El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el máximo foro donde se dilucidan las controversias jurídicas en la isla, emitió una decisión, que trastoca los planes de austeridad del gobierno de Puerto Rico. En una decisión de cinco jueces a favor, tres en contra y uno inhibido, la corte suprema de Puerto Rico determinó que la Ley 160 de 2013, que reformaba el sistema de retiro de los maestros y maestras, era inconstitucional, en ciertas disposiciones, puesto que la misma atentaba en contra de los derechos adquiridos por los maestros retirados y activos.
La decisión tuvo el efecto de producir reacciones muy fuertes de parte de los líderes legislativos del país, Eduardo Bathia y Jaime Perelló, respectivamente presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. El gobernador, Alejandro García Padilla, aún ha mantenido silencio, aunque dio unas escuetas reacciones en una conferencia de prensa improvisada durante el fin de semana.
La decisión es compleja por distintas razones. Por un lado, detiene el efecto de la ley 160, al indicar que contra ciertos derechos adquiridos, como por ejemplo el valor de la pensión adquirida, no se puede atentar. Si un maestro ha cotizado y tiene expectativas de recibir $2,200 USD mensuales al momento de su retiro, no puede esperar hoy que de forma unilateral el gobierno se la modifique a $1,675 USD mensuales. No obstante, en otros apartados, la legislación se sostuvo. La eliminación de bonos extras de verano, los pagos compensatorios a medicinas, entre otros, se sostuvieron y se declararon constitucionales.
Lo que sí es interesante de esta decisión, es el elemento político de la misma. La decisión la tomaron los jueces que responden al Partido Nuevo Progresista, el cual se ha distinguido por no defender los derechos de los trabajadores. De otra parte, la decisión contradice las urgencias del gobierno de limitar sus gastos. No obstante, la decisión sí reconoce que los derechos adquiridos no se pueden trastocar, lo cual es consistente con otras decisiones de este tribunal.
Ahora bien, el gobierno había promovido en enero un grupo de trabajo llamado Comisión de Diálogo y Negociación, entre éste y los distintos gremios de maestros y maestras. Dicha comisión rindió informe, y nada pasó. Posiblemente la presente coyuntura sea la perfecta para implementar lo recomendado allí, y que tanto gobierno como maestros y maestras, salgan de esta coyuntura por la puerta ancha.