Naciones Unidas- La utilización de compañías privadas de seguridad en las llamadas misiones de paz y en operaciones humanitarias de Naciones Unidas será sometida mañana a discusión por un equipo de expertos del organismo mundial.
El estudio está a cargo del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios como medio para violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación, establecido en 2005.
La discusión forma parte de un programa de un año reuniones dedicadas al tema de la inserción de elementos de esas empresas privadas en los contingentes de la ONU en todo el mundo.
Para justificar el uso de esos efectivos, el actual titular del grupo, Anton Matz, dijo que se trata una posibilidad para "influenciar de manera positiva en los estándares y conducta de esas corporaciones" para que cumplan con las normas sobre derechos humanos.
El especialista opinó que la ONU es "un importante consumidor de servicios de seguridad".
No obstante, aclaró que la organización mundial tiene que ser un modelo ante los gobiernos y otras instituciones en la utilización de los servicios de las compañías militares y de seguridad.
De lo contrario, "la subcontratación de las funciones de seguridad de la ONU a favor de firmas privadas puede tener efectos negativos sobre la efectividad e imagen" de Naciones Unidas, advirtió.
En un informe publicado en diciembre pasado, los miembros del grupo llamaron a garantizar que los proveedores de esos efectivos cuenten con un historial limpio en materia de derechos humanos.
El grupo de trabajo está integrado por Katz y Faiza Patel (Pakistán), Patricia Arias (Chile), Elzbieta Karska (Polonia) y Gabor Rona (Estados Unidos).
En diciembre pasado la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que reafirmó su preocupación por la utilización, reclutamiento, financiación y entrenamiento de mercenarios por infringir los propósitos y principios de la Carta de la ONU.
También advirtió sobre los efectos de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas en el disfrute de los derechos humanos, en particular cuando operan en situaciones de conflicto armado.
Al respecto, el documento señaló que "rara vez se exige a esas empresas y a su personal que rindan cuentas por violaciones de los derechos humanos".
Asimismo, condenó cualquier forma de impunidad que se otorgue a "quienes perpetran actividades mercenarias y a los responsables de la utilización, el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios".
pgh/vc