(San Juan, 9:00 a.m.) Luego de los pasados desastres naturales y la pandemia por el virus SARS-CoV-2 la isla ha perdido cerca de 70,400 empleos. Esto supone un peso económico sustancial. A raíz de esta presión el gobierno les ofrece a inversionistas del extrangero, con la ley 22, medios para florecer económicamente en Puerto Rico. Esto, si aportan a la economía local. 

Extrañamente, los comercios locales no son incentivados de este modo. Apenas reciben incentivo alguno por el evidente aporte que le ofrecen a la economía del país. Durante la pandemia, el ingenio puertorriqueno no se quedó atrás y surgieron empresas como Planeta Ambrosia de comida vegana. Empresa de la joven empresaria egresada de la UPRH, Natalie Orta. 

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(San Juan, 11:00 a.m.) La secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, informó hoy que 115 escuelas del país están listas para certificarse por Salud y comenzar las clases el 10 de marzo.

Aponte Santos, en una conferencia de prensa en la escuela Inés María Mendoza de Caimito, indicó que las 115 escuelas están listas para certificarse según el protocolo de Salud.

Además, advirtió que la lista puede variar, debido a que el reporte de Salud del Covid-19 es “dinámico y cambiante”.

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(San Juan, 11:00 a.m.) El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció la aprobación en la Cámara de Representantes de una resolución de su autoría (198) para investigar la relación de la cantidad de empleados públicos actuales y plazas vacantes, disponibles o congeladas.

“A raíz de los despidos bajo la Ley 7 de 2009 y las llamadas ventanas de retiro, se redujo drásticamente la cantidad de empleados públicos en el Gobierno. Ello redujo enormemente la capacidad del Gobierno en la prestación de servicios lo que ha impactado adversamente a la ciudadanía y ha puesto en peligro, también, el relevo generacional entre las agencias”, expresó Márquez Lebrón.

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(San Juan: 12:00 p.m.) En el día de ayer domingo 21 de febrero de este año inauguró en Telemundo el programa informativo “Queremos informarte CDBG-DR” sintonizable a través esta red televisiva, WIPR y Youtube. En este se detallan o se pretende detallar cada singular aspecto relacionado con los fondos federales dispuestos para la reconstrucción de las viviendas puertorriqueñas -en primer lugar- e infraestructura pública. Estos fondos, después de todo provienen del departamento federal Department of Housing and Urban Development o HUD por sus siglas en inglés. Para nada es con la intención o la meta del desarrollo económico -aunque el reconstruir las viviendas si ayuda- no te dejes decir que se usaron  fondos en algo que no sea primero las reconstrucción de las viviendas de los miles de puertorriqueños que se han quedado sin tales desde el huracán María hasta el presente post-sismos.

La pregunta inteligente es: ¿por qué después de tanto? ¿Acaso no se supone que esta acción es inmediata?

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(San Juan, 1:00 p.m.) El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, propuso al gobierno que contemple, para detener “el corredor de paritorios de haitianas hacia la República Dominicana”, establecer tarifas de cobros por los alumbramientos de extranjeros en los hospitales nacionales.

Gómez Ramírez asegura que esa regulación desincentivará la masiva presencia de estas parturientas en el territorio local “y aliviará la pesada carga económica que representa para nuestro presupuesto de salud”.

Se refirió al tema al comentar la primera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, el pasado 27 de febrero, que lo consideró como positivo y esperanzador, desde el punto de vista de los intereses nacionales, porque a su juicio “apoyó en el ejemplo del padre de la patria Juan Pablo Duarte”.

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(San Juan, 12:00 p.m.) Si algo aprendimos del Chat de Telegram bajo el pasado incumbente, Ricardo Rosselló, es que dentro del discurso neoliberal y el proyecto de una facción de clase de convertir a Puerto Rico en un estado, “se vale to´” como nos recuerda René Pérez, Calle 13.  Por lo tanto, vivimos hoy un momento, en el cual, con el 33 por ciento del electorado a su favor, Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista (PNP) han desarrollado una estrategia que se puede reducir a “estamos bien, con muchos fondos federales”, para pensar en Benito Martínez, Bad Bunny.

En este sentido, es patético que nadie en la prensa seria y organizada del país, sea de derecha o de izquierda, y sea corporativa o alternativa, se ha interesado en comentar que Alexandra Malagón tiene un programa de televisión los domingos en la noche, para hablar de los fondos CDBG-DR, es decir de los donativos del gobierno federal a Puerto Rico.  Es terrible, pero el gobierno de Pierluisi quiere desarrollar una campaña de convencer a la gente que la estadidad equivale a mucho dinero, y como antesala nos impulsa ahora primera vez en la historia reciente del país, a analizar la transferencia de fondos federales a la isla.

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(San Juan, 1:00 p.m.) Alexandra Lúgaro ha vuelto a ser noticia. En realidad nunca ha dejado de serlo. Hoy, nos notifica, que ella va a dirigir el nuevo centro de innovación estratégica de la Fundación para Puerto Rico. Perdón, del Puerto Rico Foundation.  Este es un centro de pensamiento centro conservador, asociado a un antiguo empresario de farmacéuticas, llamado John Bolshow. 

Pero también asociado a tantas cosas vinculadas el PNP, toda vez que la susodicha fundación opera en el primer y subnivel de Ciudadela, en Santurce, y allí coincidían entre otras personas, Caridad Pierluisi, Edwin Miranda y otros en COI, como también Jaqueline Pierluisi, la hija del actual gobernador, como asesora legal residente, de la fundación.  En otras palabras, Ciudadela o la fundación, que cada cual decida, es un antro del Partido Nuevo Progresista.

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Los acreedores de Wall Street de la deuda pública de Puerto Rico están poniendo los ojos en los bienes raíces de las agencias deudoras del gobierno.

Eso es lo que refleja una una moción de Ambac Financial Group en el tribunal federal, una aseguradora de bonos municipales, solicitando autoridad legal para exigirle los documentos necesarios para identificar las propiedades inmuebles de seis agencias gubernamentales.

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