamos arduamente para garantizar que se satisfagan las necesidades económicas y sociales y así traer prosperidad al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus ciudadanos, en el cambiante contexto internacional.

Con el fin de cumplir con nuestras funciones a cabalidad, la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores cuenta con una moderna organización, gestión, procesos y cultura de trabajo, tendientes a construir y mantener credibilidad institucional, tanto a nivel local como internacional. Cuenta asimismo con la capacidad sistémica y sistemática de articular, desarrollar, ejecutar y difundir, en el ámbito local e internacional, una acción exterior moderna y proactiva que constituya el marco adecuado para el fomento y la proyección de los intereses y necesidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El esquema organizacional de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores se compone de áreas de trabajo como información internacional, acuerdos internacionales, cooperación internacional, organizaciones internacionales, misiones y proyectos especiales, por mencionar algunos.

Los objetivos de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Exteriores son:

Coordinar los intereses, visiones y necesidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y elaborar una acción exterior integral y articulada.

Brindar asesoramiento al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otras agencias gubernamentales sobre relaciones internacionales, con el fin de que se manejen exitosamente la representación y las negociaciones en el exterior en los planos económico, político, jurídico y de asistencia técnica.

Garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de prosperidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de sus ciudadanos.

Proteger, promover, fomentar y representar efectivamente los intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de sus ciudadanos en el exterior.

Promover al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en organizaciones internacionales, con el fin de incentivar el intercambio comercial y la atracción de inversión, el turismo y la cooperación internacional.

Mantener la mejor imagen del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el plano internacional.

Atraer cooperación y asistencia técnica internacional para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según las prioridades de desarrollo, en los campos social, cultural, educativo, deportivo, ecológico, científico, educación superior, manejo de emergencias, turístico, tecnológico, comercial, económico y otros.

Servir de enlace e interlocutor entre los gobiernos extranjeros y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Promover y organizar foros y seminarios que propendan un mejor entendimiento del marco internacional.

Ejecutar programas de cooperación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, particularmente de carácter humanitario y educativo.

Definir y adecuar estratégicamente las funciones de las Oficinas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el exterior a nuestros intereses y proceso de desarrollo socioeconómico.

Atender los asuntos relacionados con los Consulados de Carrera y Honorarios acreditados ante el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de manera oportuna, profesional y eficiente.

6 En la Nota Verbal No. 871 de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República de Panamá del 20 de mayo de 2003 el gobierno norteamericano estableció que:

El Departamento de Estado norteamericano solicitó a sus embajadas en Centro América que “(...) respetuosamente recuerden a todos los estados miembros del Sistema de Integración de Centro América (SICA) las guías de referencia que deben considerarse cuando se trata con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Que el gobierno norteamericano es el responsable de las Relaciones Exteriores de Puerto Rico.

Que el Departamento de Estado norteamericano debe revisar cualquier propuesta para que Puerto Rico ingrese o participe en organización internacional o firma de cualquier documento.

Que el Departamento de Estado norteamericano es quien debe autorizar a Puerto Rico gestionar directamente con gobierno extranjeros.

Que los arreglos protocolares para visita de autoridades de alto rango del gobierno puertorriqueño, como el de Gobernador o Secretario de Estado, no deben ser equivalentes al del Jefe de Estado u oficiales de rango ministerial.

Que el Departamento de Estado norteamericano no ve apropiado para Puerto Rico el status de miembro u observador en organizaciones internacionales cuyos miembros u observadores sean estados soberanos.

7 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico está vinculado a 32 organizaciones internacionales: 22 como Miembro; 7 como Miembro Asociado; 3 como Observador. De las 32 organizaciones internacionales sólo 3 son de ámbito caribeño. (N.A.).

8 La carta de solicitud de adhesión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Asociación de Estados del Caribe:

5 de abril de 2001.

Excelentísimo Señor Norman Girvan.

Secretario General.

Asociación de Estados del Caribe.

Puerto de España.

Excelencia:

En virtud de los poderes inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido conferida por la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tengo el honor de solicitar el ingreso de Puerto Rico en la Asociación de Estados del Caribe como Miembro Asociado, según lo establece el Artículo IV del Convenio Constitutivo y su Anejo II.

Nuestra solicitud está fundamentada en nuestro deseo de participar activamente en aquellas organizaciones internacionales y regionales donde se discutan temas de importancia para nuestro desarrollo económico y social.

Sabemos que la Asociación de Estados del Caribe tiene entre sus objetivos fortalecer lazos entre los países del Gran Caribe, y la búsqueda de respuestas correctas que preparen a la región para enfrentar los retos y oportunidades que presenta la globalización. Puerto rico desea beneficiarse, y a la misma vez aportar a alcanzar esos objetivos. Actualmente, nos encontramos inmersos en grandes proyectos de administración pública que tendrán gran impacto en el Gran caribe, y consideramos que la Asociación es el foro idóneo para hacer participe a la región. Tenga la seguridad de que estamos determinados a no quedar marginados de los acontecimientos que buscan soluciones a los problemas de nuestra región.

Me complace igualmente manifestar que uno de los deberes que propongo cumplir con mayor esmero es hacer cuanto esté a mi alcance para que las relaciones entre la Asociación y Puerto Rico sean cada vez más estrechas y cordiales.

Aprovecho la oportunidad para expresarle, excelencia, la afirmación de mi más alta y distinguida consideración.

Sila M. Calderón.

9 Anexo II de la Carta Constitutiva de la AEC:

 Lista de Estados, Países y Territorios para los que está abierta la participación como Miembro Asociado.

Anguila.

Bermuda.

Islas Caimán.

Islas Turcos y Caicos.

Islas Vírgenes Británicas.

Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Montserrat.

Puerto Rico.

República Francesa a título de:

Guadalupe.

Guayana.

Martinica.

El Reino de los Países Bajos (Aruba y Antillas Neerlandesas).

10 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene una tradición de pago de cuotas anuales en diversas organizaciones internacionales: Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana de la Salud ($95,336); Organización de Estados Iberoamericanos ($47,250); Organización del Turismo del Caribe ($365,550); Organización Mundial del Turismo ($19,896); Organización de la Alimentación y la Agricultura (FAO) ($19,006). (En dólares norteamericanos) (N.A.)

11 La carta de sustitución de solicitud de Miembro Asociado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la Asociación de Estados del Caribe por una solicitud de Miembro Observador:

23 de septiembre de 2002.

Excelentísimo Señor Norman Girvan.

Secretario General.

Asociación de Estados Caribeños (AEC).

Puerto de España, Trinidad y Tobago.

Señor Secretario General:

Me complace hacer referencia a la comunicación del 5 de abril de 2001 en la que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicitó adherirse como Miembro Asociado a la AEC, según lo establece el Artículo IV del Convenio Constitutivo y su Anexo II.

Permítame reiterarle nuestra voluntad de participar más activamente en las acciones y actividades de la AEC. Desafortunadamente, por razones ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido concretar el ingreso de Puerto Rico a la Asociación como Miembro Asociado.Tomando en cuenta los mejores intereses de Puerto Rico y de la AEC, le ruego que sustituya la solicitud del 5 de abril de 2001 por una solicitud de adhesión como Miembro Observador según lo establece el Artículo V del Convenio Constitutivo y su Anexo II.

Deseo manifestarle, que la sustitución de nuestra solicitud del 5 de abril de 2001, no implica de ninguna manera nuestra renuncia a la posibilidad de que Puerto Rico solicite en otro momento, el ingreso como Miembro Asociado según lo establece el Artículo IV del Convenio Constitutivo y su Anexo II.

Estamos concientes de las responsabilidades y derechos que implica nuestra adhesión como Miembro Observador a la AEC, y en este sentido nos comprometemos con contribuir al logro de los propósitos, alcances y objetivos establecidos por el Convenio Constitutivo.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Su Excelencia la afirmación de mi más alta y distinguida consideración.

Ferdinand Mercado.

12 Las principales objeciones norteamericanas al acuerdo entre Puerto Rico y la República Dominicana, según lo expresaron funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, fueron:

Puerto Rico, as a unincorporated territory of the United States, has no independent authority to conclude treaties or other legally-binding international agreements. Therefore, any agreement which Puerto Rico might sign with a foreign government would have no legal standing.

(c) the document uses language that would render it a legally-binding agreement. It would therefore be inconsistent with the U.S. Constitution and inappropriate for conclusion with Puerto Rico.

Further, the document proposes the creation of several committees dealing with subjects in which the U.S. federal government has exclusive or partial jurisdiction (e.g., immigration, counter-narcotics, environment, natural disasters).

Based on our preliminary review, we have also identifies problems of a constitutional nature (aside from the general constitutional issue of authority to conclude agreements), in at last one of the articles of the agreement.

In addition, there are numerous agreements, bilateral and multilateral, in force between the U.S. and Dominican republic on the subjects covered by the proposed agreement, and we have not had time to assess whether the proposed agreement would conflict with those existing agreements.

The document also uses in several instances the terms “both nations”, or “binational” in reference to Puerto Rico and the Dominican Republic. Puerto Rico is a part of the United States and is not a separate sovereign state, country, or nation.