Es bastante común ver, como en las agencias del gobierno de Puerto Rico los puestos de confianzas y hasta de jefes o jefas de agencia no han cambiado, luego de que haya ocurrido un cambio de gobierno. Esta tendencia que se fue incrementando durante el último cuatrienio y concuerda con la crisis de la Gran Recesión es peligrosa; porque hay gerenciales en puestos claves, que no son de la ideología del gobierno, lo que dificulta grandemente la implementación de la nueva política pública.
Por otro lado, si estos jefes y/o jefas de agencias no renuncian, al gobierno se le hace muy difícil despedirlos y de hacerlo el resultado ha sido demandas en los Tribunales, que conllevan más gastos para el gobierno. Es un problema complejo que merece atención por parte de la sociedad civil.
El llamado puesto de confianza en las agencias del gobierno lo define el artículo 9 de la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, esta lee: “Son los empleados que intervienen o colaboran sustancialmente en la formulación de la política pública, los que asesoran directamente o los que prestan servicios directos al jefe de la agencia”. En resumen, y conforme al susodicho artículo, estos empleados de confianza son mayormente: los funcionarios o empleados nombrados por el Gobernador, los jefes de agencias, subjefes de agencias, directores regionales de agencias, miembros de juntas o comisiones permanentes, entre otros. En otras palabras, son los empleados que nombró un gobierno para que implementaran su política pública, en un momento determinado.
La práctica que había imperado en Puerto Rico, sobre los empleados de confianza, es que luego de que su partido político perdiera en las elecciones, estos presentaban formalmente su carta de renuncia. En el caso de que ese empleado de confianza hubiese sido empleado de carrera, antes de haber sido nombrado de confianza, tenía un derecho a ser reinstalado a su puesto anterior. En el caso de que no hubiese sido empleado de carrera, este empleado se tendría que ir del servicio público, hasta que fuera contratado nuevamente. No obstante, la realidad existente, ante la actual crisis económica de la Gran Recesión es que los empleados de confianza simplemente no se quieren ir del servicio público y no presentan renuncias formales. Inclusive de ser forzados a irse, muchos han instado acciones en los tribunales, en las cuales las sentencias, en muchos casos han ido en contra de los deseos del gobierno.
Así las cosas, es un problema gordo para el gobierno cuando jefes y jefas, que están abiertamente identificados con otro partido político, se quedan en el servicio público. Un ejemplo de esto fue en el caso de las procuradurías de Puerto Rico, donde el gobernador aprobó la Ley 77 del 2013, cambiando el título y los deberes del puesto de procurador de paciente. En ese sentido, el antiguo procurador demandó en el Tribunal y un juez de primera instancia ordenó que fuese restituido a su puesto. Cabe mencionar, que la sentencia aún no es final y firme. No obstante, es claro que va en contra de los deseos del gobierno, lo que dificulta la creación de normas de política pública y también incurre en gastos legales.
En mi opinión, la práctica de reemplazar los jefes de agencias y otros empleados de confianza, por gente capacitada del partido en el poder es una medida sabia, en términos de la implementación de política pública. No se trata de persecución política, más bien sería crear las condiciones óptimas para un mejor gobierno. Entonces pues, el pueblo se queja de que en las agencias del gobierno lo que hay es más de lo mismo, y tienen razón.