Como si fuera poco, en la misma semana que inicia el primer paro de 48 horas bajo la administración del gobernador, Alejandro García Padilla, también se celebrarán las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián. Este es un evento cultural único en Puerto Rico, el cual logra movilizar a cerca del 15% de la población nacional en cuatro días de duración, (sobre 500 mil personas). En otras palabras, si el magisterio de Puerto Rico desea causar que la opinión pública se mueva a su favor, lo único que tiene que hacer es mover la protesta a las Fiestas de la Calle San Sebastián.
El problema no versa de forma sencilla en el lugar donde se mueva la protesta social, sino por el contrario como dicha protesta es administrada por el gobierno. Aquí es donde surge el problema. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, fue nombrada por el gobernador a presidir el Comité de Diálogo del gobierno con el magisterio. Así las cosas, la semana pasada a unos días de su nombramiento, la alcaldesa anunció las medidas de seguridad que habría de establecer para las fiestas que también, como principal funcionaria pública electa del municipio de San Juan, preside. Entonces, las medidas de seguridad asumidas, definen establecer un perímetro de exclusión para las fiestas, con 10 puntos de entrada, donde policías del gobierno municipal y estatal, estarán interviniendo con la población, y decidiendo, a fin de cuentas, quien entre o no entra.
Nos preguntamos: ¿podrían los maestros llegar al punto de cotejo con pancartas, camisetas, y megáfonos invitando a una protesta tipo carnaval contra el malestar general del país? Es interesante, pues como bien apuntó la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassen en el día de ayer, no existe un protocolo definido para que dicho hombre o mujer policía pueda decidir a quién incluir y a quien excluir.
No sabemos si la protesta social es parte de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Lo que sí sabemos es que si se le prohíbe a los maestros y maestras entrar a protestar dentro del perímetro, se estarían violentando múltiples derechos constitucionales de estos. Ahora bien, que sea la propia alcaldesa de San Juan, la que determine quién entra y quién no puede entrar al perímetro.
Nos preguntamos, ¿es compatible que la alcaldesa Carmen Yulín continúe presidiendo el Comité de Diálogo del Magisterio mientras dirige la administración de las fiestas de San Sebastián e introduce medidas de control y seguridad que limitan derechos constitucionales? Que cada cual decida.