La semana pasada el gobernador de Puerto Rico aprobó la Ley para el desarrollo integral del distrito de planificación especial del Caño de Martín Peña. Esta medida legislativa tiene el propósito de crear un fideicomiso permanente sobre las tierras ubicadas en el sector de San Juan.
Martín Peña es uno de los sectores más pobres de la capital y esta legislación lo que ha buscado es hacer justicia social, mediante el reconocimiento de los intereses de la base comunitaria del Sector y a la vez proveer las herramientas para el desarrollo urbanístico de la capital, como el drenado de las aguas. Específicamente esta comunidad durante los últimos años ha sido objeto de sendas controversias políticas y varias leyes, que durante la administración pasada del PNP intentaron revertir lo logrado bajo la administración popular de doña Sila Calderón. Así las cosas, actualmente la situación se encuentra en una posición similar a en el 2004, pero protegida de futuros cambios, con el inevitable cambio de administraciones, esto conforme a los deseos de la propia comunidad.
Mediante esta legislación se prevendrá el desalojo involuntario de los habitantes de la comunidad y se crean conceptos como vivienda digna y asequible a largo plazo. También se refuerzan los trabajos comunitarios.
Las organizaciones comunitarias y sus proyectos han logrado alcanzar un buen momento bajo la administración de don Alejandro García Padilla, nos recordamos de sus otras iniciativas con Casa Pueblo, entre otros. En ese sentido, el Partido Popular ha canalizado sus principios políticos de justicia social a través de iniciativas comunitarias y lo ha hecho efectivamente. Entendemos que esto es una forma sabia de gobernar, ya que con estas iniciativas se toma el parecer de las personas más afectadas por una situación en particular. Además, que las soluciones son propuestas por ellos mismos. Esto ha sido el caso con la comunidad del Caño Martí Peña.
Martín Peña ubicado en la parte de atrás del sector bancario y comercial de la Milla de oro en Hato Rey da testimonio vivo de las diferencias sociales, ya que es una comunidad inmersa en la pobreza y el desempleo vecina de los interese capitalista de la Isla. No obstante, mediante en el 2004 se pretendió protegerla mediante legislación espacial, el efecto fue que la comunidad se unió como nunca esperada para defender sus derechos. No obstante, el proyecto que tenía el PPD en el 2004 distaba del PNP, por lo que éstos aprobaron posterior legislación con el propósito de detener el traspaso de los títulos del municipio a la Corporación del proyecto.
Estamos ante una comunidad organizada, que se hace sentir, y que mediante iniciativas afirmativas le han propuesto soluciones a sus legisladores y estos han actuado. Este es el modelo que aspira una sociedad en la democracia representativa; uno que responda a los intereses del pueblo y no a exclusivamente a los intereses de los ricos y poderos.
Pero no solamente es el bienestar de la comunidad lo que busca el gobierno. Además, para el bienestar de todos en la Isla es necesario el dragado de las vías de agua en el Caño, para evitar las inundaciones, la creación del desarrollo urbanístico y la preservación ecológica del estuario de San Juan. Es un buen acuerdo en el que los interese del Estado logran reconciliar con los de las comunidades, en búsqueda de un bien común.