En la madrugada de ayer, la agencia de seguridad del gobierno federal (FBI, por sus siglas en inglés) intervino en la residencia del juez del Tribunal de Primera Instancia-Superior, Manuel Acevedo Hernández, en Aguadilla. La razón de la intervención aún no está del todo clara, pero se aduce que dicho juez en contubernio con un contable acusado de delitos, participaron en esquemas de fabricación y destrución de pruebas, en beneficio del propio contable y de un fiscal hoy destituido.
La verdad de la intervención aún no se conoce. Lo que si se conoce es que hubo un allanamiento, en el cual también participó la policía de Puerto Rico, y en el cual se incautaron las armas autorizadas a las cual tenía derecho el juez Acevedo Hernández. Lo otro que también sabemos, es que dada la situación delicada, la juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, suspendió de su trabajo y responsabilidades administrativas al juez bajo investigación.
Hace cerca de un año, el entonces entrante jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, anunció que habría de establecer una división para investigar corrupción en la judicatura. La reacción de muchos letrados en la isla, como a su vez la del propio tribunal, fue de sorpresa. No obstante, todo indica que la intervención ayer en el hogar del juez Acevedo Hernández corresponde a esta iniciativa de los federales. ¿Son corruptos o no los miembros de la judicatura en la isla?, lo tendremos que ver caso a caso. No obstante, si dicha rama está plagada de ilegalidades, realmente hablando el único que habrá de sufrir es el pueblo y el ordenamiento constitucional.
Sorprende, no obstante, ante esta nueva intervención del gobierno federal en la ingerencia de la vida diaria en Puerto Rico, el silencio de otras instituciones al servicio del pueblo, como lo es el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Su silencio ha sido total, lo cual nos lleva a pensar que no existe un actor social que intervenga de forma crítica y le de otra mirada al rol del FBI en la rama judicial en Puerto Rico.
Es un momento bochornoso, sin lugar a dudas, pero también crítico. La falta de una mirada seria y objetiva desde la sociedad civil, nos plantea la urgencia de examinar de forma sesuda lo que las autoridades federales están haciendo.