Naciones Unidas- La Asamblea General de las Naciones Unidas analiza hoy un reporte sobre la gestión del Consejo de Seguridad, jornada en la que regresa a la palestra el debate en torno a la necesidad de reformar ese órgano.
En la plenaria de los 193 países miembros de la ONU se da continuidad a las sesiones del pasado 7 y 8 de noviembre, cuando China -estado que preside este mes el Consejo- presentó un informe que recoge el trabajo del ente en el último año.
La Asamblea General se centró entonces en el reclamo casi unánime de sus integrantes de transformar al órgano encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales, para hacerlo más democrático, representativo y transparente.
Bloques regionales y multilaterales, así como países a título nacional, demandaron la ampliación del Consejo, la eliminación o limitación del derecho al veto y un mayor vínculo con entidades de la ONU.
Entre las solicitudes estuvo la de incrementar la cantidad de miembros, de los actuales 15 a unos 25 ó 26, aumentando tanto los permanentes como los que tienen asiento fijo, prerrogativa en poder de Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.
Respecto al veto que pueden ejercen las cinco potencias con escaño permanente, abundó en la comunidad internacional el criterio de erradicarlo, por considerarlo un mecanismo propio del pasado.
Sin embargo, ante lo complejo del asunto, optaron por proponer limitaciones en su uso.
"Necesitamos un Consejo de Seguridad con votos y no vetos", señaló la embajadora María Cristina Perceval al exponer la postura de Argentina sobre el tema.
En el caso de los métodos de trabajo del ente, Venezuela y otras naciones reclamaron una mayor transparencia, en aspectos como la manera de sesionar o de aplicar sanciones.
Para empezar, el Consejo debería ser más abierto y dejar atrás la tendencia de reunirse a puertas cerradas o informalmente, instó el representante permanente venezolano, Samuel Moncada.
Una cuestión que quedó en el escenario para la jornada de hoy es la relacionada con la creación por el presidente de la Asamblea General de la ONU, John Ashe, de un Grupo Asesor, encargado de apoyar el impulso a las reformas en el Consejo de Seguridad, aunque sin mandato de negociación o para diseñar proyectos de resolución.
La iniciativa generó aprobaciones y críticas, vinculadas con la gestión, la representatividad y las prerrogativas del grupo formado por Bélgica, Brasil, Liechtenstein, Papua Nueva Guinea, San Marino y Sierra Leona.