En el día de ayer, el gobierno de Puerto Rico tuvo un encuentro con sus bonistas, es decir los acreedores, residentes en los EE.UU. Dicho encuentro sehizoo mediante conferencia telefónica, entre representantes del gobierno encabezados por el presidente interino del Banco Gubernamental de Fomento, José Pagán, y los representantes de los bonistas. Vía dicha comunicación telefónica, el gobierno pudo expresarle a sus acreedores, que habrá de cumplir con sus obligaciones crediticias. Pero de igual manera, estos realizaron una serie de exigencias antes de apoyar, es decir, comprar la nueva deuda que el gobierno pretende emitir en el mes de marzo del corriente.
Entre otras demandas, los bonistas exigieron que el gobierno siguiera recortando su deuda como gobierno central. El gobierno ha garantizado cumplir con esta exigencia, mediante el cierre de dependencias públicas, de 200 escuelas, y la congelación de plazas de empleo en el servicio público. Esto se traducirá, inevitablemente, en la privatización de servicios, y en la pérdida de derechos soberanos. ¿Por qué? La principal función del gobierno de Puerto Rico, es velar por el bienestar de su población. No obstante, por virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo VI, sección 8, la obligación del gobierno es pagar primero a sus acreedores, y luego cumplir con sus responsabilidades sociales para con el pueblo.
Este cuadro es el que nos impone reunirnos con los bonistas y explicarle cómo se garantiza la obligación del estado para/con ellos. El ejercicio de ayer, resultó ser de provecho para los bonistas, pero no necesariamente para el estado, quien es el cuerpo político responsable de las deudas de país. En otras palabras, el gobierno se comprometió a seguir garantizando el pago a los bonistas a expensas de reducir la calidad de vida de la población, mediante el corte de los servicios gubernamentales.
Para los que aún quedamos en Puerto Rico, garantizarles el pago a los bonistas es un asunto de obligación legal y moral. No obstante, lo que no estamos dispuestos es a cumplir dicha garantía mediante la desmantelación del país y los servicios gubernamentales. Exijamos una restructuración de la deuda soberana, de forma tal que se cumplan con las obligaciones tanto para los bonistas como para con el pueblo. Privilegiar a los bonistas, puede redundar en el fomento de una sociedad injusta y desigual.