Si usted va a su banco local, solicita un préstamo y le piden que cumpla con unos papeles, con un análisis de su historial de crédito, y que presente unas garantías de repago, y luego de usted haber cumplido con todo lo requerido, aun así el banco, de forma caprichosa, le deniega el prestamos, ¿tendría usted una acción legal contra el banco? La banca está en la oferta de prestar, de no hacerlo hay que examinar caso a caso, el por qué no se prestó. No obstante, si la banca opera de forma caprichosa, usted como consumidor tiene un derecho, básico, a objetar lo sucedió.
Hay algo de esto en la conversación de las casas acreditadoras del crédito del gobierno de Puerto Rico. ¿Quién paga por el servicio que ellas dan? Pues debo decirle, que se trata de un servicio privado de evaluación de la capacidad de repago del que emite ofertas de bono, lo cual de ordinario se trata gobiernos nacionales, de estados o provincias o municipales. Quien paga no son los gobiernos, sino los inversionistas privados que piden una opinión antes de invertir. Por lo tanto, pagan los privados, y se emite una opinión sobre la vida y gloria de las entidades públicas. En otras palabras, si los gobiernos no cumplen abriendo sus libros a las casas acreditadoras privadas difícilmente conseguirán que su emisión de bonos, es decir solicitud de deuda pública, podrán contar con el aval necesario para que los inversionistas privados intervengan. ¿No constituye esto un conflicto de interés? Tendríamos que examinarlo.
Por otro lado, Moody´s, Standard and Poor´s y Fitch, constituyen un triunvirato de las tres casa más importantes reconocidas por la Comisión de Intercambio de Inversiones (Security Exchange Commission) del gobierno de los EE.UU. Pero, cuando actúan concertadamente, en una semana respondiendo al unísono que un gobierno no sirve, ¿no estarán actuando en contravención de las leyes antimonopolísticas de los EE.UU.?
Pues bien, creo que el gobierno de Puerto Rico debería comenzar a explorar, si como el gobierno de los EE.UU. o el de Argentina, no debe iniciar acciones legales contra estas casas acreditadoras, las cuales no tienen ninguna relación contractual con el gobierno de Puerto Rico pero si tienen injerencia en intervenir sobre el destino financiero del país. ¿Y si, hablando de forma especulativa, inversionistas inescrupulosos están apostando a la quiebra del gobierno de Puerto Rico y financian los informes de estas casas acreditadoras, sería esto ilegal o suficiente para entablar un pleito contra ellas? O, ¿recibir tres informes negativos en la misma semana, no constituye un acto concertado y de conspiración, penado por las leyes anti-monopolísticas de los EE.UU.?
Ya sé, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve ir a la oficina del fiscal federal de los EE.UU. en Puerto Rico a radicarle una querella criminal a Moody´s, Standard and Poor´s y Fitch? A ver, ¿quién dice yo?