Santo Domingo-El Gobierno dominicano acató hoy un fallo del Tribunal Constitucional del mes pasado que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y en tránsito mientras crece el rechazo por la medida.
La decisión fue hecha pública por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez, tras una reunión del Consejo Nacional de Migración, que encabezó el jefe de Estado, Danilo Medina.
Según el comunicado leído por el funcionario, el Gobierno también reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales.
El Estado, precisó el texto, es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas y sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia, la cual posee un carácter retroactivo a 1929 y el mayor impacto en descendientes de haitianos.
A los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana, señaló el dictamen que amplía el margen de aplicación de las leyes existentes.
Tampoco podrán solicitar el status de residente permanente aquellos nacidos cuyos progenitores sean extranjeros indocumentados que viven en Dominicana.
Dicho Consejo, encargado de diseñar las políticas migratorias, decidió que la Junta Central Electoral (JCE) rinda un informe en un plazo de 30 días sobre el impacto de la medida en los extranjeros inscritos en su registro con la condición de regulares o irregulares.
También, en menos de dos meses debe elaborarse el Plan de Regularización de Extranjeros y en lo inmediato conformar el Instituto Nacional de Migración y designar a su director ejecutivo.
El Tribunal Constitucional tomó la mencionada determinación ante la solicitud de amparo de una hija de inmigrantes haitianos nacida en la provincia de Monte Plata para demandar a la JCE que le proporcionara documentación como dominicana.
La afectada ha vivido en dicho territorio sus 29 años de edad y tiene cuatro hijos, quienes tampoco podrán optar por su nacionalización.
Si bien nació en suelo nacional, la recurrente es hija de ciudadanos extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana, dictaminó el Tribunal.
Al mismo tiempo, ordenó a la JCE auditar los libros de nacimientos del Registro Civil desde el 21 de junio de 1929 con el fin de ajustarlos a los criterios establecidos en el fallo.