Era de esperarse: por un lado, atravesamos una profunda crisis económica en el País, en la cual hemos perdido la capacidad como gobierno, de ser económicamente autosuficiente; por otro lado, ante la incapacidad del gobierno, como pueblo hemos perdido la tolerancia y pasividad de aguantar a ver cuándo esta crisis se resuelve. Vivimos, de forma colectiva e individual, el malestar de los tiempos: ni el gobierno ni el pueblo aguantan más la presión ante la imposibilidad de superar la presente crisis económica, la cual viene afectando al País desde el año 2006.
¿Qué hacer? La crisis en torno al Sistema de Retiro de los Maestros, epitomiza el presente malestar. Dicho esto, la urgencia del gobierno de resolver la situación de insolvencia de dicho fondo, no puede llevarlos a forzar una solución que aún no cuenta con el aval pleno de los distintos gremios de maestros y maestras. Por otro lado, estos gremios, reconociendo que su intolerancia al día de hoy es completa, no pueden ser excusados por su uso de violencia, intimidación y agresiones contra otros funcionarios públicos y por la destrucción de propiedad pública, la cual a fin de cuentas nos pertenece a todos y todas.
Ahora bien, la imagen de una fila de policías listos para embestir, como a su vez la utilización de gas pimienta, tampoco es aceptable. Estas imágenes, las cuales causaron tanto daño a nuestro pueblo en el periodo el 2009 a 2011, no se han olvidado y no se pueden repetir. El gobierno debe tener otro plan de contención que sea distinto a promover imágenes y actos de mayor violencia.
Dicho lo anterior, en El Post Antillano, como diario cibernético caribeño, nos reiteramos que la presente situación tiene una solución distinta: la presión del gobierno se debe a la presión que contra éste ejercen las casas acreditadoras, como a su vez la propia constitución que exige que los bonistas cobren continuamente y antes que nadie en el país. Estos bonistas, que constituyen una forma de préstamo internacional, sobre el cual gobierno de Puerto Rico se endeuda, representa hoy una deuda pública de sobre $70 mil millones de dólares. El problema yace en que hay que honrar continuamente los intereses y otras obligaciones, que socaban la capacidad del gobierno de satisfacer las necesidades de la población.
La situación se complica aún más, debido a la perdida poblacional dramática que ha sufrido el país, por la cual los recaudos generales del gobierno han mermado. Entonces menos población, más incapacidad del estado de resolver sus obligaciones para con todos nosotros.
La presente crisis entre los maestros y maestras y el gobierno, se volverá a repetir mañana con distintos actores. Son los tiempos los que nos han provocado el presente malestar.
La única opción que vemos, a satisfacción de las necesidades de todos y todas los que vivimos en este país, es modificar la Constitución del Estado Libre Asociado. En particular el Artículo 6, sección 8, cláusula que nos obliga a pagarle antes a los bonitas, que invertir en el pueblo.
Al presente gobierno de Puerto Rico como a los anteriores o a los futuros les recordamos un detalle: en los hogares de todos los que moramos en esta isla, cuando la situación económica se aprieta, uno le deja de pagar al banco, con tal que los hijos y la familia puedan comer. Ese razonamiento popular es el mismo que exigimos en este momento de crisis. Que el pueblo mantenga su calidad de vida, antes que los bonitas reciban un pago por su dinero de especulación.
El Post Antillano