El Federal Bureau of Investigation (FBI), la rama investigativa del Departamento de Justicia del gobierno Federal de los Estados Unidos dijo ayer a los medios, que comenzará con una división especializada en la Isla cuyo propósito será investigar, y procesar criminalmente de ser necesario, a miembros de la Rama judicial.
Consecuentemente, el presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Federico Fernández, en representación de la Rama judicial, se opuso públicamente y de forma inmediata ante los medios, aludiendo que ellos tiene mecanismos internos para atender estos asuntos, basándose en la separación de poderes y la independencia judicial, entre otros argumentos. Ante este conflicto, hay un recordatorio claro de que el gobierno Federal son los verdaderos amos de la Isla y que se puede intervenir con la rama política más oligárquica.
Durante los últimos años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha convertido en el máximo representante y autoridad de los abogados en Puerto Rico, luego de la desarticulación del Colegio de Abogados durante el gobierno pasado del PNP. No obstante, son la rama política menos democrática, y tienen un poder autorregulado que yace de los procesos judiciales que ellos administran, como por ejemplo; la regulación del ejerció de la profesión de abogacía; los procedimientos de violaciones de ética de abogados y en la administración de los casos en los tribunales, entre otros. Así las cosas, en todos estos ámbitos se han caracterizado por no responder a las necesidades de la sociedad y más bien a sus propios intereses.
En ese sentido, hay estadísticas de que la Rama judicial no está atendiendo los procedimientos criminales en el término de seis meses que establece el Art. II, sección 11 de la Constitución de Puerto Rico. Igualmente, en el caso del exámen de reválida es vergonzoso, que sea la abogacía la única profesión que tenga unos límites impuestos desde el 1983, a pesar de haber legislación como la Ley 193 de 2012, que establece una recomendación legislativa para que liberen los límites en las veces y que al día de hoy no hayan hecho nada, en plena Gran Recesión.
Por otro lado, el gobierno federal en la Isla ha tenido un rol de salvaguardar los derechos civiles de los ciudadanos, aunque también han sido históricamente represivos y abusivos con el movimiento independentista. No obstante, es una práctica común que el FBI investiguen y tenga inclusive divisiones especializadas para agencias de gobierno, jueces y otras dependencias de los estados.
Lo que argumentó el FBI no es que los jueces puertorriqueños sean corruptos, más bien que hay motivos para la investigación del Sistema Judicial. El mensaje es claro, los jueces y el Tribunal Supremo de Puerto Rico no estarán por encima de la Ley. Por eso en mi opinión, si la Rama Judicial quiere más independencia, debería actuar de conformidad y atender las necesidades de la sociedad y de los pobres; como el examen de reválida y quitar los límites impuestos desde el 1983; atender los caso de acusados criminalmente en espera de un juicio y todos los pobres que esperan porque se la haga justicia, y que no tienen los medios para costear un abogado que esté reclamando el cumplimiento de los procesos. Después de todo en las democracias las oligárquicas caen por su propio peso.