Recientemente, Puerto Rico ha estado viviendo un intenso tour de casos y comparecencias trascendentales ante el Tribunal Supremo, el Tribunal del Primer Circuito de Apelación de Boston y la audiencia otorgada por la CIDH de la OEA a una delegación puertorriqueña y todas han sido oportunidades para examinar el estado de los derechos humanos en la Isla.
El Post Juridico
Hacia la Federalización de la Deuda Pública: Una nueva Moral y Teoría Jurídica para Exonerar a la Nación Puertorriqueña de la Deuda Publica
Leyes de cabotaje: un bloqueo a la inversa
La Ley Jones de 1917 aún aplica en Puerto Rico. La Ley Pública 600 solo la reordenó y rebautizó con el pomposo nombre de Ley de Relaciones Federales. Esta es la ley que guarda el germen de las leyes de cabotaje federales, esas que aún nos siguen imponiendo un transporte marítimo oneroso sobre más del 90 por ciento de toda la mercancía y bienes que se consumen en la Isla.
Las nuevas APP de “menor escala”
Flexibilizar, agilizar y crear: tres objetivos que busca la repotenciada Ley de las Alianzas Público Privadas (APP) (Ley Núm. 29 de 2009, 27 L.P.R.A. § 2601- § 2623) para aumentar su cartera de proyectos a través de propuestas de “menor escala” que se implanten más rápido y creen más empleo. La ley ahora contempla esta categoría para proyectos de servicios o infraestructura que no superen los USD $55 millones en costo de construcción.
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4/20: La ilegalidad como excusa
La legalidad o no de las sustancias controladas o drogas no se funda en una valoración moral susceptible a un escrutinio racional. Por lo general, el control del Estado es solo una extensión del interés de los grupos tradicionales de poder: la iglesia, las corporaciones y el patriarcado, o, en el caso de Puerto Rico, otro estado. Este es el caso de las drogas ilícitas y de la marihuana en particular.