Durante esta semana, los medios escritos principales de la Isla divulgaron la noticia de que el presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti había develado el Pan de uso de terrenos para Puerto Rico (PUTPR), el eje de lo que será el modelo para el desarrollo socioeconómico sustentable. Las críticas al susodicho plan no faltaron, mayormente en cuanto al tiempo en que se tomó la Junta de Planificación en realizarlo, los recursos que emplearon para el mismo, y otros cuestionamientos sobre los criterios empleados para el borrador. No obstante, en medio de las usuales controversias en la creación de un documento final de esta envergadura; se vislumbra una cambio en la política pública del gobierno, más a tono con los grupos ambientales, la población civil y el sector agrícola; y a la vez alejada de proteger los intereses del desarrolladores, constructoras y de los grandes inversores capitalistas.
A veces es difícil ver los cambios ambientales que han ocurrido en San Juan, habiendo vivido toda una vida en el territorio que llamamos los sanjuaneros, del túnel para acá o sea el más cercano a la costa del Oceano Atlántico. En ese sentido, los cuentos de los viejos surfers siempre llenan de asombro sobre cómo eran las playas de la capital hace 40 años, con abundante vida marítima y poco desarrollo urbanístico. Por otro lado, en la Isla o sea en los pueblos del campo el cambio es más radical y más contemporáneo. En un período de 10 a 20 años muchos municipios has sufrido por un bestial desarrollo que ha transformado campos para la agricultura y bellas costas en mini ciudades repletas de casas y centros comerciales, simétricamente homogéneos. La realidad es que Puerto Rico, con su bestial sobrepoblación, y mala planificación ha sido explotada al máximo por desarrolladores y arquitectos, que aspiran a una isla permeada por cemento.
El problema es que no existían las herramientas, legislación, reglamentación y política pública que de una forma sensata atendiera a un balance entre el desarrollo urbanístico-industrial y el medio ambiente y sus habitantes. Así las cosas, el PUTPR surge por mandato de la Ley 550 del 2004 y no fue hasta la semana pasada que los trabajos fueron concluidos en su fase preliminar de borrador para un mapa que clasificará los suelos de toda la Isla. Cabe mencionar, que la pronta implementación del PURPR, ayudará a proteger zonas que están en la mirilla de empresarios capitalistas que buscan desarrollar centros comerciales, urbanizaciones y otros desarrollos en zonas que nos aptas para ello. Los palanes son que para junio de este año esté aprobado el Plan. En esete sentido el tiempo es oro en la batalla por proteger nuestro medio ambiente.
El PURPR trae un cambio radical en cuanto a la disponibilidad de terrenos para el desarrollo industrial y/o urbanísitico. A modo de ejemplo, actualmente en le Isla solo el 7% de los terrenos están clasificados como protegidos, con la aprobación final del PUTPR esto cambiaría a un 33%, resultando en un incremento sustancial en las tierras protegidas.
La actual política pública ambiental se perfila como un cambio al disparate de la Vía Verde, que fue propuesta bajo la administración pasada del gobernador del PNP, Luis Fortuño. Que en realidad lo que proponía era una vía de destrucción ecológica, que cortaría la Isla en dos el medio, con el pretexto de crear un gasoducto que hubiese tenido unos efectos nefastos para el medio ambiente. Hemos visto como el actual gobernador Alejandro García, que viene del campo, ha tenido iniciativas de Casa Pueblo, el Fideicomiso de conservación y otros grupos dirigidos a la preservación del medio ambiente y creemos que son pasos en la dirección correcta aunque aún falta mucho por hacer.