Mientras que los miembros del campamento ideológico en pro de la independencia y la soberanía de Puerto Rico, partieron en días recientes hacia Venezuela y luego para Cuba, el gobierno de Puerto Rico liderado por el oficialista Partido Popular Democrático (PPD), ha iniciado una serie de gestiones que todo indica que en ciertos renglones aspiran a algún tipo de soberanía económica. En esta medida, desde distintos ángulos y prácticas políticas, el gobierno de la Isla como a su vez miembros de distintas formaciones políticas del nacionalismo y la izquierda, están coincidiendo.
A principios del mes de enero, y según reseñamos en este periódico, el Banco Gubernamental de Fomento adoptó ciertas medidas bastante interesantes para maximizar el uso de los fondos públicos. En principio logró que para el 30 de junio de 2014, que todas las cuentas operacionales de las agencias del gobierno, cesen de estar en bancos comerciales privados y sean transferidas al banco del gobierno. Esto logra mover la suma de $2,500 millones de dólares, que de forma centralizada pueden ser utilizados de forma más eficiente, logrando adecuados ahorros en los gastos de administración y manejo de dichos fondos.
Desde esa misma perspectiva en el día de hoy por vía de la senadora del partido oficialista Rossana López, se ha iniciado un proceso de vistas públicas en el Senado de Puerto Rico para determinar si es necesario o no pedirle al gobierno de Washington, que elimine las llamadas leyes de Cabotaje. Este conjunto de legislaciones tiene su punto de origen en la primera ley constitucional entre Puerto Rico y los EE.UU., la llamada Ley Foraker de 1900. A partir de ahí se estableció que Puerto Rico para poder enviar o recibir mercancías provenientes de los EE.UU. tiene que hacerlo en barcos de la flota de los EE.UU. Esto aumenta vertiginosamente los costos de transporte, por ser la flota mercante más cara del mundo, y le impone un valor muy por encima al precio tradicional de mercado a los productos que se venden en Puerto Rico. En esta medida, los puertorriqueños están expuestos a un mercado de consumo muy costoso.
Dicho lo anterior, la senadora López intenta crear un momento de diálogo, de corte nacionalista y liberal, al cual nadie se le puede oponer, e intenta de esta forma mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Es importante destacar que las leyes de cabotaje se aplican de forma discriminatoria en los EE.UU. Por ejemplo, Hawái y Alaska también son víctimas de dicha legislación. No obstante, las islas vírgenes de los EE.UU, St.Thomas, St. Cruz y St. John, las cuales están al lado oriental de Puerto Rico en el Caribe, no les aplican dichas leyes.
En fin, que mientras un grupo de destacados independentistas y soberanista van primero a Caracas y luego a la Habana en busca de la independencia nacional y de beneficios económicos como la integración a Petrocaribe, el gobierno de Puerto Rico a su estilo también está luchando por alcanzar algún grado de poderes soberanos, aunque sea a nivel económico. Veamos qué pasa.