Los resultados del censo de 2012 publicados a fines de julio de este año provocaron reacciones enconadas.
A inicios de este año el presidente Evo Morales indicó los resultados preliminares del censo, según los cuales la población boliviana era de 10.389.913 habitantes. Los datos finales, sin embargo, indican 10.027.254 habitantes. Esta incongruencia, además de ridiculizar la palabra presidencial, provoca susceptibilidades políticas, pues los “desaparecidos” corresponden principalmente al departamento opositor de Santa Cruz.
Sin embargo, la distorsión más espeluznantes y de posibles graves consecuencias en el futuro, corresponde a los datos relativos a la población indígena. Era común afirmar que Bolivia era un país donde la mayoría de la población era indígena; los datos del censo del año 2001 así lo ratificaban. Sin embargo, los datos del censo 2012 indican que sólo el 40% de la población se reconoce como indígena.
Si rechazamos la tesis de la manipulación, ¿ese dato contradice la usual tendencia de crecimiento demográfico? En realidad, una población puede decrecer también por razones de catástrofe natural o por genocidio, situaciones que en estos últimos tiempos no se evidenciaron en Bolivia. Así, la razón del decrecimiento que nos ocupa sí parece de naturaleza catastrófica, pero de índole política.
Debemos suponer que una importante cantidad de indígenas han rechazado la auto identificación por la vinculación de su identidad a los estereotipos y políticas del actual gobierno. Las cifras del censo son ilustrativas: Respecto a la identificación según la lengua el censo de 2001 indica que los aymaras son 1.525.321; los datos sobre auto identificación del 2012 los reducen a 1.191.352. Sobre los quechuas, los datos de 2001 indican 2.281.198 individuos y el censo 2012, 1.281.116. ¡Han “desaparecido” 1.000.000 de quechuas! Es pues factible que gran parte de la población indígena, especialmente quechua, ha adscrito a la identidad “mestiza” como inequívoco rechazo a la política del gobierno sobre la identidad indígena.
Esta aprensión se consolida si constatamos el “crecimiento” de los indígenas de las tierras bajas. Por ejemplo, los cayubaba pasan de 23 en el censo 2001 a 1.424 en el de 2012; los araona de 11 a 910 y los tacana de 1.153 a 11.173. Así como es difícil admitir un desmoronamiento demográfico de aymaras y quechuas, es arduo concebir un boom demográfico para los indígenas de tierras bajas.
La respuesta también en este caso parece ser política, sobre todo si consideramos que por virtud plurinacional toda nación indígena tiene derecho a territorio. ¿Se consolidan “naciones” espurias por el aliciente de la posesión territorial y de los beneficios económicos que ello implica? Esta susceptibilidad tiene asidero cuando constatamos que en el último censo 42.188 individuos se declaran indígenas en la denominación “otros”, ¡más que todas las otras 36 naciones censadas, a excepción de aymaras, quechuas y chiquitanos!
El posmodernismo y culturalista que ha orientado la política del MAS hacia los indígenas parecen haber llegado al límite de su sostenibilidad, al quitarle los datos del censo 2012 la legitimidad de mayoría de la que se pavoneaba este gobierno. Ojalá no hayan otras consecuencias menos chuscas, pero sí más dramáticas.