Me veo en la obligación de preguntarle a la mayoría ideológica de jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿por qué votaron por enjuiciar y sancionar a los abogados Luis Raúl Albaladejo y Arturo Nieves Huertas?
Entonces, marchar bajo sol y sobre todo sin facilidades de agua, baños, asistencia médica, etc., no son asuntos que promociono. Pero la solidaridad me llama a participar en repudio a lo que me parece una decisión, judicialmente hablando, incorrecta.
Los abogados Nieves y Albaladejo, simplemente cuestionaron si en los nombramientos de jueces, 108 y uno al Tribunal Supremo, nombrados en los últimos días de la pasada administración del gobernador Luis Fortuño, se cumplió con las obligaciones constitucionales según se define en la carta magna. Así las cosas, el Tribunal Supremo, en un proceso expedito de justicia llamado “certificación” logró que el caso se elevara del Tribunal de Primera Instancia a ellos, y de ahí decidió desestimar por falta de legitimidad activa de los demandantes, en este caso los propios abogados. Algo técnico pero que en resumen define, que para estos que comparecieron, no mostraron su relevancia de reclamar acción en este caso.
Lo cierto es que no sólo el Tribunal Supremo desestimó el caso, sino que explicó a su vez, de forma contradictoria, que no se violentó la constitución y luego les impuso sanciones a estos abogados por actuar temerariamente. Actuar de forma temeraria sugiere que actuaron contrario a derecho, de forma caprichosa y sin deber de disciplina ante la ley. Acusarlos de actuar de forma temeraria, es simplemente algo terrible. Esto tiene el efecto de disuadir a la población en general y los abogados en particular de no cuestionar nada para evitar sanciones.
En fin, que este tipo de pronunciamiento es contrario a nuestras mínimas libertades democráticas que nos garantiza nuestra constitución. Garantizarnos más democracia, es a fin de cuentas el rol del Tribunal Supremo. Su rol no es garantizarnos menos democracia.