En días recientes y ante la crisis económica por la cual atraviesa el País, nos enfrentamos a múltiples ideas y respuestas de diversos sectores sociales, incluyendo la prensa corporativa, para atacar o apoyar las relaciones laborales que se dan dentro de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Esta agencia, fundada a fines de la década de 1950, es parte del estado social que se establece en Puerto Rico a partir de la constitución de 1952, donde se vio al estado como gestor de la economía.
Ahora bien, la AMA provee un servicio diario para 41 mil personas. Es el sistema público que más personas moviliza diariamente en Puerto Rico, por encima del Tren Urbano, los servicios de Trolis públicos/municipales, y por encima de servicios especializados que ofrece el gobierno. Cumple, como lo ha hecho a lo largo de sobre 50 años, una función social.
No obstante en el día de ayer y hoy, producto de una disputa laboral, los choferes de los autobuses, 141 al servicio diario de los cuales solo 100 tiene buses funcionando, no se encuentran trabajando. La crisis responde a un asunto no resuelto, de imponer un nuevo horario/rutas más eficientes, por parte del patrono, que los empleados unionados no quieren acatar. Eso es un asunto laboral clásico, que amerita las partes sentarse a dilucidar diferencias.
Ahora bien, en medio de la crisis resulta que nos enteramos que el director de la junta de directores de la AMA, Alberto Figueroa, había recibido un aumento salarial de $2,400 USD mensual. Este aumento, en el día de hoy, y “para dar el ejemplo”, el presidente ha solicitado que se le vuelva a rebajar su sueldo. Pero en el proceso, el presidente ataca a los unionados de la AMA y alega que tienen beneficios excesivos.
Es curioso, pero el convenio colectivo de la AMA representa un responsabilidad pública de $43 millones al año. De otra parte, la AMA supuestamente solo genera $4.1 millones anuales. Es decir, los unionados hacen muy costoso el servicio. La pregunta básica es: ¿Son responsables los obreros unionados, o el propósito público determina el costo del servicio? Desde nuestra perspectiva, es importante destacar que el valor a defender en esta conversión es el fin público de la AMA. Ni es cara ni es barata, simplemente lo que hay que garantizar es el hecho de que el servicio se le ofrezca a cerca de 1.2 millones de personas mensualmente. Es decir, cerca del 40% de la población utiliza este servicio.
El mismo puede ser subsidiado por el gobierno, para mantener bajo su costo de servicio, con tal que un número significativo de la población lo utilice. De eso trata el fin público de los servicios del gobierno. Esto no es un proyecto neoliberal ni se apoya la privatización del servicio. Lo que se apoya es que el servicio mejore.