Nos encontramos solos y asediados por el Gran Trio (big three) de las casas acreditadoras, Moody's, Standard and Poor´s y Fitch, las cuales en un plazo de siete días nos convirtieron en un territorio-colonial insolvente económicamente, y nos degradaron a la categoría, en el ámbito del crédito del gobierno, de especulativo o mejor conocido como chatarra. Es una situación dura, la cual no tiene precedente en la historia del país, a pesar de que varios gobernantes venían anunciado ya hace una década que este momento habría de llegar.
Entonces, nos preguntamos, y lo hemos comentado en las pasadas columnas de cómo podemos salir de la presente crisis. En otras palabras, de cómo el gobierno de Puerto Rico puede implementar un modelo de desarrollo sostenible; y por otro lado, como en la presente coyuntura logramos garantizar nuestras obligaciones económicas, por lo pronto las internas. En otras palabras, que bajo ninguna circunstancia el pueblo puertorriqueño sufra los embates de la presente crisis fiscal y económica. ¿Será posible?
En el día de ayer planteamos que una forma de atajar la crisis lo es tomar acción legal contra las tres casas acreditadoras que nos han degradado a crédito especulativo. Por otro lado, y a tenor con lo que han ido planteado varias agrupaciones políticas de izquierdas, el gobierno debería renegociar con sus acreedores el pago de su deuda. Curiosamente, esta media ha sido implementada por el gobierno, sobre todo con los acreedores de origen puertorriqueño, donde han negociado el no pago de las cláusulas de vencimiento que se hacen efectivas una vez degradan el crédito del país a especulativo. Ahora bien, ¿podría hacer más el gobierno?
Me parece, y a tenor con lo planteado por el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido del Pueblo Trabajador, el gobierno podría también de forma unilateral poner en suspenso, la llamada moratoria, el pago de los intereses de los acreedores. En otras palabras el llamado “servir la deuda” en este momento de crisis, se podría poner en suspenso y no pagarse. Lo que de facto se haría es reconocer la deuda (principal e intereses) lo cual es la obligación constitucional (Constitución del ELA, Art. VI, sección 8), aunque se pondría en suspenso por un término razonable de 12 a 24 meses la obligación del año en curso. Esto podría ser examinado por el Tribunal Supremo, una vez la legislatura apruebe ley que autorice, pero el efecto no es desfalcar a ningún inversionista ni violentar la constitución. Simplemente diferir por un término razonable el pago de la deuda.