(San Juan, 1:00 p.m.) Hoy vamos a marchar, todas y todos contra el privatizador del servicio de energía eléctrica, llamado Luma Energy. Lo hacemos el mismo día que el Tribunal Supremo nos informa que no va a resolver la controversia sobre quien debe presidir la Comisión Estatal de Elecciones.  Es decir, que entre protestas del pueblo, el Tribunal Supremo decide algo hoy que curiosamente tiene el efecto de debilitar al partido en el poder, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El país está caldeado. La luz eléctrica continúa yéndose, y nadie sabe que decir, ni qué hacer.  Por lo tanto marchar hoy contra la privatización del servicio de distribución eléctrico, es lo mejor que podemos hacer.  Pero la marcha, como han dicho tantos, es un reparo para un proyecto de país a vivir y a seguir.  No es cualquier cosa, sino es un proyecto de país.

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(San Juan, 12:00 p.m.) El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, estableció que “es totalmente incorrecto decir que no se contará con el suministro de energía para el periodo navideño a consecuencia de que las unidades de EcoEléctrica y AES estén fuera por mantenimiento”.

Explicó que EcoEléctrica tiene un mantenimiento programado para noviembre 2021, mientras AES tiene un mantenimiento programado para enero 2022.

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(San Juan, 1:00 p.m.) El sospechoso de perpetrar la séptima masacre registrada este año en Puerto Rico es un menor de edad, a quien el Departamento de Justicia le sometió hoy tres cargos de asesinato en primer grado, tres cargos por disparar en un sitio público y una docena de violaciones a la Ley de Armas.

La jueza Annette Santiago Díaz, del Tribunal de Primera Instancia en Fajardo, encontró causa para arresto en todos los cargos imputados por el Ministerio Público, representado por el fiscal Félix Sánchez Pizarro.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La portavoz de la organización Educamos, Eva Ayala Reyes, criticó hoy la “laxitud” de Justicia en el caso de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien hoy llegó a un acuerdo con la fiscalía federal y aceptó la alegación de culpabilidad por conspiración para cometer fraude.

La acusada se expone ahora a seis meses de cárcel, un año de libertad supervisada y una multa de 21,000 dólares.

Al respecto, Ayala Reyes dijo que “lo que no dice el acuerdo es quién paga por el daño y sufrimiento causado a cientos de miles de personas, comunidades, magisterio y familiares por las acciones de la hoy convicta. Bajo su administración se cerraron sobre 300 escuelas, se declararon miles de maestras y maestros como sobrantes, se desmanteló prácticamente el Departamento de Educación”.

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(San Juan, 12:00 p.m.) Como parte del proceso de desmantelamiento del país, calificó hoy el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley 7 de Retiro Digno por no cumplir con el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) pública de Puerto Rico.

“Nos desmantelan el país, abusan de los más vulnerables y nos recolonizan para tratarnos como peones de finca”, resumió el dirigente del PIP ante la determinación de la jueza de quiebra, dirigida a recortar las pensiones de los jubilados gubernamentales.

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(San Juan, 12:00 p.m.) Funcionarios de Hacienda y Salud, así como agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Yauco, realizaron inspecciones en la zona que concluyeron con miles de dólares en multas por no respetar protocolos contra el Covid-19 y con ocupación de drogas y armas.

En Yauco, fueron inspeccionados dos establecimientos: Deportivo Sport Bar, ubicado en la carretera PR-128, Km. 3.9, donde Salud y Hacienda expidieron multas por 4,500 dólares, relacionadas a letreros alusivos a las medidas a seguir sobre el Covid-19 y, además, por ventas de bebidas al detalle.

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(San Juan, 11:00 a.m.) La legisladora municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Ada Ramona Miranda Alvarado, denunció el relleno de algunos lugares de la costa, como en la comunidad de Villa Verde del barrio Playa.

Miranda Alvarado comentó que residentes de la comunidad trajeron ante su atención el problema del relleno.

“Residentes de la Playa, y del área de la comunidad Villa Verde, trajeron ante mi atención el asunto de propiedades establecidas en la costa que, utilizando maquinaria pesada, rellenaron dentro del mar.  En una de las residencias se depositaron bloques usados y otros rellenos”, expresó.

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(Portland, 12:00 p.m.)  El linchamiento de George Floyd, el hombre afroamericano estrangulado por el policía blanco Derek Chauvin en Minnesota el 25 de mayo de 2020, hizo estallar nuestras frustraciones en la lucha por la justicia racial de forma inédita. Por varias semanas, asumiendo los riesgos corporales, nos unimos y nos interpusimos a la guerra global contra los cuerpos negros. Se dieron muchas conversaciones estimulantes. Por un instante parecía como si finalmente hubiese llegado el cambio sísmico esperado. Pero al volver a nuestros afanes de costumbre, a la complacencia, al cruce de brazos y ese hablar sin escucharnos, la disparidad racial, la ignorancia y el olvido siguen atrincherándose.

Aprovecho esta oportunidad para retomar el tema del racismo a raíz de la tragedia de George Floyd, una en un millar de casos de muertes por odio racial, pero también a raíz de varias inquietudes, ideas y reflexiones que tienen mucho que ver con el vínculo entre lo lingüístico, lo racial y la identidad y sus implicaciones en la política y gestión pedagógica. Debo dejar claro desde el principio que mis inquietudes en relación al racismo y otros tipos de chovinismo no son tan solo teóricas. Soy afrodescendiente de origen dominicano, persona bilingüe, hijo de migrantes y criado en Nueva York. En varias ocasiones, la integridad de mi pellejo ha dependido de mi aguda conciencia de que el racismo se sufre en carne y hueso y también de nunca dejar de ser consciente de mi entorno.

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