En el día de hoy se anunciado que la carretera PR 22, el expreso José de Diego que conecta de San Juan hasta Hatillo, ha sido finalmente privatizada su administración plena. El 51% de las acciones del cuerpo rector de dicha autopista, le pertenece hoy al grupo Abertis, de origen español. La pregunta ante un país que han ido privatizando el uso y disfrute de algunos de sus bienes comunes, como el aeropuerto y ahora la principal arteria del país, la PR 22, ¿no deberían estos bienes estar en manos del gobierno o una corporación pública que los administre?
Se trata de un eterno dilema, el cual no encuentra fácil solución: ¿Quién debe administrar los bienes públicos? En el caso de Puerto Rico, el capital y los sectores corporativos nos han enseñado en los pasados 30 años que son ellos y no el estado los mejores administradores del país. Para muestras, muchos botones. Desde el 1997, la compañía de teléfonos nacional fue privatizada. Hoy tenemos a sobre seis compañías proveyendo telefonía móvil, fija, internet, y cable de tv. ¿Estamos mejores? No podemos decir. Lo que sí tenemos es más oferta, pero las filas interminables para recibir un servicio no han disminuido, y la calidad del servicio no mejoró.
La educación pública del país sigue siendo gratuita. Nadie apuesta ella, ni los propios gobernantes que no llevan a sus hijos a dichas escuelas. No obstante, siete de las primera 10 notas de los estudiantes que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico, provienen de dichas escuelas públicas. ¿Entonces, debemos seguir enfatizando en la educación privada?
Hay un mito alrededor del discurso que lo público debe ser controlado y administrado por lo privado. Es solo un mito. Pensemos que podemos organizar al país desde otras miradas no corporativas, no capitalistas, y que el gobierno junto a sectores comunitarios, cooperativos, corporaciones propiedades de trabajadores y otros, pueden también organizarse y ser eficiente. Esto incluye las carreteras del país, las cuales siempre deberían ser nuestras y para nuestro beneficio.